Bogotá --- El 3 de mayo de 2001 el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluyó el nombre del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño en su lista anual de los diez peores enemigos de la prensa. Seis semanas después, un reportero del diario parisino Le Monde logró dar con Castaño en una localidad del norte de Colombia y le preguntó cómo se sentía acerca de la distinción.

«Quisiera asegurarle que siempre he respetado la libertad y la subjetividad de la prensa», declaró el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar derechista de Colombia. «Pero nunca he aceptado que el periodismo se convierta en un arma al servicio de alguno de los protagonistas del conflicto. A lo largo de su existencia, las AUC han ejecutado a dos periodistas locales que en realidad eran guerrilleros». Castaño ya no recordaba sus nombres.

De hecho, desde 1999 a las fuerzas comandadas por Castaño se las ha vinculado con los asesinatos de por lo menos cuatro periodistas, el rapto y la violación de una reportera, y amenazas a muchos otros, según las investigaciones del CPJ. «Incluso con el trasfondo de la escalada en la guerra civil colombiana, en la cual todas las partes han escogido como blanco a los periodistas, Carlos Castaño se distingue como un cruel enemigo de la prensa», apuntó el CPJ en una cita.

Este asesino de periodistas confeso ahora se está acercando a la prensa local en un intento por rehabilitar su imagen en Colombia. Con ese fin, Castaño ha lanzado una campaña de relaciones públicas singularmente colombiana, al parecer basada en tácticas utilizadas por el legendario capo de la droga Pablo Escobar. Al igual que Escobar, la estrategia de Castaño combina una ofensiva para cautivar al público con la franca admisión del uso del terror por parte de las AUC.

Mientras que Escobar atacaba a los periodistas que favorecían su extradición a Estados Unidos para que enfrentara acusaciones de narcotráfico, Castaño ataca a cualquier periodista de quien sospeche que coopera o hasta simpatiza con los rebeldes izquierdistas colombianos. Este año Castaño reconoció haber asesinado a periodistas y haber tratado de poner una bomba en un periódico por supuestamente simpatizar con los comunistas. Además, ha estado implicado en muchos otros ataques a la prensa en años recientes.

En noviembre del 2000, Castaño le otorgó una entrevista exclusiva a Semana, un semanario de Bogotá. Cuando el reportero le preguntó a Castaño si pensaba que merecía ser comparado con el difunto Escobar, Castaño respondió que de ningún modo podían compararlo con un monstruo así y que mientras Escobar había buscado destruir el país, el pretendía salvarlo.

Guerra antigua
Once años después de la caída del Muro de Berlín, la Guerra Fría sigue candente en Colombia. Las fuerzas armadas colombianas, apoyadas por Estados Unidos, han estado luchando contra varias organizaciones guerrilleras marxistas desde hace casi cuarenta años. El ejército con frecuencia colabora con grupos paramilitares privados, entre ellos las AUC, a las que el gobierno ha declarado ilegales. El año pasado Human Rights Watch informó que la mitad de las 18 brigadas del ejército compartían información de inteligencia y otros recursos con grupos paramilitares derechistas, la mayoría de ellos bajo el mando de Castaño.

Desde los años 80, tanto los paramilitares de derecha como las guerrillas de izquierda han venido financiando cada vez más sus actividades con las ganancias provenientes del floreciente tráfico de drogas ilícitas en Colombia.

Carlos Castaño es el máximo líder paramilitar de Colombia así como el principal prófugo del país. En la actualidad se le busca por cometer los delitos de asesinato múltiple, secuestro y tráfico de armas, los que se remontan a 1988. También es «un importante traficante de drogas», según la dirección antidrogas de los Estados Unidos (DEA). El pasado mes de abril, la embajadora estadounidense ante Colombia, Anne W. Patterson, declaró al periódico bogotano El Espectador que si Castaño estaba vinculado con el narcotráfico —y, dijo ella, Washington creía que sí lo estaba—, el gobierno estadounidense podría algún día tratar de enjuiciarlo en los Estados Unidos.

Recuerdos de la infancia
En 1981, cuando Carlos Castaño tenía 15 años, su padre fue secuestrado y asesinado por guerrillas izquierdistas. A los 23, se dice que participó en una serie de masacres de trabajadores bananeros en el noroeste de Colombia. Conocido también como «Monoleche» por su tez rubia, se presume que Carlos ha matado al lado de su hermano Fidel, y ambos hermanos formaron parte de la primera organización paramilitar colombiana, Muerte a los Secuestradores (MAS).

De acuerdo con documentos de la DEA, el MAS fue fundado en 1981 por el Cartel de Medellín, dirigido por Escobar. Pero los hermanos Castaño luego tuvieron una disputa con Escobar, y Fidel Castaño se convirtió en jefe de operaciones de un grupo de ataque paramilitar llamado «Los Pepes» (Perseguidos por Pablo Escobar). Luego de la misteriosa desaparición de Fidel en 1994 en el norte de Colombia, Carlos se convirtió en el principal militante anticomunista del país.

Tres años después, Carlos Castaño unificó varios grupos derechistas regionales y formó una organización paramilitar nacional a la cual llamó Autodefensas Unidas de Colombia. En 1997, según admite Castaño, él ordenó la masacre de 49 campesinos en la población rural de Mapiripán, en el oriente de Colombia. Desde entonces, Castaño y sus aliados han cometido alrededor del 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, según Human Rights Watch. El ministerio de Defensa de Colombia ha informado que los paramilitares derechistas perpetraron tres cuartas partes de las masacres del país el año pasado.

El 1 de marzo de 2000, cuando mostró su rostro a los colombianos y a otros por primera vez, Castaño ratificó ante las cámaras que los guerrilleros, ya fuera uniformados o vestidos de civiles, seguían siendo un blanco militar legítimo, y admitió que sabía que esto violaba el derecho humanitario internacional.

El 30 de mayo de este año, Castaño emitió un críptico comunicado por Internet en el que anunciaba su renuncia a la comandancia militar de las clandestinas AUC. Días después, dio a conocer que estaba formando una organización política no violenta, vinculada a las AUC, que buscaría el reconocimiento legal en Colombia (que no le fue otorgado). Y continuó concediendo entrevistas.

Las AUC y la prensa
Los periodistas han figurado de manera destacada entre las víctimas de Castaño. En enero de 1999, por ejemplo, Castaño amenazó repetidas veces al columnista Alfredo Molano Bravo, del periódico bogotano El Espectador, luego que Molano escribió un artículo acerca de los grupos paramilitares anticomunistas y sus lazos con el narcotráfico colombiano.

En junio de 1999, miembros de las AUC amenazaron a Carlos Pulgarín, reportero del mayor diario bogotano, El Tiempo, luego que Pulgarín publicó un artículo acerca de los asesinatos de activistas indígenas a manos de los paramilitares. Pulgarín huyó a Perú, donde al parecer sus movimientos fueron vigilados; posteriormente recibió amenazas telefónicas en Lima.

El 16 de septiembre de 1999, dos asesinos en una motocicleta le dispararon mortalmente a Guzmán Quintero Torres, director del diario norteño El Pilón. Quintero investigaba varios asesinatos vinculados a las AUC, entre ellos el asesinato en 1998 de la periodista de televisión Amparo Leonor Jiménez Pallares, quien fue asesinada luego de informar que fuerzas paramilitares locales habían dado muerte a campesinos.

El 9 de septiembre de 2000, paramilitares de las AUC secuestraron y asesinaron a un líder comunitario rural llamado Carlos José Restrepo Rocha, quien dirigía dos pequeñas publicaciones regionales. Volantes de las AUC aparecieron junto al cuerpo acribillado a balazos de Restrepo Rocha, pero los móviles de este asesinato en particular aún no se han esclarecido. Posteriormente, ese mismo año, miembros de las AUC amenazaron a Eduardo Luque Díaz, del diario La Nación, en su oficina y en su hogar, y le exigieron que revelara el paradero de una familia que había mencionado en un artículo.

El 27 de abril de este año, Flavio Bedoya, corresponsal del semanario del Partido Comunista La Voz en el suroeste de Colombia, fue asesinado. Sus colegas creen que el asesinato está relacionado con una serie de reportajes sumamente críticos que Bedoya había publicado en La Voz desde principios de abril, acerca de actos de colusión entre las fuerzas de seguridad y bandas paramilitares clandestinas de derecha en el sureño departamento de Nariño.

Un mes después de la muerte de Bedoya, las AUC intentaron, sin éxito, colocar una bomba en la sede de La Voz en Bogotá. Castaño se responsabilizó por el incidente pocos días después.

El 30 de octubre de 2000, el director de una radioemisora comunitaria, Juan Camilo Restrepo Guerra, fue convocado a una reunión por paramilitares derechistas que al parecer estaban furiosos por sus agudas críticas a la administración local. El hermano de Restrepo Guerra lo condujo en moto al lugar del encuentro. Los paramilitares le dispararon mortalmente a Restrepo Guerra frente a su hermano, quien desde entonces se niega a testificar y permanece escondido.

Los periodistas que deciden quedarse en Colombia a pesar de la intimidación de Castaño, admiten en privado que se autocensuran para protegerse a sí mismos y a sus familias. Uno de los periodistas amenazados que optó por quedarse, reconoció sin ambages que él se autocensuraba y manifestó que había que dar a conocer las noticias, pero que había algunas cosas que no se podían decir.

«La zanahoria y el garrote»
Aunque periodistas de todas partes de Colombia han sido objeto de amenazas y ataques por atreverse a criticar a las AUC, Castaño también ha utilizado a la prensa para lanzar una ofensiva de relaciones públicas. El otrora inaccesible líder ha ganado visibilidad pública en los medios nacionales e internacionales con una facilidad desconcertante, según un informe de marzo del 2001 preparado por la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia.

«Carlos Castaño, el prófugo líder paramilitar colombiano, desató el revuelo nacional cuando salió de las sombras y accedió a una entrevista personal de noventa minutos, televisada el 1 de marzo [2000]», escribió el entonces embajador estadounidense Curtis W. Kamman en un cable de la embajada estadounidense que fue hecho público recientemente. «Castaño, de 35 años, se presentó como alguien inteligente, articulado, ecuánime y sobre todo, muy carismático».

Aproximadamente uno de cada cinco adultos colombianos vieron por lo menos la mitad del programa, más o menos el mismo porcentaje que apoya a Castaño, según las encuestas de opinión. Desde esa primera aparición televisiva, Castaño se ha puesto libremente a la disposición de reporteros tanto nacionales como extranjeros.

El asesinato de Garzón
Si bien se ha vinculado a Castaño con numerosos ataques a la prensa, en estos momentos sólo enfrenta una acusación penal por atacar a un periodista. La acusación, por cometer homicidio agravado, está relacionada con el asesinato en 1999 del presentador de televisión colombiano Jaime Garzón. De acuerdo con la hoja oficial de cargos, Castaño ordenó el asesinato de Garzón por el papel que desempeñó el periodista en las negociaciones para liberar a rehenes capturados por las guerrillas izquierdistas.

Garzón, de 39 años, era el presentador de un noticiero matutino de la red Caracol y columnista regular del semanario Cambio. Pero Garzón era mejor conocido por su labor como comediante de televisión, en donde empleaba el humor para criticar a todas las facciones del conflicto civil. Se especializó en imitaciones asombrosamente precisas de funcionarios colombianos y otros notables, y era tan popular en toda Colombia que en 1997 el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana Arango apareció en vivo con otros candidatos en su programa televisivo.

Con frecuencia, Garzón utilizaba su talla de radiodifusor respetado para interceder a favor de la liberación de las víctimas de los secuestros guerrilleros. También formó parte de una comisión independiente que mediaba entre el gobierno y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional.

Dos puntos sobresalen del caso Garzón: primero, algunos de los criminales más peligrosos de Colombia trabajan para Carlos Castaño; y, segundo, ni siquiera los periodistas famosos y con buenos contactos están a salvo de él.

El 10 de agosto de 1999, Garzón se enteró de que Castaño planeaba asesinarlo. La noticia le fue dada a conocer por la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien entonces encabezaba la Comisión de Derechos Humanos del Senado. A finales de 1998, los hombres de Castaño habían raptado a Córdoba y luego la habían mantenido secuestrada por nueve meses. Durante ese tiempo, Castaño le hizo saber a Córdoba que Garzón se encontraba en su lista de objetivos, y le leyó pedazos de lo que afirmó eran transcripciones de conversaciones telefónicas privadas de Garzón. Según Castaño, las transcripciones demostraban que Garzón en realidad era un agente de la guerrilla.

Después de que Córdoba fue dejada en libertad en junio de 1999, ella le contó a Garzón que Castaño planeaba eliminarlo. Durante la segunda semana de agosto, Garzón se enteró de que Castaño lo había mandado a matar antes de que terminara la semana. El 10 de agosto, desesperado por ponerse en contacto con Castaño, Garzón visitó la cárcel La Modelo, un centro penitenciario de máxima seguridad en Bogotá, donde varias altas figuras de las AUC están encarceladas.

Según la hoja de cargos, Garzón se reunió con Ángel Custodio Gaitán Mahecha, también conocido como «El Panadero», y con Jhon Jairo Velásquez Vásquez, también conocido como «Popeye». Velásquez había sido fiel seguidor de Escobar a principios de los 90, pero luego otorgó su lealtad a las AUC. Ambos eran miembros del hampa colombiana y disponían de una amplia red de contactos.

Gaitán utilizó su teléfono celular para llamar a Castaño y le pasó el teléfono a Garzón, quien le pidió a Castaño que le perdonara la vida. Castaño llamó a Garzón hijo de puta colaborador de la guerrilla y añadió que era un cobarde que no tenía el valor de encontrarse con él cara a cara. Antes de colgar el teléfono, los dos hombres quedaron en encontrarse el siguiente sábado 14 de agosto.

El 13 de agosto, un sicario que se desplazaba en una motocicleta le disparó de muerte a Garzón en un semáforo ubicado a cuatro cuadras de su oficina. Pocas horas después, el mismo Castaño llamó al programa de radio de Garzón y negó en el aire su responsabilidad en el hecho. Velásquez y Gaitán también alegaron que no habían tenido nada que ver con la muerte de Garzón.

El pistolero que le disparó a Garzón supuestamente pertenecía a una banda de sicarios conocida como La Terraza. En el pasado, La Terraza había perpetrado ataques para el difunto Pablo Escobar. Sin embargo, Castaño admitió que había contratado a La Terraza para llevar a cabo una serie de crímenes en los últimos años, inclusive secuestros. La hoja oficial de cargos del gobierno lo acusa de haber contratado a La Terraza para asesinar a Garzón.

El 3 de agosto del 2000, tres meses después de haber sido acusado formalmente de cometer el asesinato de Garzón, Castaño invitó a siete jefes de La Terraza a una reunion en el norte de Colombia. Las autoridades luego descubrieron los siete cadáveres de ellos cerca de una carretera local. Mientras tanto, Castaño emitió un comunicado en el que decía que las AUC los habían ejecutado por haber manchado la reputación de líderes como él.

Tres meses después, varios jóvenes que afirmaban ser miembros de La Terraza aparecieron en Medellín. Con máscaras puestas, grabaron una entrevista televisiva en la cual dijeron haber cometido numerosos secuestros y asesinatos en nombre de las AUC, incluido el asesinato de Garzón. En la entrevista, además, declararon que Castaño planeaba asesinarlos a ellos y a sus familias con la ayuda de fuerzas de la policía y el ejército locales. Castaño no negó la acusación. En marzo del 2001, él declaró a El Tiempo que sólo uno o dos miembros de la banda seguían con vida.

Guerra contra El Espectador
El 24 de mayo de 2000, un presunto militante de las AUC trató de secuestrar a Ignacio Gómez, un reportero investigativo del periódico El Espectador, en el centro de Bogotá. El hombre, quien no pudo engañar a Gómez para que abordara un «taxi» ese día, coincidía con el retrato hablado de un miembro de las AUC sospechoso de participar en la masacre de 49 campesinos en Mapiripán en 1997.

Gómez había acabado de publicar un artículo que documentaba la colaboración del ejército colombiano con las AUC en la masacre de Mapiripán. Ese mismo día, Gómez encontró un sobre con su nombre escrito con una plantilla en su buzón del trabajo. El sobre contenía una fotocopia de un artículo reciente que Jineth Bedoya, una de sus colegas en El Espectador, había escrito.

Bedoya había informado que los guardias de la cárcel La Modelo les permitían a los reclusos de las AUC tener pistolas en sus celdas incluso luego de enfrentamientos entre ellos y otros reclusos, cuyo saldo fue el de 25 reclusos muertos, 18 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, según un informe que las Naciones Unidas elaboró sobre el incidente.

Bedoya y su jefe de redacción, Jorge Cardona, recibieron sobres idénticos. Una hora y media después, el teléfono de Bedoya sonó. Gaitán, quien llamaba desde su celda en La Modelo, le ofreció a Bedoya la oportunidad de entrevistarlo en la prisión a las 10:00 a.m. del día siguiente. También le prometió a la joven reportera de 25 años de edad que se trataba de una exclusiva y le pidió que fuera sola.

Cardona insistió en acompañar a Bedoya y en llevar a un fotógrafo. Los tres periodistas de El Espectador llegaron a La Modelo poco después de las 10:00 a.m. del 25 de mayo, y los guardias de la prisión les pidieron que esperaran.

El área de espera de los visitantes queda justo después de la entrada de La Modelo, aunque muchos visitantes prefieren esperar en la calle justo en la parte de afuera de la entrada. Cardona y el fotógrafo caminaron hasta un quiosco cercano para comprar unos refrescos, y dejaron a Bedoya parada frente a la entrada de la prisión. Ella se quedó a una distancia en la que pudiera ver o escuchar en caso de que los guardias les dieran permiso para entrar a la cárcel.

Bedoya desapareció durante los pocos minutos que les llevó a sus colegas comprar los refrescos y regresar a la entrada de la prisión. Los guardias de la prisión alegaron que no habían visto nada.

A las 8 p.m., la policía informó que Bedoya había sido ingresada en una clínica de la policía en la ciudad de Villavicencio, a una distancia de tres horas en auto de La Modelo. Un taxista la había encontrado tirada y con las manos atadas en un basurero de las afueras del pueblo. La habían drogado, golpeado brutalmente y atacado sexualmente. Bedoya fue hallada en un estado de shock nervioso, pero con el tiempo se recuperó del ataque y se reincorporó a El Espectador.

Durante el ataque, los hombres le contaron con lujo de detalles acerca de todos los demás periodistas a quienes pensaban matar, entre ellos su colega Gómez. No le explicaron por qué escogieron liberarla. Una semana después, Gómez huyó a los Estados Unidos.

No se han formulado cargos contra ningún sospechoso del ataque a Bedoya. Tanto Gaitán como Velásquez negaron haber estado implicados en el secuestro, al igual que las autoridades de La Modelo.

En una entrevista de junio del 2000 con El Tiempo, Castaño también negó ser responsable de lo sucedido a Bedoya, y aunque reconoció que Gaitán era su subordinado afirmó que éste le había asegurado que no tenía participación alguna en los hechos.

En la noche del 7 de septiembre de 2001, Gaitán fue asesinado en una prisión llamada La Picota, al parecer por guerrilleros izquierdistas reclusos como represalia por la masacre del año anterior en La Modelo.

La búsqueda de Castaño
Desde la muerte de Pablo Escobar, ningún otro colombiano ha aterrorizado a tantos miembros de la prensa colombiana, y eso sin decir lo que ha hecho a la sociedad colombiana en general. La insólita ofensiva de Carlos Castaño contra los periodistas locales tiene lugar mientras el gobierno colombiano recibe una cantidad récord de asistencia estadounidense. El 10 de septiembre, cuando el secretario de Estado Colin Powell estaba a punto de iniciar su visita a Colombia, el departamento de Estado designó oficialmente a las AUC como una organización terrorista.

No obstante, las fuerzas armadas colombianas, apoyadas por Estados Unidos, hasta ahora se han visto impotentes para detener a Castaño y, como consecuencia, él ha disfrutado de total impunidad por sus crímenes. La Fiscalía General ha sido la única entidad del orden público que siquiera ha tratado de perseguir a Castaño. A principios de este año, sus agentes civiles lanzaron una serie de ofensivas contra las AUC, pero se quejaban de trabajar sin el apoyo de los militares o las demás entidades gubernamentales. El jefe de investigaciones de la Fiscalía, Pablo Elías González, declaró a El Tiempo en junio del 2000 que en esta lucha la Fiscalía había estado.

En aquel entonces, las AUC habían acabado de secuestrar a siete integrantes del equipo de González mientras ellos exhumaban el cadáver de una presunta víctima de las AUC en el departamento del Cesar. Los siete investigadores continúan desaparecidos y se presume que fueron asesinados a manos de los hombres de Castaño.

De ninguna manera Carlos Castaño es la única amenaza para la asediada prensa colombiana. Las dos principales organizaciones guerrilleras izquierdistas del país, el ELN y las FARC, han amenazado y secuestrado a docenas de periodistas en los últimos años.

Las FARC secuestraron a siete periodistas en octubre de 1999 y los retuvieron por cinco días. El director de El Tiempo Francisco Santos (quien una vez fue secuestrado por Pablo Escobar) también ha sido amenazado por las FARC y ahora vive en España. Y la corresponsal de televisión de RCN Claudia Gurisatti recibió amenazas de las FARC el año pasado después de que sacó al aire su entrevista con Castaño. Tanto Santos como Gurisatti han marchado al exilio desde entonces.

Se han hallado indicios de que las FARC son responsables del asesinato, ocurrido el 13 de diciembre de 2000, de Alfredo Abad López, director de una radioemisora, según fuentes confiables en Colombia. Abad era el director de La Voz de la Selva, una afiliada de la red nacional de radio Caracol en la sureña ciudad de Florencia. Justo antes de su muerte, Abad había conducido un debate en un programa sobre si el gobierno debía prorrogar la zona de despeje, un territorio del tamaño de Suiza que el gobierno colombiano entregó a las FARC. La mayoría de los radioyentes que llamaron aparentemente se oponían a la prórroga.

También se ha vinculado a las FARC con el asesinato, el 6 de julio pasado, de José Duviel Vásquez Arias, quien asumió el cargo de director de noticias de La Voz de la Selva tras la muerte de Abad. Los últimos programas de Vásquez trataron acerca de un comunicado de las AUC en el que anunciaban cambios en el liderazgo local y prometían abstenerse del secuestro y la extorsión.

El 23 de mayo de 2001, guerrilleros de las FARC detuvieron brevemente a tres empleados del diario El Colombiano, de Medellín, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El corresponsal Gustavo Gallo Machado, el fotógrafo Donaldo de Jesús Zuluaga Velilla y el chofer Ramón Morales fueron detenidos por varias horas y su vehículo sufrió daños. Ese mismo día, informó la FLIP, una facción urbana del ELN repartió un panfleto dirigido a todos los periodistas colombianos, a quienes les advirtieron que evitaran la parcialidad.


—Frank Smyth