BALANCE
REGIONAL: LAS AMÉRICAS
por Marylene Smeets
Teniendo como telón de fondo economías y democracias en
apuros, las Américas presenciaron un incremento en los ataques
violentos y verbales contra los periodistas durante el 2001.
El número de periodistas asesinados en la región ha aumentado,
con un saldo de 11 comunicadores asesinados por realizar su trabajo en
el 2001, en comparación con siete en el 2000 y seis en 1999. Los
actos de violencia también están ocurriendo en más
países de la región. En particular, en Costa Rica —nación
considerada desde hace mucho como una de las más libres y democráticas
de Latinoamérica— el asesinato de Parmenio Medina Pérez
fue el primer asesinato que el CPJ haya documentado en la historia reciente
de ese país.
El asesinato de Medina resultó ser una anomalía también
en otro aspecto: Medina, productor y presentador de un programa radial
de la capital costarricense, San José, y quien se caracterizaba
por su estilo franco y directo, fue el único periodista latinoamericano
asesinado en una gran urbe en el 2001.
Desde finales de la década del 90, las investigaciones del CPJ
han demostrado que en Latinoamérica los periodistas del interior
corren los mayores riesgos. En el pasado, prominentes periodistas de las
grandes ciudades eran blanco frecuente. Hoy día, los periodistas
del interior son víctimas de la mayoría de los asesinatos
y actos de violencia no mortales. En el recrudecido conflicto armado colombiano,
los tres periodistas que fueron asesinados en represalia por su trabajo
eran del interior, al igual que los tres que fueron asesinados por desempeñar
su labor en el 2000.
El auge de las organizaciones locales de base y pro libertad de prensa,
las que han sacado a relucir las amenazas contra los periodistas del interior,
puede explicar parcialmente los resultados antes citados. Por otra parte,
generalmente se atribuye la disminución en la violencia en los
grandes centros urbanos a las enérgicas protestas contra los asesinatos
de periodistas de renombre.
Aun cuando el activismo decidido ha elevado el costo político de
atacar a periodistas, algunos líderes no vacilaron en arremeter
contra los medios cuando se vieron enfrentados a la pérdida de
popularidad y el agravamiento de problemas socioeconómicos. En
Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías se refirió
a la prensa venezolana como «medios de comunicación antisociales»
y amenazó públicamente con expulsar a los extranjeros que
criticaran al país. Debido a que sus seguidores a menudo han tomado
las palabras del presidente al pie de la letra, la retórica de
Chávez contra la prensa creó un clima que puede llevar a
ataques violentos contra los medios.
En Haití, el presidente Jean-Bertrand Aristide lanzó su
campaña de «cero tolerancia» contra la delincuencia en junio, y
dio a entender que los delincuentes callejeros que fueran sorprendidos
en el acto podrían ser castigados sumariamente sin juicio alguno.
Un diputado del partido oficialista más tarde anunció que
se debía aplicar esta política a Brignolle Lindor, director
de noticias de la radioemisora privada Radio Echo 2000. Lindor ya había
recibido numerosas amenazas por parte de las autoridades locales por haber
invitado a miembros de la coalición opositora a que se presentaran
en su programa. Posteriormente Lindor fue asesinado a machetazos por una
turba de seguidores del partido oficialista.
En Haití, nación plagada por la violencia, el año
terminó con una intentona golpista que ha sido calificada por los
partidos opositores como un pretexto para aplastar las voces discrepantes.
Cientos de partidarios del gobierno armados con machetes y pistolas hostigaron
a por lo menos una docena de periodistas. Además, partidarios de
Aristide atacaron radioemisoras y vehículos pertenecientes a organizaciones
noticiosas privadas. Como consecuencia, por lo menos 15 periodistas tuvieron
que abandonar el país, y por lo menos 40 pasaron a la clandestinidad,
según despachos de la prensa internacional.
A pesar de estos enormes retos, la prensa latinoamericana puede enorgullecerse
de su eficaz activismo en favor de reformas legales. Muchas propuestas
de reformas legales presentadas por organizaciones de prensa latinoamericanas
abordaron la falta de acceso a la información pública, lo
que según muchos constituye un importante escollo para el quehacer
periodístico en la región.
La organización de comunicadores Sindicato de Periodistas del Paraguay,
por ejemplo, ayudó a redactar un proyecto de ley de acceso a la
información tras protestas que condujeron a la derogación
de una versión más limitada que apoyaba el gobierno. Y,
después de protestas que motivaron la derogación de desastrosas
leyes en el 2000, Panamá promulgó una ley de acceso a la
información propuesta por la organización no gubernamental
Transparencia Internacional.
Los instrumentos de protección regional a la libertad de expresión
también se consolidaron en el 2001. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
entidades de la Organización de los Estados Americanos, emitieron
decisiones que demostraron que la libertad de expresión se ha convertido
en una prioridad. Por primera vez en un caso sobre la libertad de prensa,
la Corte Interamericana otorgó una «medida provisional» —que
generalmente sólo se concede en casos de «extrema gravedad... y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables», según
la ley interamericana—, y ordenó a jueces costarricenses suspender
un fallo previo sobre un caso de difamación mientras el Sistema
Interamericano examina el caso.
Funcionarios de la Comisión hicieron hincapié en cuestiones
de la libertad de prensa durante una visita a Panamá y recibieron
denuncias de Argentina, Colombia y Venezuela, entre otras naciones. Los
periodistas de todo el hemisferio parecieron haberse percatado de que
podían conseguir reparaciones por medio del Sistema Interamericano,
en vez de continuar sometidos a los caprichos represivos de sus respectivos
tribunales nacionales.
No obstante, algunos países como Venezuela se han mostrado renuentes
a cumplir las órdenes del Sistema Interamericano. Y, además,
las demandas penales por difamación continúan siendo un
flagelo para la labor de los periodistas, a veces pese a la reforma de
las leyes sobre la difamación. Muchos funcionarios aún utilizan
toda medida legal a su alcance para suprimir la crítica de los
medios. La tendencia presente en Latinoamérica de proteger el honor
y la reputación a toda costa puede demorar por lo menos una generación
más en desaparecer.
A pesar de las onerosas disposiciones penales contra la difamación,
sólo dos periodistas de la región permanecían encarcelados
a finales de año. En Estados Unidos, la periodista independiente
Vanessa Leggett fue privada de su libertad por negarse a entregar material
de investigación acerca de un asesinato ocurrido en 1997. Leggett
decidió ir a la cárcel para proteger la reserva de sus fuentes.
Luego de estar encarcelada cinco meses —se dice que más que
cualquier otro periodista en la historia estadounidense—, Leggett
fue liberada el 4 de enero del 2002. En Cuba, Bernardo Rogelio Arévalo
Padrón permaneció encarcelado por desacato al presidente
Fidel Castro Ruz y otros funcionarios.
En general, los funcionarios gubernamentales parecen haberse dado cuenta
de que encarcelar a periodistas sencillamente tiene un elevado costo político.
En cambio, optaron por dictar penas de cárcel condicionales y ordenaron
a los periodistas pagar cuantiosas sumas por concepto de daños
y perjuicios. En particular, la situación es grave en Panamá,
donde se estima que la tercera parte de todos los periodistas en estos
momentos enfrentan demandas penales por difamación.
Algunos gobiernos y empresas tomaron represalias contra la prensa otorgando
publicidad de modo discriminatorio, una táctica que ha sido particularmente
eficaz debido a la recesión económica. La amenaza de perder
el ingreso por concepto de anuncios, en potencia devastadora, llevó
a algunos medios a evitar poner al descubierto actos ilícitos por
parte de las empresas y el gobierno.
El efecto combinado de economías con lento crecimiento y el a menudo
decepcionante desempeño de las instituciones del Estado —en
muchas de las cuales abunda la corrupción— ha ocasionado que
la democracia reciba un apoyo cada vez menor en la región. Según
el Financial Times, un estudio de la Corporación Latinobarómetro,
empresa privada con sede en Santiago de Chile, halló que «los latinoamericanos
tienen mayor fe en la iglesia católica, la televisión y
las fuerzas armadas —en ese orden— que en sus respectivos presidentes,
fuerzas policiales y poderes judiciales».
Si bien los periodistas latinoamericanos han dado una activa cobertura
informativa a la corrupción, algunos también están
involucrados en ella. Se han difundido denuncias sobre reporteros corruptos
en varios países del continente; con frecuencia se culpa a los
bajos salarios por la corrupción.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos han tenido
repercusiones inesperadas en la prensa estadounidense, la cual goza de
eficaz protección legal y está acostumbrada a trabajar con
poca interferencia gubernamental. Los medios estadounidenses tuvieron
que presionar al gobierno para que les diera acceso a información
acerca de la guerra contra el terrorismo, mientras que la asesora de Seguridad
Nacional, Condoleezza Rice, pidió a los ejecutivos de la televisión
que utilizaran cautela al mostrar grabaciones de video de Osama bin Laden.
La influencia estadounidense también se sintió alrededor
del planeta. El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, pidió
a funcionarios del gobierno de Qatar que controlaran a Al-Jazeera, canal
de televisión por satélite con sede en ese país,
por lo que Estados Unidos consideró era el sesgo antiestadounidense
del canal.
FIN
Marylene Smeets is Americas program coordinator at CPJ. Sauro González Rodríguez is Americas program researcher; he did extensive research for this section. Bogotá-based free-lance journalist Michael Easterbrook and New York-based Trenton Daniel, a former Reuters correspondent in Haiti and staff writer for the Haitian Times, also contributed to this report. Cécile Hambye helped with the research. The Robert R. McCormick Tribune Foundation provided substantial support toward CPJ's work in the Americas in 2001. The Tinker Foundation is supporting CPJ's campaign to end criminal defamation in the Americas.