ARGENTINA
Si bien Argentina se sumergió aun más en la crisis económica
durante el 2001, y como consecuencia de ello el presidente Fernando de
la Rúa se vio obligado a renunciar, los medios de comunicación
por lo general funcionaron sin obstáculo alguno. No obstante, el
empeoramiento de la situación económica perjudicó
la publicidad y las ventas, y la Corte Suprema de Justicia asestó
duros golpes a la libertad de prensa.
El 2001 fue el cuarto año consecutivo de la recesión en
Argentina, y el país presenció protestas y huelgas callejeras
generalizadas contra medidas de austeridad que tenían como fin
eliminar el déficit presupuestario nacional. El Fondo Monetario
Internacional otorgó un paquete de emergencia de 8 mil millones
de dólares estadounidenses en agosto, pero para fines de año,
el organismo retuvo un pago de 1,26 mil millones de dólares estadounidenses.
Al cierre de la edición del presente volumen, Argentina había
cesado el pago de su deuda externa y había devaluado su moneda,
el peso argentino.
El 1 de mayo, el ministro de Economía Domingo Cavallo decretó
un impuesto al valor agregado (IVA) del 21 por ciento sobre todas las
ventas de los medios, según Gabriel Matijas, gerente de la Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas. Matijas declaró al
CPJ que antes del 1 de mayo, los medios impresos sólo estaban obligados
a pagar el IVA sobre los ingresos por concepto de publicidad. Debido a
que el nuevo impuesto podría haber ocasionado la quiebra de muchos
medios impresos —en especial medios más pequeños del
interior— el gobierno redujo el impuesto a la mitad y permitió
que las editoriales descontaran de los pagos destinados al seguro social
una cantidad igual a la que pagaron en el IVA.
Pocos ataques contra la libertad de prensa ocurrieron en el 2001, lo que
puede atribuirse a la energía y la combatividad de los medios argentinos,
los que se dieron gusto divulgando los intentos de imponer restricciones.
Aun así la prensa estuvo indefensa ante la Corte Suprema, la cual
está llena de partidarios del ex presidente Carlos Saúl
Menem. El 20 de noviembre, la Corte Suprema desestimó cargos pendientes
contra Menem, quien había permanecido en arresto domiciliario desde
junio por acusaciones de tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia
—un escándalo sacado a la luz por los medios—. En un
dictamen ampliamente criticado, el tribunal aprovechó la oportunidad
para advertir a otros jueces sobre la presión de la opinión
pública, «sea formada espontáneamente u orientada por los
medios masivos de comunicación».
La Corte Suprema le otorgó a Menem otra victoria el 25 de septiembre
en una demanda contra la revista informativa NOTICIAS. El tribunal
falló que el semanario había violado el derecho a la privacidad
de Menem al informar acerca de una relación extramatrimonial que
él había tenido con una antigua maestra. Además de
exigirle a la revista que le pagara 60 000 pesos (60 000 dólares
estadounidenses) a Menem, la Corte Suprema ordenó a NOTICIAS
publicar el fallo.
El 15 de noviembre, Horacio Verbitsky y Eduardo Bertoni, secretario general
y asesor legal, respectivamente, de la organización argentina pro
libertad de prensa PERIODISTAS, presentaron el caso de NOTICIAS
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicada
en Washington, D.C. Acompañados del miembro de la junta del CPJ
y columnista del Chicago Tribune, Clarence Page, y la directora
ejecutiva del World Press Freedom Committee (Comité Mundial para
la Libertad de Prensa), Marilyn Greene, Verbitsky y Bertoni presentaron
ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, una denuncia
a nombre de PERIODISTAS y NOTICIAS en la cual solicitaban que la
CIDH suspendiera el fallo mientras examinaba el caso. A finales de año,
la comisión se encontraba estudiando el caso.
Verbitsky viajó a los Estados Unidos para recibir uno de los Premios
Internacionales a la Libertad de Prensa 2001 del CPJ, galardón
que le fue otorgado por su labor periodística, la cual ha sentado
pautas, y sus esfuerzos en la lucha por un mejor marco legal para la libertad
de prensa.
Un proyecto de ley que busca erradicar las disposiciones penales sobre
la difamación de las leyes argentinas y que fue firmado por el
entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá el 27 de diciembre,
actualmente espera la aprobación del Congreso. Luego de que la
CIDH negociara una solución amistosa en 1999 entre PERIODISTAS
y el gobierno argentino en relación con varias demandas penales
por difamación, PERIODISTAS elaboró la legislación,
que introduce y codifica las normas de «real malicia» y reproducción
fiel.
De conformidad con las normas de «real malicia», articuladas por vez primera
por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times
Co. v. Sullivan, de 1964, la parte demandante debe primero
probar no sólo que la información publicada es falsa sino
que también los periodistas sabían o debían saber
que era falsa en el momento de la publicación. La norma de reproducción
fiel, ya aceptada por la Corte Suprema de Argentina en un caso de 1986,
plantea que la parte demandante no puede querellar a un periodista por
reproducir con exactitud información de una fuente explícitamente
mencionada. Aunque la nueva ley sólo prohíbe las demandas
penales por difamación en el caso de las figuras públicas,
proporciona nuevas y significativas garantías a los periodistas
argentinos.
El 23 de agosto de 2001, la Corte Suprema ratificó su decisión
de 1986 sobre las normas de reproducción fiel. El fallo confirmó
la decisión de una corte de segunda instancia que rechazó
la demanda del ex militar Arnaldo Luis Bruno contra el diario La Nación
por un artículo que lo vinculaba al atentado perpetrado en 1992
contra la embajada israelí en Buenos Aires.
En la investigación acerca del asesinato en 1999 de Ricardo Gangeme,
propietario y director del semanario El Informador Chubutense,
tres sospechosos encarcelados fueron puestos en libertad el 21 de septiembre
por haber estado dos años en prisión sin haber sido procesados,
según Juan Carlos Rojas, secretario de redacción de La
Jornada, diario que Gangeme dirigió hasta 1998. A fines de
año todavía no se había fijado la fecha del juicio,
dijo Rojas.