BOLIVIA
El 6 de agosto, el ex dictador militar Hugo Banzer, quien padecía
de cáncer en etapa avanzada, renunció a la presidencia y
le entregó el mando al vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez,
quien encabezará el ejecutivo por el resto del período presidencial
de cinco años, que culmina en agosto del 2002.
A pesar de la generalizada inestabilidad social y política, la
prensa boliviana no enfrentó obstáculos significativos al
cubrir las noticias. El nuevo gobierno de Quiroga Ramírez no tomó
ninguna medida de peso para restringir la libertad de prensa.
Bolivia es un país sin salida al mar con una deficiente infraestructura
de comunicaciones. Cerca del 40 por ciento de sus 8,3 millones de habitantes
viven en zonas rurales, según datos del Banco Mundial, lo cual
dificulta la distribución de periódicos. Sin embargo, los
periodistas locales dicen que los elevados índices de pobreza y
analfabetismo son las principales razones de la baja circulación
de periódicos. Esta a su vez hace que la prensa se encuentre en
una posición vulnerable ante un pequeño grupo de anunciantes.
Los medios de comunicación que apoyan al gobierno se benefician
de la generosa publicidad estatal, mientras que los medios de oposición
o críticos tienen que sobrevivir con la escasa publicidad privada.
Algunos medios son financiados por políticos y empresarios que
los utilizan para promover sus propios intereses. La clase empresarial
boliviana es pequeña y la mayoría de los propietarios de
los medios mantienen estrechas relaciones personales en toda la comunidad
empresarial. Como resultado de ello, a los periodistas se les hace difícil
escribir acerca de actos poco éticos o ilícitos por parte
de los empresarios.
Las fuerzas armadas bolivianas, que con frecuencia han empleado en exceso
la fuerza contra los campesinos sin tierra, cocaleros y mineros que protestan
las políticas gubernamentales, también han reprimido a los
medios. El 27 de septiembre, soldados dispararon a seis periodistas que
cubrían protestas de los cocaleros en Chapare, región tropical
del centro de Bolivia. Los periodistas, quienes trataban de entrevistar
a un comandante del ejército, descendían por un camino que
conducía a un campamento militar cuando los soldados abrieron fuego
sin ninguna advertencia. Uno de los guías de los periodistas murió
en el ataque.
Juan Carlos Encinas, de 39 años de edad, reportero independiente
del pequeño pueblo de Catavi, en el departamento de La Paz, murió
el 29 de junio de heridas recibidas mientras daba cobertura informativa
a un enfrentamiento entre dos cooperativas mineras que se disputaban el
control de una cantera de piedra caliza en las afueras del pueblo.
Los periodistas investigativos con frecuencia suscitan la ira de funcionarios
públicos. En agosto, Luis Roberto Landívar Roca, diputado
por el pequeño partido opositor Nueva Fuerza Republicana, lanzó
una campaña de difamación contra Carlos Mesa y Amalia Pando,
dos periodistas del canal de televisión PAT que cubrían
un escándalo de corrupción que involucraba a Landívar.
Además, Landívar acusó públicamente a los
periodistas de malversación y asesinato, respectivamente; publicó
las acusaciones en anuncios en varios periódicos; y financió
la publicación de un folleto con el propósito de manchar
la imagen de Pando.
Según el periodista boliviano Roger Cortés Hurtado, las
tradiciones y actitudes autoritarias que aún perviven en la burocracia
estatal obstaculizan la labor periodística. Sin ninguna obligación
de divulgar información al público, los organismos gubernamentales
mantienen en reserva asuntos de evidente interés público,
como los presupuestos y las finanzas públicas.
Los periodistas bolivianos deben tener título universitario e inscribirse
en el Registro Nacional de Periodistas. Aunque estas disposiciones no
se cumplen con rigor, las sanciones son en potencia severas e incluyen
penas de cárcel. En 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
radicada en Costa Rica, dictaminó que la colegiación obligatoria
de periodistas viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.