COLOMBIA La prensa colombiana siguió en medio del fuego cruzado del recrudecido conflicto civil que ha durado décadas y que enfrenta a dos poderosas guerrillas izquierdistas con el ejército colombiano y las fuerzas paramilitares de derecha. Si bien las negociaciones de paz avanzaron lentamente a principios del 2002, el conflicto continuó dejando un elevado saldo de víctimas mortales en el gremio de los periodistas, y obligó a muchos de ellos a esconderse. Por lo menos tres periodistas fueron asesinados en el 2001 por realizar su trabajo. El CPJ continúa investigando los casos de otros cinco comunicadores que murieron asesinados, posiblemente a causa de su labor periodística. Los ataques contra los periodistas colombianos provinieron de varios frentes. Se presume que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) planeó el asesinato, perpetrado el 27 de abril, de Flavio Bedoya, corresponsal regional de Voz, órgano del Partido Comunista con sede en Bogotá. Uno de los corresponsales de mayor antigüedad del semanario vinculó la muerte de Bedoya a una serie de reportajes sumamente críticos que Bedoya había escrito acerca de actos de colusión entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Menos de un mes después de la muerte de Bedoya, las AUC intentaron volar con una bomba la sede de Voz en Bogotá. El líder de las AUC, Carlos Castaño, se responsabilizó del atentado pocos días después. En mayo, el CPJ incluyó a Castaño en su relación de los diez peores enemigos de la prensa. «Incluso con el trasfondo de la escalada en la guerra civil colombiana, en la cual todas las partes han escogido como blanco a los periodistas», señaló el CPJ, «Carlos Castaño se distingue como un cruel enemigo de la prensa». Un periodista del diario parisino Le Monde preguntó al líder paramilitar cómo se sentía acerca de la cuestionable distinción. Castaño, quien renunció como comandante de las AUC a finales de la primavera del 2001 para concentrarse en los asuntos políticos del grupo, respondió: «Quisiera asegurarle que siempre he respetado la libertad y la subjetividad de la prensa». Luego añadió: «A lo largo de su existencia, las AUC han ejecutado a dos periodistas locales que en realidad eran guerrilleros». Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal movimiento guerrillero, estuvieron implicadas en el asesinato, cometido el 6 de julio, de José Duviel Vásquez Arias, uno de los tres periodistas de la radioemisora La Voz de la Selva que fueron asesinados en un período de siete meses. La radioemisora tiene su sede en el Caquetá, departamento que ha sido escenario de recios combates y que forma parte del territorio, de dimensiones similares a las de Suiza, que el gobierno cedió a las FARC para promover las negociaciones de paz. Un colega de Vásquez que presenció el asesinato, Omar Orlando García Garzón, fue amenazado después de dar una descripción del asesino a las autoridades, por lo cual él y su familia tuvieron que exiliarse. A principios de año, otro periodista de La Voz de la Selva, Álvaro Dussán, denunció haber recibido amenazas de las FARC y posteriormente huyó del país, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización local que se afilió al Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) este año. En el tercer asesinato, dos asaltantes no identificados abatieron a tiros al periodista Enrique Urbano Sánchez el 8 de julio mientras celebraba su 55to cumpleaños con unos amigos en un parque de la ciudad costera de Buenaventura. Al parecer, Urbano se había dedicado en las últimas ediciones de su programa radial a denunciar a una pandilla local de delincuentes llamada «Tumba Puertas». Antes de ser asesinado, Urbano había recibido amenazas de muerte que él había atribuido a su campaña pública para reubicar a los vendedores callejeros y sacar a los drogadictos del parque. El Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior, creado en el 2000, ha ayudado a varios periodistas a escapar de situaciones de peligro. Diversas instituciones y organizaciones colaboran con el programa, pero aparentemente el presupuesto que tiene es limitado. Los periodistas que necesitan salir del país por lo general no tienen tiempo para buscar soluciones viables a largo plazo, y a menudo sólo hablan español. Para ayudarlos, el CPJ colaboró con la FLIP y la organización peruana pro libertad de prensa Instituto Prensa y Libertad (IPYS) en la creación de una casa de refugio en Lima donde los periodistas puedan quedarse mientras buscan soluciones a largo plazo. El director ejecutivo del IPYS, Ricardo Uceda, y la coordinadora del Programa de las Américas del CPJ, Marylene Smeets, concretaron este acuerdo con Elizabeth Vargas, de la FLIP, durante una visita que efectuaron en agosto a Bogotá. En el 2001 estalló una controversia acerca de la presión que aplicó el gobierno a las cadenas de televisión para que censuraran las noticias sobre la guerra civil. La transmisión prevista de una entrevista que Castaño concedió a la presentadora de televisión Claudia Gurisatti el 10 de abril, fue suspendida luego de que funcionarios gubernamentales hicieran llamadas telefónicas a RCN Televisión, la cadena que transmite el programa de Gurisatti. El secretario de prensa del presidente Andrés Pastrana Arango, Samuel Salazar, admitió que se hicieron las llamadas, y explicó que algunos funcionarios del gobierno temían que el programa pusiera en peligro la seguridad del comisionado de paz, Camilo Gómez Alzate, a quien Castaño había amenazado con secuestrar durante la entrevista. Según se dijo, el gobierno en múltiples ocasiones se ha reunido con los propietarios de los medios colombianos para pedirles que se abstengan de transmitir o publicar las incidencias del proceso de paz. El 23 de octubre, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), organismo regulatorio autónomo, propuso prohibir la difusión televisiva de imágenes violentas y declaraciones de las partes del conflicto civil u organizaciones criminales. Los despachos de prensa citaron declaraciones del director de la CNTV, en las que afirmaba que «con la regulación... se trata hacer un aporte en el proceso de normalización y búsqueda de la paz, la seguridad y la tranquilidad del país». La propuesta generó una polémica y el presidente Pastrana intervino, sugiriendo un sistema de «autorregulación». Aunque muchos periodistas siguen haciendo denuncias pese a los riesgos, el auge de la violencia junto con la impunidad que rodea los ataques ha provocado, comprensiblemente, cierto grado de autocensura. El deterioro del panorama económico llevó a la caída de los ingresos por concepto de publicidad en el 2001, lo cual causó problemas a varios medios. En septiembre, El Espectador, diario de reconocida trayectoria por su valiente cobertura periodística y cuyo editor, Guillermo Cano, fue asesinado en 1986 por sicarios de los carteles de la droga, sucumbió a la crisis económica y se convirtió en semanario, aunque aún aparece a diario en la Internet en www.elespectador.com.