COSTA RICA

Costa Rica, un país desde hace mucho considerado uno de los más libres y democráticos de Latinoamérica, se llenó de consternación por el asesinato, ocurrido el 7 de julio, del veterano periodista Parmenio Medina Pérez —el primer asesinato de un periodista en la historia reciente del país—.

Asaltantes no identificados dispararon a quemarropa tres tiros a Medina, productor y presentador del programa radial semanal «La Patada». El programa a menudo denunciaba la corrupción oficial, lo que trajo al periodista numerosas amenazas. Dos meses antes del asesinato de Medina, él recibió amenazas de muerte en relación con acusaciones que había hecho ante los micrófonos acerca de las irregularidades fiscales de una radioemisora católica local, y unos asaltantes desconocidos dispararon contra su casa. Veinte minutos después del asesinato de Medina, uno de sus colegas de «La Patada» recibió una llamada anónima en la que le dijeron que sería la próxima víctima. La radioemisora que transmitía el programa de Medina, Radio Monumental, recibió amenazas telefónicas durante varios meses, según refirió la coordinadora de noticias de la radioemisora al CPJ.

La sociedad exigió justicia y la investigación del asesinato comenzó rápidamente. Sin embargo, la investigación no arrojó resultados contundentes y en poco tiempo se vio envuelta en un halo de secreto. En agosto, un grupo de individuos y organizaciones de la sociedad civil lanzaron el Frente Ciudadano contra la Impunidad para presionar a las autoridades a que resolvieran el caso.

El 7 de enero —exactamente seis meses después del asesinato— el diario La Nación, de San José, citó declaraciones de un coordinador del frente, Albino Vargas, quien expresó: «Estamos convencidos que hay influencias políticas, empresariales y religiosas que están interfiriendo para que no aflore la verdad sobre el crimen ». De acuerdo con el mismo artículo, el Organismo de Investigación Judicial, el ente encargado de velar por el orden público, declaró que aun cuando se había entrevistado a más de 100 personas y se había descartado muchas otras pistas, no se podía revelar ningún pormenor porque el asunto aún continuaba en investigación.

La impunidad que rodea el asesinato contribuye aun más al devastador efecto que éste ha tenido para los periodistas costarricenses, quienes ahora temen ser objeto de actos de violencia en represalia por la labor que realizan. De acuerdo con una encuesta realizada en junio por La Nación, el 55 por ciento de los 97 periodistas encuestados afirma que ha recibido algún tipo de amenaza durante su vida profesional. Aunque algunas amenazas fueron contra la integridad física, a muchos periodistas se les amenazó con demandas por difamación.

El asesinato de Medina dio impulso a la campaña para reformar las anticuadas leyes que rigen el funcionamiento de los medios de comunicación en Costa Rica. Dos días después del asesinato, dos diputados presentaron planes ante la Asamblea Legislativa para crear una comisión con el mandato de estudiar las leyes, según Fernando Guier, abogado y columnista de La Nación.

El 23 de julio, un grupo de editores presentó una propuesta para modificar las leyes de prensa. La propuesta de los editores, una de las varias pendientes ante la Asamblea Legislativa, es considerada como la más completa. En lo relativo a las demandas por difamación, introduce la norma de la «real malicia», la cual requiere que la parte demandante pruebe no sólo que la información publicada es falsa, sino que también el periodista sabía o debía haber sabido que la información publicada era falsa al momento de la publicación. La propuesta codifica la norma de la reproducción fiel, que plantea que no se puede demandar a un periodista por reproducir con exactitud información de una fuente mencionada de manera explícita. La propuesta también prevé la protección de las fuentes periodísticas.

La comisión de libertad de prensa de la Asamblea Legislativa se reunió en varias ocasiones y escuchó los planteamientos de los editores, los representantes del Colegio de Periodistas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y expertos legales. Pero para fines de año no se había llegado a ningún acuerdo, y sólo se había aceptado uno de los cambios propuestos: la eliminación del delito de desacato, una disposición poco empleada que dispone penas de cárcel de hasta dos años por ofender el honor de un funcionario del gobierno.

En una decisión sin precedentes, el 7 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales y ordenó a las autoridades costarricenses suspender ciertos apartados de un fallo de difamación de 1999 contra el diario La Nación y uno de sus reporteros, Mauricio Herrera Ulloa. Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para Costa Rica y los demás países que han aceptado su jurisdicción.

En noviembre de 1999, un tribunal penal costarricense halló culpable de difamación a Herrera Ulloa y le ordenó pagar una indemnización por concepto de daños y perjuicios al ex diplomático Félix Przedborski. La causa giró en torno a unos artículos que Herrera Ulloa escribió en 1995 y que citaban despachos de la prensa europea en los que se acusaba a Przedborski de corrupción. Después de que la Corte Suprema de Costa Rica rechazó la apelación de La Nación, el periodista introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ordenó al tribunal penal suspender el fallo mientras la CIDH estudiaba el caso. El tribunal se negó, por lo que la CIDH presentó una solicitud ante la Corte Interamericana, la cual resolvió la suspensión de la ejecución de la sentencia condenatoria. Al cierre de la edición del presente volumen, la CIDH se encontraba examinando el caso.

El 26 de diciembre, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica emitió un controvertido fallo dividido por el cual ordenó al canal privado Teletica Canal 7 invitar a los 13 candidatos presidenciales a un debate programado, en lugar de sólo a los cuatro principales candidatos, como tenía previsto en un inicio el canal. Pilar Cisneros, codirectora del departamento de noticias del canal, dijo al CPJ que el canal había apelado la decisión ante la Corte Suprema, la cual el 3 de enero se negó a escuchar el caso alegando que era una cuestión electoral. El canal televisó el debate entre los principales candidatos según lo previsto, el 7 de enero, y posteriormente transmitió dos debates, el 8 y el 9 de enero, con casi todos los candidatos restantes. Cisneros anunció que Teletica Canal 7 elevaría el caso ante la CIDH.