ECUADOR

En general, la libertad de prensa es respetada en el Ecuador, pero los periodistas se quejan de que los funcionarios del gobierno siguen culpando a los medios de los problemas del país, entre ellos la incontrolable corrupción.

Durante gran parte del año, el presidente Gustavo Noboa sostuvo altercados con la prensa por la cobertura crítica que ésta dio al fracaso de su gobierno en el manejo de una serie de quiebras en bancos privados _una crisis que costó a los contribuyentes y titulares de cuentas ecuatorianos cientos de millones de dólares_.

En enero, Noboa emitió un comunicado donde pedía a los medios que mantuvieran «equilibrio en el servicio informativo», así como «plena identificación con el sistema democrático». En julio, Noboa acusó a la prensa de que «nos quieren dar una mala fama internacional que a mí me cuesta remontarla en los viajes al exterior», según el diario El Universo de Guayaquil. A finales de año, el enfrentamiento continuaba, y Noboa y otros funcionarios de su gobierno criticaban lo que consideraban como cobertura negativa de la gestión gubernamental.

En agosto, un grupo poco conocido llamado Legión Blanca envió varios extensos mensajes por correo electrónico a organizaciones de derechos humanos locales y a los medios de comunicación. Además de amenazar de muerte a activistas y de hacerse responsable de hostigarlos e intimidarlos, el grupo amenazó a «supuestos comunicadores que escondidos en sus computadoras, plumas, micrófonos o pantallas insitan (sic) al comunismo, al caos y a la desestabilización democrática».

El grupo también se atribuyó el asesinato de Luis Fernando Maldonado, productor de noticias y presentador del canal de televisión Telesistema de Quito y quien fue asesinado el 8 de agosto en un aparente intento de robo. Los periodistas locales desestimaron la confesión del grupo por carecer de fundamento y sostuvieron que Maldonado no había sido asesinado por su trabajo periodístico. Una fuente sugirió que el grupo simplemente estaba tratando de engendrar el temor entre los periodistas ecuatorianos.

En algunos casos, los políticos han utilizado demandas penales por difamación para presionar a los periodistas. En julio, el diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) Fernando Rosero presentó una demanda penal por difamación contra Jorge Vivanco Mendieta, subdirector y columnista del diario de Guayaquil Expreso. La demanda se basa en varios artículos escritos por Vivanco, entre ellos uno en el que criticaba al Ejército por no defenderse de acusaciones que había hecho Rosero, quien había culpado al Ejército de comprar armas defectuosas. Rosero también presentó una demanda civil contra Vivanco en la cual pedía una indemnización de un millón de dólares estadounidenses por concepto de daños y perjuicios. Ambos casos se encontraban ante los tribunales al momento de redactar este resumen.

También en julio la periodista Malena Cardona Batallas fue multada y condenada a un mes de prisión por difamar al diputado del PRE Roberto Rodríguez en una entrevista televisiva celebrada en mayo de 2000 y en la cual Cardona le preguntó a Rodríguez sobre la presunta apropiación indebida de un vehículo del gobierno. El 14 de diciembre, la Corte Superior de Justicia de Portoviejo confirmó la sentencia, la cual la periodista piensa apelar.

La Ley del Ejercicio Profesional del Periodista de 1975 requiere que todos los periodistas locales tengan título universitario en periodismo para poder inscribirse en la Federación Nacional de Periodistas. Si bien esta ley casi nunca se aplica, durante el 2001 los sindicatos de periodistas, los que plantean que las restricciones elevan el nivel de la profesión, hicieron llamados para que se hiciera cumplir. Sin embargo, en una decisión de 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, determinó que las leyes de colegiación obligatoria violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Artículo 81 de la Constitución de 1998 requiere que el Estado garantice la libertad de información divulgando los documentos públicos previa solicitud, pero el gobierno con frecuencia hace caso omiso de esta obligación, la cual aún no ha sido codificada. En agosto, una comisión integrada por miembros de varias organizaciones de periodistas se reunió con el vocero presidencial, Oscar Zuloaga, para hacer un llamado al gobierno a que cumpliera con el Artículo 81. Las autoridades todavía no han actuado.