EL
SALVADOR
Los medios salvadoreños continuaron polarizados, y los periodistas
sufrieron violentos ataques y tuvieron que hacer frente a la falta de
acceso a la información pública.
Los trágicos terremotos de enero y febrero que dejaron desamparados
a un millón de salvadoreños revelaron la amplia fractura
que aún prevalece entre grupos izquierdistas y conservadores diez
años después del final de una guerra civil larga y cruenta.
TV DOCE, una estación de televisión fundada en 1984 y reconocida
como una de las pocas voces independientes durante el brutal conflicto,
fue muy criticada por la cobertura que dio a las labores de rescate.
En un editorial del 19 de enero, el conservador y pro gobierno El Diario
de Hoy acusó a TV DOCE de fabricar «patéticas escenas»
con víctimas, lo cual según este diario ahuyentaba la ayuda
extranjera.
Sólo días antes, TV DOCE había comenzado a transmitir
un programa diario dedicado a brindar a las víctimas del terremoto
la oportunidad de comunicarse con sus parientes. Los televidentes comenzaron
a llamar para denunciar al gobierno por la inadecuada respuesta al desastre.
Según todos los indicios, el gobierno reaccionó imponiendo
un boycott publicitario. Los anunciantes privados al parecer también
redujeron sus compras de anuncios.
Como resultado, la estación fue obligada a reducir sus operaciones.
El director de noticias de TV DOCE, Mauricio Funes, dijo al CPJ que el
noticiero de la estación, que se transmitía diariamente,
ahora sólo se transmite entre semanas. Los empleos y salarios fueron
recortados. Sin embargo, TV DOCE comenzó a recuperarse porque la
estación recibió apoyo de parte de algunas organizaciones
y gobiernos locales, según Funes.
La reticencia oficial a dar acceso a la información gubernamental
siguió obstaculizando el trabajo de los periodistas en el 2001.
Los jueces constantemente utilizaron el artículo 272 del Código
Procesal Penal, el cual les permite prohibir la entrada de reporteros
a las actuaciones en tribunales a fin de proteger la moralidad, el interés
público o la seguridad nacional. De acuerdo con la Asociación
de Periodistas de El Salvador (APES), el poder judicial restringió
el acceso a 11 procesos judiciales en el 2001.
La APES, cuyas propuestas de reforma legal de 1998 no fueron tomadas en
cuenta seriamente, las presentó otra vez en el 2001, junto con
otra iniciativa. APES propuso que la Asamblea Legislativa derogara el
artículo 324 del Código Penal, el cual impone sanciones
de seis meses a tres años de privación de libertad a los
funcionarios que revelaran informaciones «que debieran permanecer secretos».
La ley no especifica cuándo se debe aplicar la regla del «secreto».
El artículo 324 fue expuesto a la luz pública el 28 de agosto
cuando el Fiscal General Belisario Artiga publicó un comunicado
en el que reprendía a un funcionario anónimo que había
filtrado a El Diario de Hoy los resultados de una investigación
hecha a varios funcionarios.
El Fiscal General había hecho un llamado al funcionario anónimo
a que renunciara. Después de varias protestas, Artiga reconoció
que el gobierno tenía la obligación de crear normas para
la divulgación de documentos oficiales. Pero para fines de año
no se había tomado ninguna medida.
La APES y una organización no gubernamental llamada Probidad, informaron
de numerosos incidentes en los que jueces, policías y otros atacaron
física o verbalmente a los reporteros. Ambas organizaciones informaron
sobre el ataque del 13 de septiembre a un camarógrafo del Canal
4 y a un fotógrafo de La Prensa Gráfica. Los periodistas
cubrían la vista oral en el caso de un juez acusado de ejercer
sin licencia, cuando unos sujetos de quienes se dijo eran guardaespaldas
del juez los atacaron. En otro caso, unos agentes de la policía
atacaron a dos reporteras de El Diario de Hoy durante la celebración
de un carnaval. Un agente golpeó con un palo a una de las periodistas
y otro intentó confiscar el video de la otra periodista, informaron
las organizaciones.