GUATEMALA

En medio del hostigamiento y la violencia contra periodistas, activistas de los derechos humanos y jueces involucrados en casos publicitados, la estabilidad política de Guatemala se deterioró considerablemente en el 2001, y con ella, la libertad de prensa. El gobierno del presidente Alfonso Portillo Cabrera, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), mostró poca tolerancia ante las críticas de cualquier tipo.

Varios ataques fijaron la tónica del año. El 20 de febrero, un grupo de manifestantes se congregó frente a las oficinas del diario de Ciudad de Guatemala elPeriódico y amenazaron a los empleados. Los manifestantes se identificaron como simpatizantes de Luis Rabbé, el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Al parecer, las amenazas fueron resultado de la cobertura que dio el periódico a la corrupción en las altas esferas del gobierno, así como de las duras críticas de elPeriódico a la conducta oficial de Rabbé, quien renunció meses después.

A finales de marzo, cuatro periodistas de elPeriódico fueron amenazados y atacados luego de haber revelado actos de malversación en un banco controlado por el Estado. En otra noticia polémica conocida como «Guategate», el diario Prensa Libre reveló que en el 2000 más de 20 legisladores del FRG habían conspirado para reducir un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas. El ex dictador y actual presidente del Congreso, Gral. Efraín Ríos Montt, fue implicado en el escándalo y despojado de la inmunidad parlamentaria en marzo del 2001. En abril, Ríos Montt se quejó de que la cobertura informativa del «Guategate» era parte de una campaña orquestada para dañar su prestigio y asegurar su «linchamiento político». En octubre de 2001, la investigación de Ríos Montt y los demás legisladores fue archivada tras un fallo judicial sumamente controvertido.

A principios de año, el magnate de los medios Ángel González, de nacionalidad mexicana y cuñado del ex ministro Rabbé, utilizó su imperio de la radio y la TV para librar una campaña de desprestigio contra elPeriódico y Prensa Libre. A través de varias empresas pantalla, González es dueño indirecto de los cuatro canales de televisión privados de Guatemala, lo cual viola las prohibiciones constitucionales contra los monopolios y contra la propiedad de los medios de comunicación por parte de extranjeros. González ha cancelado dos noticieros independientes y ejerce una enorme influencia sobre la política guatemalteca.

Además, González ha sido uno de los principales financistas de las campañas políticas del presidente Portillo, y Rabbé es un ex ejecutivo del imperio mediático de González. González también ha sido vinculado a turbios negocios en Perú, donde presuntamente intentó ganar control del Canal 13 de televisión en contubernio con Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia peruano caído en desgracia, según fuentes peruanas.

Aunque el presidente Portillo dice estar preocupado por el monopolio televisivo de González, ha hecho poco por desmantelarlo. Si bien el presidente se ha comprometido a abrir a la competencia la licitación de los dos canales de televisión restantes —son propiedad del Estado y en la actualidad no transmiten ninguna programación—, no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta.

El 30 de noviembre, Día del Periodista Guatemalteco, el Congreso unicameral y controlado por el FRG aprobó un proyecto de ley que exige que todos los graduados universitarios, inclusive aquéllos con títulos de periodista, se inscriban en asociaciones profesionales conocidas como colegios. El proyecto de ley fue enviado a continuación al presidente Portillo, a quien la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y otras organizaciones internacionales pro libertad de prensa le pidieron que lo vetara. Portillo prometió vetarlo si determinaba que la propuesta podría perjudicar los intereses de los periodistas.

La prensa guatemalteca recientemente ha hecho un esfuerzo mayor por defenderse de la interferencia y el hostigamiento del gobierno. Además del activismo de la APG, el Centro para la Defensa de la Libertad de Expresión organizó su primer seminario en junio del 2001.

Los periodistas del interior son víctimas de actos de hostigamiento, amenazas, intimidación y violencia. El 5 de septiembre, el periodista radial Jorge Mynor Alegría Armendáriz fue asesinado en las afueras de su hogar en Puerto Barrios, en la costa caribeña, departamento de Izabal. El periodista era presentador de un programa vespertino de llamadas que con frecuencia trataba la corrupción y los manejos poco éticos de los funcionarios públicos. Luego de la muerte de Alegría, su colega Enrique Aceituno renunció a su cargo de presentador de un noticiero local, diciendo que había recibido amenazas de muerte por criticar a las autoridades locales.

El asesinato de un periodista fue resuelto en el 2001. El 19 de febrero, un tribunal sentenció al ex vigilante Gustavo García a 15 años de cárcel por el asesinato del fotógrafo de Prensa Libre Roberto Martínez y de dos transeúntes en abril del 2000, durante una protesta generada por el aumento de los pasajes de autobús. A la empresa de seguridad que empleaba a García le ordenaron pagar 150 000 quetzales (20 000 dólares estadounidenses) por concepto de daños y perjuicios a la familia de Martínez. El segundo acusado, también un vigilante, fue absuelto.