MÉXICO
La histórica elección del presidente Vicente Fox en el 2000
marcó el final del prolongado dominio del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sobre el país y los medios. Pero la luna de
miel entre el presidente y los medios llegó a su fin en el 2001
con una cobertura informativa cada vez más crítica que reflejaba
el desencanto del público con la lentitud de las reformas bajo
el nuevo gobierno.
Con críticas que abarcaban desde el conflicto aún sin resolución
de Chiapas y el creciente desempleo hasta la falta de avances en el tema
de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado, los
medios señalaron al presidente por no cumplir sus promesas electorales.
En noviembre, Fox utilizó su programa semanal de radio «Fox en
vivo, Fox contigo» para quejarse de las críticas dirigidas a su
gestión: «Hay mucha calumnia, hay mucho engaño, hay mucha
mentira recientemente en los medios de comunicación».
El gobierno mexicano por primera vez admitió su responsabilidad
en las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la
campaña que el gobierno del PRI libró contra activistas
y guerrilleros izquierdistas en el estado de Guerrero en la década
del 70. Un informe emitido en noviembre por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos culpó al gobierno mexicano de la detención
y tortura de por lo menos 275 hombres y mujeres, pero la comisión
se abstuvo de revelar los nombres de unos 74 funcionarios que estuvieron
implicados en los abusos. Si bien el presidente Fox nombró a un
procurador especial para que investigara las desapariciones, no estableció
una comisión de la verdad para investigar la represión estatal
y hubo escasos avances.
Alentados por la renuencia del gobierno a encontrar y enjuiciar a los
violadores de los derechos humanos, los enemigos de las investigaciones
lanzaron violentos ataques contra activistas y periodistas. El 19 de octubre,
la destacada abogada de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada
en su oficina de Ciudad de México. Ochoa, quien fue víctima
de secuestro y amenazas en el pasado, había salido ilesa de un
atentado en 1999. En una nota hallada junto a su cuerpo también
se amenazaba a sus colegas.
El 27 de octubre se emitieron amenazas de muerte anónimas contra
los activistas de derechos humanos Miguel Sarre, Fernando Ruíz,
Juan Antonio Vega, Sergio Aguayo y Edgar Cortez; y el 6 de noviembre Germán
Dehesa, escritor y columnista del diario Reforma, recibió
una amenaza de muerte anónima por correo electrónico tras
escribir un artículo en el que denunciaba el hostigamiento a los
activistas de derechos humanos.
El 4 de diciembre, unos ladrones entraron en la sede de la revista mensual
Forum y se llevaron equipos de computación valorados
en 65 000 pesos mexicanos (7000 dólares estadounidenses) junto
con varios CD-ROM y disquetes zip con materiales de archivo. Forum
es mejor conocida por haber publicado artículos del encarcelado
Gral. José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fue arrestado
en 1993 después de escribir un artículo en Forum
en el que hacía un llamado a las Fuerzas Armadas para que nombraran
a un ombudsman civil e independiente que diera seguimiento a las violaciones
de los derechos humanos relacionadas con los militares. Si bien el director
de Forum, Eduardo Ibarra, se abstuvo de considerar que el robo
tuvo un móvil político, algunos periodistas creen que el
robo estuvo vinculado con otros ataques a defensores de los derechos humanos.
La investigación sobre el robo no había avanzado a finales
de año.
La ley mexicana actualmente no garantiza el acceso público a la
información oficial pero el Congreso tiene previsto estudiar dos
divergentes proyectos de ley sobre el tema en la primavera del 2002. Uno,
redactado y apoyado por una coalición de periodistas, académicos
y organizaciones no gubernamentales, contempla medidas integrales que
incluirían sanciones a funcionarios públicos que oculten
o destruyan información. Los críticos del segundo proyecto
de ley, que es respaldado por el gobierno, plantean que ofrece un acceso
con limitaciones inaceptables y que no castiga a los funcionarios si incumplen
las normas.
Los proyectos de ley de acceso a la información desataron una polémica.
Ernesto Villanueva, académico y frecuente colaborador del semanario
de Ciudad de México Proceso, declaró al CPJ que recibió
amenazas luego de haber criticado la versión de la ley respaldada
por el gobierno.
La frontera de México y los Estados Unidos sigue siendo un lugar
peligroso para los periodistas, quienes a menudo son blanco de los narcotraficantes
y las fuerzas de seguridad corruptas de la región. El 19 de febrero,
José Luis Ortega Mata, director del Semanario de Ojinaga en
el estado de Chihuahua, fue asesinado a balazos. Sus amigos y familiares
vincularon el asesinato a sus artículos sobre el narcotráfico
de la región, los que también trataban los vínculos
de los narcotraficantes con políticos locales.
En agosto, un juez absolvió a los dos sospechosos del asesinato
en 1998 de Philip True, periodista del San Antonio Express-News
(Texas) que fue asesinado mientras trabajaba en un reportaje sobre los
huicholes, una población indígena que vive en la zona montañosa
que se extiende por los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. A finales
de año el fallo del juez estaba siendo apelado. El CPJ protestó
contra varias irregularidades en la acusación y la investigación,
las cuales ponen en duda la validez del proceso.