NICARAGUA
Durante su último año en el gobierno, el presidente Arnoldo
Alemán continuó mostrando su intolerancia y hostilidad hacia
la prensa. Su gobierno apoyó una ley que requiere la colegiación
obligatoria de los periodistas, y otorgó publicidad gubernamental
con el fin de premiar o castigar a los medios, según la cobertura
informativa de ellos.
La mayoría de los periodistas es del parecer que, en comparación
con el anterior gobierno de Violeta Chamorro, el que derogó medidas
restrictivas y permitió el desarrollo de los medios, la libertad
de prensa ha experimentado un retroceso con el gobierno de Alemán.
El gobierno de Alemán ha estado plagado por escándalos de
corrupción, muchos de ellos revelados por la prensa. El presidente
mismo ha sido acusado de haber aumentado cuantiosamente su fortuna mientras
estaba en el cargo, y se ha negado a hacer públicas sus declaraciones
de impuestos. Alemán ha negado los cargos de corrupción,
argumentando que son parte de una campaña de los medios concebida
para opacar sus logros.
Los periodistas y propietarios de los medios nicaragüenses cuestionaron
la Ley 372, que dispone que todos los periodistas se inscriban en el Colegio
de Periodistas de Nicaragua. Después de que la Asamblea Nacional
aprobara el proyecto de ley en diciembre de 2000, el presidente Alemán
lo devolvió a la Asamblea Nacional para que lo sometieran a modificaciones
que incluían disposiciones restrictivas tales como la aplicación
de sanciones penales a los periodistas no inscritos en el Colegio. La
Asamblea Nacional adoptó el proyecto de ley con sus modificaciones
en marzo del 2001.
A principios de junio, los periodistas y propietarios de los medios nicaragüenses
cuestionaron la ley en la Corte Suprema de Justicia, que al momento de
redactar este resumen aún estaba por pronunciarse. Según
un fallo de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada
en Costa Rica, las leyes que exijan la colegiación obligatoria
de los periodistas violan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
A pesar de haber prometido en el 2000 que factores políticos no
influenciarían más la política publicitaria del gobierno,
el gobierno de Alemán continuó enfrentando acusaciones de
que manipuló la distribución de la publicidad estatal para
premiar o castigar a los medios. A finales de junio El Nuevo Diario,
un diario de posiciones cercanas al Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), anunció que el gobierno le había recortado
drásticamente la cuota de publicidad estatal, además de
haber cancelado las subscripciones de los ministerios y las entidades
del gobierno. El mayor beneficiado parece ser el diario oficialista La
Noticia, el cual a pesar de su baja circulación recibe una
cuota desproporcionada de la publicidad estatal.
El diario de Managua La Prensa, mientras tanto, aguarda una decisión
de la Corte Suprema acerca de los intentos del gobierno de cobrarle impuestos
sobre la base de una auditoría de 1999 que fue realizada después
de que el periódico publicara un reportaje sobre la corrupción
gubernamental.
En las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 4 de noviembre el
candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Enrique Bolaños,
derrotó al candidato de la Convergencia Nacional lidereada por
el FSLN, el ex presidente Daniel Ortega. Pero durante la campaña,
de acuerdo con el destacado periodista Adolfo Pastrán Arancibia,
la prensa lanzó acusaciones de corrupción no corroboradas
contra ambos candidatos, al parecer en función de agendas políticas
y no de una labor informativa.
Un proyecto de ley que permitiría mayor acceso a la información
pública, permanecía estancado en la Asamblea Nacional a
fines de año, pero el presidente electo Bolaños ha prometido
ejercer presión para que sea aprobado. Los periodistas locales
dicen que la ley es sumamente necesaria debido a la actitud instintivamente
reservada del gobierno para con el manejo de la información.