PANAMÁ

Durante el 2001, funcionarios del gobierno propusieron un proyecto de ley para fortalecer las represivas leyes de prensas, castigaron a los periodistas locales y a los medios de comunicación, y los procesaron penalmente por difamación.

Las llamadas leyes mordaza abarcan varios artículos, leyes y decretos —muchos de ellos promulgados bajo gobiernos militares— que tipifican como delito la crítica a los funcionarios públicos y permiten la censura previa. En diciembre de 1999, luego de una promesa de derogar esas normas una vez que tomara posesión en septiembre de 1999, la presidenta Mireya Moscoso firmó un proyecto de ley que derogaba algunas de las disposiciones más onerosas. Por ley, el gobierno tenía que entregar un proyecto de ley antes de junio de 2000 que se esperaba que pusiera a las leyes de prensa panameñas a la altura de las normas internacionales.

Pero el proyecto de ley nunca fue entregado ni en el 2000 ni en el 2001. De hecho, el gobierno consideró presentar un proyecto de ley que haría las leyes de prensa aun más restrictivas, aunque ninguna nueva restricción había sido propuesta formalmente a fines de año.

Como acontecimiento positivo, el gobierno aprobó una nueva ley de acceso a la información basada en una propuesta de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental internacional que tiene como meta combatir la corrupción. El proyecto de ley establece penas de hasta 2000 balboas (2000 dólares estadounidenses) y hasta el despido de empleados del gobierno que no divulgaran la información pública de manera oportuna.

El gobierno continúa usando demandas para atacar a los periodistas al acusar a los medios de entablar una campaña contra los funcionarios públicos. Hasta la presidenta Moscoso, junto con Winston Spadafora, ex ministro de Gobierno y Justicia y quien actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, introdujo una demanda penal por difamación. El 17 de septiembre, el semanario La Cáscara News publicó un fotomontaje que mostraba a Moscoso y a Spadafora ligeros de ropas y en una pose íntima. Varios empleados fueron detenidos brevemente y el 19 de septiembre el Ministerio de Gobierno y Justicia prohibió temporalmente el semanario por violar partes de las leyes de prensa que habían sido derogadas en diciembre de 1999, incluido el requisito de que las publicaciones brinden al ministerio datos tales como los nombres de sus redactores y sus asesores legales.

Mientras tanto, el Procurador General José Antonio Sossa de nuevo demostró ser un enemigo de la prensa. La edición del 3 de junio del diario La Prensa citó declaraciones suyas en las que decía: «Hay un aspecto criminal en el periodismo panameño que solo puede ser extirpado con la aplicación de leyes penales». El principal procurador continuó su crítica constante antes y durante una visita en junio a Panamá por parte de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el entonces relator especial para la libertad de expresión, Santiago A. Canton. Los delegados de la CIDH utilizaron el viaje, durante el cual también se reunieron con un indignado Sossa, para reiterar una petición previa de eliminar las disposiciones de «desacato» en Panamá.

Los periodistas panameños han tomado las calles para protestar por su situación. El 19 de marzo, luego de que dos de sus colegas fueran condenados a 18 meses de prisión, los periodistas desfilaron frente a la Corte Suprema. Sin embargo, en un país donde según algunos estimados un tercio de los periodistas enfrentan casos penales por difamación, la autocensura se ha hecho generalizada y hasta las mismas protestas han decaído.

El 22 de marzo, el principal diario de Panamá, La Prensa, fue sometido a lo que ha sido llamado un «golpe de directorio» por Ricardo Alberto Arias, canciller de la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares. El diario, creado en 1980 para luchar contra la dictadura militar, luego se convirtió en una espina en el costado de Pérez Balladares por su implacable periodismo de investigación contra los funcionarios del gobierno.

De acuerdo con contactos del CPJ, Arias persuadió a la mayoría de los accionistas del periódico a que lo eligieran como nuevo presidente. Anteriormente, Arias había convencido a la mayoría de los miembros del directorio a que votaran contra la renovación del contrato del periodista peruano Gustavo Gorriti, quien como director adjunto de La Prensa llevó al periódico a destapar escándalo tras escándalo acerca de la gestión de Pérez Balladares a fines de los años 90. Un miembro clave del equipo de investigación de La Prensa seguidamente renunció y otros en el periódico fueron pasados a cargos inferiores, con lo cual el otrora enérgico periódico se convirtió en la sombra de lo una vez fue.