PARAGUAY

Los periodistas paraguayos enfrentan uno de los entornos laborales más difíciles de la región, en el cual amenazas, ataques y demandas penales por difamación ocurren con frecuencia. Durante el 2001 la prensa paraguaya se mantuvo profundamente dividida entre el oficialista Partido Colorado y el opositor Partido Liberal. La prensa cubre la corrupción oficial pero las lealtades de los dueños de los medios a políticos y empresarios poderosos, aunado a la falta de equilibrio y veracidad, dañó la credibilidad de la mayoría de los medios locales.

El 16 de julio el presidente Luis González Macchi firmó la ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información. La ley intentaba regular el artículo 28 de la Constitución paraguaya, que dice que las fuentes públicas de información «son libres para todos». De hecho, la ley 1728 hace que sea extremadamente difícil para los periodistas obtener cualquier documento público y deja una peligrosa cantidad de discreción en manos del presidente y otros funcionarios.

Los periodistas también alegaron que los funcionarios públicos pueden aprovecharse de la ley para entorpecer o demorar las investigaciones de los periódicos acerca de la corrupción, y que los complicados trámites burocráticos obligatorios para obtener información oficial entorpecían la capacidad de los medios para difundir las noticias. Luego de duras críticas por parte de los medios y la sociedad civil, el presidente revocó la ley el 24 de septiembre.

Actualmente el Parlamento está estudiando un nuevo proyecto de ley que aborda el tema del acceso a la información. El proyecto de ley, elaborado en colaboración con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y otras asociaciones civiles, acortaría el tiempo de espera para obtener información oficial y establecería como requisito que toda la información sea entregada de manera gratuita.

El 20 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la ley 1682, cuya intención original era regular las actividades de las agencias de informes de créditos. Pero los periodistas alegan que no se distingue entre figuras públicas y ciudadanos particulares, lo que hace casi imposible vigilar las finanzas de los funcionarios gubernamentales. A finales de año el proyecto de ley, que eximía a la prensa de esos requisitos, llegó al Senado. Los senadores luego añadieron modificaciones que prohibían a la prensa publicar informaciones personales «sensibles» tales como creencias religiosas, raza y filiación política. Los periodistas paraguayos criticaron fuertemente los cambios.

Las disposiciones penales sobre la difamación fueron utilizadas durante el 2001 para asfixiar la crítica. Varios artículos del Código Penal establecen penas que van desde una multa hasta dos años en prisión por calumnia, difamación e injuria. Aunque los periodistas pocas veces son encarcelados por hacer su trabajo, se les ha ordenado pagar altísimas sumas por concepto de daños y perjuicios. En septiembre, por ejemplo, a Telmo Tomás Ibáñez Jara, corresponsal del diario de Asunción ABC Color en la ciudad de Concepción, se le ordenó pagar una multa de 19 millones de guaraníes (aproximadamente 4000 dólares estadounidenses) en relación con demandas penales por difamación introducidas por tres funcionarios de la ciudad. En noviembre la Corte de Apelaciones de Concepción revocó el fallo.

En abril, un juez ordenó al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, que pagara una multa de 470 millones de guaraníes (100 000 dólares estadounidenses) en una querella penal introducida en 1998 por el senador del Partido Colorado Juan Carlos Galaverna. El fallo se encontraba en proceso de apelación al momento de redactar este resumen. Otra demanda penal por difamación introducida contra Zuccolillo en mayo por el ex diputado del Partido Colorado Oscar González fue desestimada, según ABC Color.

En diciembre radioemisoras comunitarias alcanzaron una victoria importante cuando la Contraloría General dictaminó que ahora pueden pedir licencias a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sin tener que participar en una subasta pública, según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Paraguay continúa siendo un lugar peligroso para periodistas. En enero un pistolero no identificado asesinó al periodista Salvador Medina Velásquez. Su familia vinculó el ataque a sus reportajes sobre las pandillas criminales. A principios de año, la policía arrestó a cuatro sospechosos. En septiembre, un fiscal acusó a uno de ellos del asesinato de Medina y pidió que se le retiraran los cargos a los demás. Un tribunal halló culpables al sospechoso restante y lo sentenció a 25 años en prisión. Los familiares de Medina, sin embargo, piensan que los autores intelectuales del asesinato no han sido enjuiciados.

En mayo el periodista Séver del Puerto y su familia fueron amenazados de muerte, aparentemente por la investigación independiente de del Puerto acerca de la presunta participación de un ex ministro del Interior y varios jueces en un robo en el Aeropuerto Internacional de Asunción en el 2000. Debido a las amenazas, del Puerto y su familia se encuentran en la clandestinidad. El periodista luego fue ingresado en un hospital debido a que padecía una crisis nerviosa.

Los periodistas fuera de las grandes ciudades enfrentaron la mayor parte de los ataques y las amenazas. En noviembre, Vicente Risso, corresponsal de ABC Color en el departamento Presidente Hayes, recibió varias amenazas de muerte luego de tomar una foto de un funcionario local que utilizaba un vehículo público para campañas electorales, según el SPP. También en noviembre el corresponsal de ABC Color César Martínez informó que había recibido amenazas de muerte por parte de políticos del Partido Colorado debido a su crítica cobertura periodística, informó el SPP.