PERÚ

El estado de la libertad de prensa mejoró notablemente en Perú durante el 2001. La victoria del centrista Alejandro Toledo, quien derrotó al candidato izquierdista Alan García en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 3 de junio, devolvió la democracia al Perú, un país que sufrió 10 años de gobierno autoritario bajo el ex presidente Alberto K. Fujimori.

En junio, el siniestro asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue capturado en Venezuela y extraditado al Perú. Actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad y encara un sinnúmero de cargos entre los que se encuentran corrupción, fraude, lavado de dinero y tráfico de armas. Fujimori, quien permanece en exilio voluntario en el Japón, también encara numerosos cargos de corrupción en el Perú.

Durante el 2001, la aparición de los «vladivideos», una colección de cintas que Montesinos grabó secretamente, probablemente para extorsionar y sacar dinero a los que aparecen en ellas, estremeció al país. Las cintas surgieron por primera vez en septiembre de 2000 cuando el independiente Canal N transmitió un video en el que Montesinos sobornaba a un congresista de la oposición. Las grabaciones reivindicaron a la prensa independiente que, liderada por los diarios El Comercio, La República y Liberación, ha enfrentado hostigamiento y demandas por difamación por cubrir actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Fujimori.

Cada nuevo capítulo de los «vladivideos» revelaba las descaradas medidas que Montesinos y Fujimori tomaron para corromper la legislatura, la judicatura y los medios. Con la complicidad de los dueños de los canales de televisión, el par orquestó la cobertura de los medios para asegurarle a Fujimori un tercer período presidencial, considerado inconstitucional por muchos, en abril del 2000. Sus tácticas incluyeron sobornos, persecusiones judiciales, manipulación de la publicidad gubernamental, amenazas e incentivos tributarios. En un video dado a conocer en febrero, Montesinos presumía diciendo: «Están todos [los canales de TV] alineaditos. Todos los días tengo una reunión con ellos acá y planificamos lo que sale en los noticieros de la noche».

Varios dueños de los medios han sido acusados de crímenes que van desde el fraude y el tráfico de influencias hasta la conspiración para cometer delitos. En un grupo de «vladivideos», José Enrique Crousillat y su hijo José Francisco Crousillat, dueños de América Televisión Canal 4, pueden verse aceptando miles de dólares en efectivo de manos de Montesinos. En febrero, José Francisco Crousillat admitió haber recibido 9 millones de dólares de Montesinos a cambio de tener carta blanca para dictar el contenido de la programación del Canal 4 y así favorecer la candidatura de Fujimori. Tanto el padre como el hijo ahora son fugitivos. Los hermanos Samuel y Mendel Winter, propietarios minoritarios de Frecuencia Latina Canal 2, quienes conspiraron con Montesinos para arrebatar el canal a su dueño, el empresario de origen israelí Baruch Ivcher, se encuentran ahora en la cárcel.

Otro video, dado a conocer en febrero muestra al empresario Genaro Delgado Parker antiguo dueño de Red Global de Televisión-Canal 13, negociando con Montesinos el despido en 1999 del acérrimo crítico de Fujimori y periodista de televisión César Hildebrandt a cambio del apoyo de Montesinos en varias disputas legales sobre la propiedad del canal. Delgado Parker ahora enfrenta una investigación por conspirar para delinquir.

La campaña de difamación que el gobierno de Fujimori orquestó en contra de la prensa independiente y la oposición de 1998 a 2000 fue expuesta aún más en el 2001. La prensa chicha, un grupo de periódicos sensacionalistas que se deleitaba publicando acusaciones infundadas acerca de periodistas independientes y políticos de la oposición, llevó a cabo la campaña. En marzo, un juez prohibió a varios propietarios de periódicos sensacionalistas abandonar el país luego de que la investigación de un fiscal público diera a conocer pruebas de que el gobierno había financiado directamente a los periódicos sensacionalistas.

La complicidad de los medios de radiodifusión con el gobierno de Fujimori provocó un intenso debate nacional sobre qué acción tomar en contra de los propietarios corruptos de los medios y sus canales de televisión. Algunos, como el reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, propusieron darle el poder a la judicatura de revocar la licencia de los canales de televisión que apoyaron a Fujimori.

En diciembre, el gobierno de Toledo propuso la Ley de Modernización y Transparencia de los Servicios de Telecomunicaciones, la cual un subcomité del Congreso estudiaba al momento de redactar este resumen. Concebida para prevenir la manipulación y el abuso de los medios de radiodifusión, el proyecto de ley crearía una comisión de radio y televisión, compuesta de representantes del gobierno y la sociedad civil, para supervisar y revisar el proceso de entrega de licencias de televisión.

A pesar de las marcadas mejoras en el estado de la libertad de prensa, los ataques y las amenazas en contra de los periodistas continuaron en el 2001. Los periodistas del interior volvieron a correr los mayores riesgos. Asaltantes no identificados atacaron a Luis Samuel Zevallos Hidalgo, un periodista de la emisora Radio La Oroya en Yauli-La Oroya, en el departamento de Junín, aparentemente por haber transmitido una grabación donde se escuchaba a un funcionario local sobornando a un comerciante.