URUGUAY
Aunque Uruguay cuenta con una de las prensas más activas y diversas
de Latinoamérica, muchos periodistas dicen que su calidad se ha
deteriorado durante una recesión económica que ya lleva
tres años. Muchos periodistas han perdido sus empleos, mientras
que el aumento de la competencia con publicaciones extranjeras, el deterioro
del poder adquisitivo de los uruguayos y la reducción en publicidad
han agravado la crisis.
En un país donde muchas publicaciones dependen casi por completo
de la publicidad estatal, el drástico recorte del presupuesto destinado
a publicidad estatal ha golpeado a muchos medios de comunicación.
A los periodistas también les preocupa que las agencias y empresas
estatales sigan recortando la publicidad que otorgan a medios críticos
y que premien a los medios que les den una cobertura favorable.
El hermetismo de las leyes que rigen la banca y el sistema impositivo
son un serio obstáculo a la cobertura informativa de la corrupción,
dicen los periodistas. Los periodistas también plantean que, a
causa de los vínculos entre los propietarios de los medios y empresarios
presuntamente corruptos, se ha restringido la cobertura periodística
de los vínculos entre empresas uruguayas y operaciones de lavado
de dinero realizadas por empresarios argentinos. Muchos uruguayos sólo
se enteraron de las acusaciones viendo los canales por cable argentinos.
En otro ejemplo revelador, la Asociación de la Prensa Uruguaya
denunció a la televisora local Canal 12 a principios de septiembre
por censurar parte de un programa argentino en el que la diputada argentina
Elisa Carrió dio a conocer una operación de lavado de dinero
en la que supuestamente estaban implicadas empresas uruguayas.
Los periodistas también enfrentaron batallas en los tribunales
por informar sobre escándalos en el gobierno. El 30 de mayo un
tribunal de apelaciones revocó un fallo previo que ordenaba al
semanario Búsqueda que publicara una carta de María
Olmedo, una funcionaria de la Dirección General Impositiva (DGI)
que se sintió ofendida por un artículo de Búsqueda
que denunciaba presuntos actos de corrupción en la DGI. El tribunal
de apelaciones dictaminó que, como la noticia no mencionaba el
nombre de ningún funcionario de la DGI, el periódico no
tenía que publicar la carta de Olmedo.
Un proyecto de ley sobre el derecho a la información sigue estancado
en el Congreso uruguayo. Presentado en 1998, la ley garantizaría
el derecho a tener acceso a los documentos públicos mantenidos
en los archivos del gobierno y daría trato preferencial a las solicitudes
de información por parte de los medios.
Los radiodifusores desde hace tiempo han estado divididos respecto al
tema de las radioemisoras comunitarias. En la actualidad, más de
20 de ellas funcionan sin licencia en Uruguay. Las radios comerciales
reclaman que las radios comunitarias interfieren con sus frecuencias,
pero las radios comunitarias alegan que no pueden pagar el precio de las
frecuencias, las cuales actualmente son subastadas. En conversaciones
sin precedentes realizadas en octubre, representantes de ambos bandos
se reunieron con funcionarios de la URSEC, la agencia que regula las telecomunicaciones
en el país, para efectuar negociaciones preliminares en busca de
un marco legal en el cual las radios comunitarias puedan funcionar.