Ataques a la Prensa en 2001: VENEZUELA

VENEZUELA

Durante el 2001, simpatizantes del presidente Hugo Chávez Frías chocaron con la oposición por las medidas políticas y económicas del gobierno, mientras que en diciembre el sector empresarial hizo un llamado a manifestaciones callejeras en protesta contra leyes consideradas antiempresariales. La situación política de Venezuela parecía agravarse a finales de año, y la popularidad de Chávez iba en descenso.

Entre tantas tensiones, la antagónica relación entre los medios y el presidente empeoró. Aún cuando la prensa local puede reportar las noticias libremente, la retórica cada vez más dura de Chávez y una serie de perturbadoras acciones legales no auguran nada bueno para la libertad de expresión en Venezuela.

Chávez ha utilizado efectivamente a los medios de comunicación para fortalecer su popularidad y marginalizar a la prensa independiente. A través de cadenas, sus sumamente populares programas improvisados de radio y televisión, ha logrado conseguir apoyo, contado sus anécdotas diarias y criticado a sus adversarios —incluida la prensa, a la cual ha tildado de «medios de comunicación antisociales»—. Además, Chávez con frecuencia utiliza los medios públicos para promover su propia agenda y la de su partido, el Movimiento Quinta República (MVR).

El año pasado, durante una emisión del popular programa radial de Chávez, «Aló, Presidente», el presidente criticó a Elías Santana, coordinador de la asociación civil Queremos Elegir, presentador del programa radial «Santana Total» y columnista del diario caraqueño de El Nacional. En respuesta, Santana introdujo una demanda en la que pedía el derecho a la réplica en una emisión posterior del programa.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia negó la petición de Santana, dictaminando el 12 de junio que el derecho a la réplica tiene la intención de beneficiar sólo a aquellos individuos que no tienen acceso a un espacio público, no a profesionales de los medios. El tribunal a continuación sobrepasó los límites del caso y creó unos lineamientos para definir lo que constituye «información oportuna, veraz e imparcial». El derecho a la información «veraz» fue incorporado a la Constitución venezolana de 1999 a pesar de las objeciones de los medios.

Conforme al dictamen del Tribunal Supremo, los periodistas pueden expresar opiniones siempre y cuando éstas no constituyan insultos o descalificaciones «fuera de discurso, desconectadas o innecesarias con el tema objeto de opinión o información; ni de expresiones hirientes, insidiosas o vejatorias». Además, si una publicación dice ser independiente, pero la mayoría de sus columnistas se adhieren a la misma ideología, la publicación puede estar violando las nuevas normas. El fallo también permite la censura previa en algunos casos.

El 21 de julio la asociación de periódicos Bloque de Prensa Venezolano protestó la decisión del Tribunal Supremo en una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión seguía estudiando el caso a finales de año.

El 18 de octubre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) comenzó a investigar el canal de noticias Globovisión, para determinar si había violado las normas de radiodifusión al reportar noticias «falsas» durante un reportaje inexacto del 29 de septiembre que el canal rectificó ese mismo día. Conatel podría multar al canal o suspender su licencia temporal o permanentemente. El 29 de octubre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su preocupación acerca de la investigación y sostuvo que estaba basada en normas contrarias al principio de la libertad de prensa. El proceso continuaba a fines de año.

A finales de octubre, la Primera Conferencia Nacional de Comunicadores Populares, un evento que reunió a representantes de los medios comunitarios y que fue patrocinado por el partido del presidente Chávez, emitió alarmantes recomendaciones entre las que se encontraban «imponer censura a los medios amarillistas y medios nacionales que distorsionan la información veraz» y pedir a Conatel que sancionara aquellos programas cómicos que «deterioran la imagen del Presidente».