VENEZUELA
Durante el 2001, simpatizantes del presidente Hugo Chávez Frías
chocaron con la oposición por las medidas políticas y económicas
del gobierno, mientras que en diciembre el sector empresarial hizo un
llamado a manifestaciones callejeras en protesta contra leyes consideradas
antiempresariales. La situación política de Venezuela parecía
agravarse a finales de año, y la popularidad de Chávez iba
en descenso.
Entre tantas tensiones, la antagónica relación entre los
medios y el presidente empeoró. Aún cuando la prensa local
puede reportar las noticias libremente, la retórica cada vez más
dura de Chávez y una serie de perturbadoras acciones legales no
auguran nada bueno para la libertad de expresión en Venezuela.
Chávez ha utilizado efectivamente a los medios de comunicación
para fortalecer su popularidad y marginalizar a la prensa independiente.
A través de cadenas, sus sumamente populares programas improvisados
de radio y televisión, ha logrado conseguir apoyo, contado sus
anécdotas diarias y criticado a sus adversarios —incluida
la prensa, a la cual ha tildado de «medios de comunicación antisociales»—.
Además, Chávez con frecuencia utiliza los medios públicos
para promover su propia agenda y la de su partido, el Movimiento Quinta
República (MVR).
El año pasado, durante una emisión del popular programa
radial de Chávez, «Aló, Presidente», el presidente criticó
a Elías Santana, coordinador de la asociación civil Queremos
Elegir, presentador del programa radial «Santana Total» y columnista del
diario caraqueño de El Nacional. En respuesta, Santana introdujo
una demanda en la que pedía el derecho a la réplica en una
emisión posterior del programa.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia negó la petición de
Santana, dictaminando el 12 de junio que el derecho a la réplica
tiene la intención de beneficiar sólo a aquellos individuos
que no tienen acceso a un espacio público, no a profesionales de
los medios. El tribunal a continuación sobrepasó los límites
del caso y creó unos lineamientos para definir lo que constituye
«información oportuna, veraz e imparcial». El derecho a la información
«veraz» fue incorporado a la Constitución venezolana de 1999 a
pesar de las objeciones de los medios.
Conforme al dictamen del Tribunal Supremo, los periodistas pueden expresar
opiniones siempre y cuando éstas no constituyan insultos o descalificaciones
«fuera de discurso, desconectadas o innecesarias con el tema objeto de
opinión o información; ni de expresiones hirientes, insidiosas
o vejatorias». Además, si una publicación dice ser independiente,
pero la mayoría de sus columnistas se adhieren a la misma ideología,
la publicación puede estar violando las nuevas normas. El fallo
también permite la censura previa en algunos casos.
El 21 de julio la asociación de periódicos Bloque de Prensa
Venezolano protestó la decisión del Tribunal Supremo en
una petición presentada ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). La comisión seguía estudiando
el caso a finales de año.
El 18 de octubre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de
Venezuela (Conatel) comenzó a investigar el canal de noticias Globovisión,
para determinar si había violado las normas de radiodifusión
al reportar noticias «falsas» durante un reportaje inexacto del 29 de
septiembre que el canal rectificó ese mismo día. Conatel
podría multar al canal o suspender su licencia temporal o permanentemente.
El 29 de octubre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH manifestó su preocupación acerca de la investigación
y sostuvo que estaba basada en normas contrarias al principio de la libertad
de prensa. El proceso continuaba a fines de año.
A finales de octubre, la Primera Conferencia Nacional de Comunicadores
Populares, un evento que reunió a representantes de los medios
comunitarios y que fue patrocinado por el partido del presidente Chávez,
emitió alarmantes recomendaciones entre las que se encontraban
«imponer censura a los medios amarillistas y medios nacionales que distorsionan
la información veraz» y pedir a Conatel que sancionara aquellos
programas cómicos que «deterioran la imagen del Presidente».