Los periodistas, particularmente los de provincia, siguen preocupados por su seguridad física. El asesinato de Ricardo Gangeme, presidente y jefe de redacción del semanario El Informador Chubutense, el 13 de mayo en el poblado de Trelew, provincia de Chubut, no hizo más que corroborar sus temores. A fines de año, los investigadores se concentraban en la teoría de que a Gangeme lo asesinaron por sus reportajes sobre funcionarios locales.

En la provincia de Córdoba, un juez que investigaba los secuestros de bebés perpetrados durante la dictadura militar puso al desnudo una operación auspiciada por el gobierno provincial para espiar a medios locales, políticos, sindicatos y hasta a la iglesia católica. En mayo, cuatro miembros del servicio de inteligencia del ejército fueron implicados en el caso y despojados de sus cargos.

La organización argentina defensora de la libertad de prensa Asociación Periodistas documentó varios ataques más contra periodistas. Entre ellos están las amenazas en julio contra Cristian Alarcón, un reportero del diario bonaerense Página/12, quien investigaba a los servicios de inteligencia en la ciudad costeña de Mar del Plata. Alarcón recibió varias advertencias que le ordenaban acabar con sus pesquisas, y luego descubrió que algunos documentos le habían sido robados de su habitación de hotel.

El asesinato en 1997 del reportero gráfico José Luis Cabezas también ha enlutado a la prensa en Argentina. El 14 de diciembre, en el juzgado de apelaciones de Dolores, se inició el juicio de los hombres acusados de llevar a cabo el asesinato. Uno de los acusados era guardia de seguridad de Alfredo Yabrán, un millonario de vida recluida con supuestos vínculos con el hampa. Se informa que Yabrán estaba molesto porque Cabezas había publicado su fotografía en el semanario Noticias. Yabrán se suicidó en 1998, justo cuando la policía se aprestaba a arrestarlo por el asesinato de Cabezas.

El avance legal más importante de 1999 fue el esfuerzo por derogar las leyes de difamación criminal. De lograrse esto, Argentina quedaría con uno de los mejores marcos legales para el ejercicio de la libertad de prensa de toda Latinoamérica. En enero, Periodistas presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición en la que alega que la Corte Suprema de Argentina había violado tanto las leyes nacionales como las internacionales en tres fallos distintos relacionados con casos de supuesta difamación. Durante la audiencia del primero de octubre en Washington, el reportero investigador Horacio Verbitsky, vicepresidente de Periodistas y acusado en uno de los casos de difamación, propuso una resolución negociada con el gobierno de Menem.

Sorpresivamente, el gobierno aceptó las condiciones de Verbitsky y se comprometió a trabajar para derogar la ley argentina de difamación criminal y promover la introducción de las normas de «real malicia» y reproducción fiel. El criterio de «real malicia», que la Corte Suprema de Estados Unidos elaborara por vez primera en el caso de 1964 denominado New York Times Co. v. Sullivan, dispone que los querellantes están en obligación de demostrar no sólo que la información publicada es falsa, sino también que los periodistas sabían o debieron haber sabido que era falsa a la hora de su publicación. Las normas sobre reproducción fiel, que ya la Corte Suprema de Argentina ratificó en un caso que data de 1986, disponen que los querellantes no pueden demandar a los periodistas por reproducir con exactitud información obtenida de fuentes explícitamente mencionadas. Si bien la nueva ley se aplicaría solamente a los personajes públicos (la difamación en perjuicio de particulares aún se consideraría delito), ésta le proporcionaría garantías adicionales significativas a los periodistas argentinos.

El sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, se comprometió durante su campaña a eliminar la ley de difamación criminal que Menem usó en repetidas ocasiones para demandar a los periodistas. Luego de que de la Rúa asumiera el poder, el proyecto de ley fue colocado en la lista de casos pendientes ante la legislatura. El Senado sostuvo una audiencia inicial el 28 de diciembre; se espera que el proyecto se someta a votación a principios del 2000.

La apremiante necesidad de iniciar reformas legales queda corroborada por acontecimientos perturbadores en varios casos legales. El 8 de abril, la Cámara Cuarta del Juzgado de Apelaciones dictó sentencia condicional de un año de cárcel con multa de US$20 000 contra el periodista Eduardo Kimel, en un caso que data de 1995. El juez Guillermo Rivarola acusó a Kimel de insultarlo en un libro publicado en 1989, La masacre de San Patricio, que narra en detalles el asesinato en 1976 de cinco sacerdotes argentinos. El 10 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la absolución en 1996 de Verbitsky; del presidente de Página/12, Ernesto Tiffenberg; y del jefe de redacción, Fernando Sokolowicz, en un caso de difamación entablado por el ex presidente Menem.

Si bien la prensa argentina logró muchos avances bajo Menem, a muchos aún les preocupa la creciente concentración de medios de comunicación en pocas manos. Menem no ayudó nada cuando en septiembre incrementó el máximo de licencias de radio y televisión que puede tener un sólo individuo o una sola empresa, de cuatro a veinticuatro.

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