Bánzer, un general que encabezó un gobierno militar de 1971 hasta 1978, prometió públicamente respetar la libertad de prensa luego de su elección democrática como presidente en 1997; pero muchos periodistas locales se mantienen escépticos en cuanto a la sinceridad de su promesa.

En un ejemplo citado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, una organización gremial que representa a los medios de comunicación, el ministro del Interior Walter Guiteras dio órdenes a unos agentes gubernamentales de investigar y vigilar de cerca a los periodistas que informaban sobre un escándalo de drogas que involucraba a Marco Marino Diodato, esposo de la sobrina de Bánzer. Diodato, un ciudadano italiano contratado por las fuerzas armadas bolivianas como especialista en comunicaciones especiales y armas, fue arrestado el 17 de junio y acusado de ser el cabecilla de la Conexión de Santa Cruz, una red internacional de narcotraficantes. Una vez que perdió la simpatía del gobierno, Diodato lanzó acusaciones públicas de que el gobierno de Bánzer tenía intervenidos los teléfonos de las entidades de gobierno.

En respuesta a la creciente preocupación por las intervenciones telefónicas, una empresa estadounidense con sucursales locales se ofreció a examinar los sistemas telefónicos de los medios locales, para ver si de hecho estaban interceptados. El 12 de septiembre, los técnicos descubrieron micrófonos escondidos en la oficina del director del periódico La Razón y en las oficinas del presidente y vicepresidente de la cadena televisiva ATB. Tanto La Razón como la ATB son propiedad de Raúl Garáfulic, propietario también de Comunicaciones El País S.A., la mayor empresa multimedios en Bolivia. él le informó al Comité para la Protección de los Periodistas que no estaba claro si los micrófonos habían sido instalados por organizaciones de inteligencia dentro del gobierno boliviano o por narcotraficantes enojados por los reportajes críticos que publican sus medios sobre el tráfico de cocaína.

Bánzer se disculpó públicamente por un asalto policial, ocurrido el 21 de julio, a periodistas y reporteros gráficos que brindaban cobertura de una marcha de protesta convocada por la Central Obrera Boliviana en La Paz. Sin embargo, sus disculpas fracasaron cuando también advirtió a los periodistas que «fueran prudentes».  Las asociaciones de prensa y los sindicatos organizaron una manifestación contra Bánzer al día siguiente para hacer público su descontento.

Los periodistas bolivianos también se quejaron de la práctica del gobierno de colocar anuncios en aquellos medios de comunicación que publican reportajes favorables al gobierno.

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