Los intentos por reformar la ley de prensa de 1967, considerada 'antidemocrática y anacrónica' por reporteros locales, se estancaron en la Cámara de Diputados. Aunque la mayoría de los periodistas locales apoyan el proceso de reforma, también se oponen a una disposición que impone multas astronómicas por ofensas de difamación. De aprobarse dicha disposición, dejaría a los medios pequeños en peligro de caer en bancarrota por tan sólo un caso de difamación.

La prensa se encuentra dividida sobre el tema de las modificaciones propuestas a una ley que data de 1965. El nuevo proyecto de ley prohíbe a los funcionarios públicos dar a la prensa toda información que pudiera dañar la reputación, el honor o la privacidad de toda persona investigada por el gobierno hasta que no se haya emitido un veredicto final. Los funcionarios responsables de filtrar cualquier información se atendrían a despidos, cuantiosas multas, un máximo de dos años de prisión y una prohibición de ejercer empleo público por un lapso de tres años. El proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, y su votación ante el Senado sigue pendiente.

El diario O Estado de São Paulo, al describir las modificaciones, declaró que «es un precio que vale la pena pagar para fortalecer el derecho a la privacidad». El diario Folha de São Paulo, por otro lado, las calificó de «ley mordaza». Y la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), una agrupación de sindicatos de los medios de comunicación que controla asuntos de libertad de prensa, añade que la privacidad tiene ya suficientes garantías según las leyes brasileñas vigentes.

Los jueces brasileños, anticipando la aprobación del proyecto, han demostrado una tendencia cada vez mayor a restringir la cobertura de juicios. En noviembre, la Associação Nacional de Jornais, otro organismo pro libertad de prensa, denunció el fallo de un juez mediante el cual se prohibía a los periodistas del estado de Piauí publicar los nombres de los alcaldes y los municipios que estuvieran involucrados en demandas legales. En diciembre, otro juez prohibió al rotativo del estado de Amazonas A Crítica publicar información sobre una demanda por difamación entablada por un funcionario local contra el rotativo.

Por primera vez desde 1996, ningún periodista fue asesinado en el desempeño de sus labores en Brasil, pero los ataques físicos y las amenazas de muerte siguen siendo en exceso comunes, más en el interior del país. Hay informes que indican que Correio Popular, un periódico de la ciudad de Campinas, estado de São Paulo, ha recibido tantas amenazas de muerte que ahora publica todos los reportajes sobre tráfico de drogas sin firma. Políticos y empleados estatales en todo el país han amenazado a periodistas. En julio, por ejemplo, el legislador federal Eliseu Moura armó una balacera dentro de los estudios de Catedral, una radioemisora de la ciudad de Pirapemas, Estado de Maranhão, justo cuando Catedral transmitía un reportaje sobre irregularidades cometidas por la alcaldesa de Pirapemas, quien también es esposa de Moura. Varias personas resultaron heridas en el ataque, de acuerdo con la FENAJ.