En medio de la peor crisis
económica en la historia del Ecuador, los
periodistas locales no informaron de mayores impedimentos
para reportar las noticias, aunque la
difamación sigue siendo un delito que conlleva
penas de un máximo de tres años de
cárcel. El 30 de abril, el Congreso
anuló la exención de los pagos de
impuestos de valor agregado de que gozaban los
periódicos, según se dijo por el
estado desastroso de la economía. Aunque los
periodistas locales exigieron la derogación de
esta medida, seguía vigente a finales de
año.
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