Si por un lado el CPJ reconoce que la libertad de prensa requiere de una vigilancia constante y una defensa enérgica tanto en nuestro país como en el extranjero, dentro de los Estados Unidos contamos con los esfuerzos cabales y profesionales de organizaciones que centran su atención en el ámbito nacional, como la American Civil Liberties Union (Unión Norteamericana pro Libertades Civiles), la American Society of Newspaper Editors (Sociedad Norteamericana de Jefes de Redacción), la Electronic Frontier Foundation (Fundación Fronteras Electrónicas), la National Association of Broadcasters (Asociación Nacional de Empresas de la Radio y la Televisión), el Reporters Committee for Freedom of the Press (Comité de Reporteros pro Libertad de Prensa), y la Society of Professional Journalists (Sociedad de Periodistas Profesionales), entre otras. Recomendamos a los periodistas y otros investigadores los boletines e informes anuales de éstas y otras organizaciones afines, así como a los reportajes sobre asuntos de la Primera Enmienda que publican la American Journalism Review, la Columbia Journalism Review, Editor & Publisher, y otras publicaciones especializadas.

En cuanto a las políticas estadounidenses que afectan directamente la capacidad de los reporteros estadounidenses de trabajar de forma segura y legal en el extranjero, el CPJ trabaja con organizaciones periodísticas locales para implementar cambios constructivos.

La inquietud preponderante del CPJ dentro de Estados Unidos sigue siendo la seguridad de los periodistas inmigrantes, y los casos de periodistas asesinados por motivos relacionados directamente con su profesión. Como organización estadounidense que exhorta firmemente a los gobiernos de todo el mundo a investigar los asesinatos de periodistas locales y enjuiciar a los responsables, consideramos esencial insistir en pedir cuentas a nuestro propio gobierno cuando ocurren crímenes similares en nuestro país. Desde el asesinato ampliamente divulgado en 1976 del reportero Don Bolles, del Arizona Republic, por lo menos 11 periodistas más han sido asesinados en Estados Unidos por su trabajo. En todos los casos menos uno, las víctimas fueron periodistas inmigrantes que trabajaban en otros idiomas además del inglés. La mayoría de estos casos recibieron poca o ninguna atención nacional. En diciembre de 1994, el CPJ emitió un informe de 60 páginas sobre estos asesinatos titulado Silenced: the Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the United States (Silenciados: los asesinatos sin resolver de periodistas inmigrantes en los Estados Unidos).

Uno de los casos incluidos en ese informe fue el asesinato del jefe de redacción de El Diario-La Prensa, Manuel de Dios Unanue, quien murió abatido a balazos en un restaurante de Queens en 1992. El 17 de abril de 1999, Guillermo León Restrepo, el último sospechoso buscado por Estados Unidos en relación con el asesinato, fue arrestado en Colombia por acusaciones de enriquecimiento ilegal. Existen informes de que a Restrepo le pagaron para que asesinara a de Dios Unanue, y que recibió por ello US$50 000. Sin embargo, Estados Unidos no solicitará su extradición por haber asesinado a de Dios Unanue porque el tratado de extradición de 1997 que firmó Estados Unidos con Colombia no es retroactivo.

El CPJ se involucró en dos casos adicionales en Estados Unidos en 1999, ambos vinculados a reportajes sobre las comunidades inmigrantes. El 2 de febrero, una pandilla de hombres que blandían bates de béisbol irrumpió en el despacho del periódico de lengua Urdu, Sada-E-Pakistan, en Brooklyn, Nueva York, y propinaron una paliza al jefe de redacción, Shafqat Chughtai. Ya se arrestó y acusó de ordenar el ataque a un prominente propietario de una agencia de viajes pakistaní, a quien Sada-E-Pakistan había acusado de estafar a los imigrantes. El CPJ acompañó a Chughtai durante su audiencia inicial con la oficina del fiscal de Brooklyn y sigue pendiente de la investigación.

El CPJ también se involucró en el caso de Robert Friedman, un periodista investigador independiente radicado en Nueva York, quien recibió varias amenazas de muerte de figuras del hampa rusa que estaban enojados por los reportajes de Friedman. En junio de 1998, el FBI se comunicó con Friedman para informarle que «un personaje del hampa rusa» había pagado una elevada suma por asesinarlo. En febrero de 1999, frustrado porque el FBI no había tomado medidas adecuadas para investigar las amenazas, Friedman alertó al CPJ. Posteriormente, un supuesto hampón ruso llamado Vyacheslav Ivankov, quien había enviado a Friedman una tarjeta para el día de San Valentín con una amenaza de muerte desde una cárcel federal en el norte del estado de Nueva York, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Lewisburg, Pensilvania.

El 15 de marzo, el CPJ se reunió con el director adjunto del FBI, Lewis Schiliro, para conversar sobre las amenazas contra Friedman. El 19 de agosto, The New York Times informó que otro presunto mafioso ruso, Semyon Yukovich Mogilevich, había pagado US$100 000 para que eliminaran a Friedman. En una carta con fecha 26 de agosto dirigida a Schiliro, el CPJ le hizo constar su preocupación por la seguridad de Friedman.

Como parte de su campaña para borrar los estatutos de difamación criminal de los sistemas legales de las Américas, el CPJ ha manifestado su preocupación ante las autoridades estadounidenses porque unos 20 estados (incluido el Distrito de Columbia) aún consideran la difamación como delito. Dichos estatutos son a toda luz anticonstitucionales, y de usarse para entablar acciones legales contra los periodistas por sus labores, serían derogados por la Corte Suprema. El CPJ cree que las legislaturas estatales deberían purgar de sus códigos todos los estatutos de difamación criminal, para así dar el ejemplo a los países de las Américas y del mundo donde a los periodistas se les encarcela de forma habitual por lo que escriben.