Arzú, quien había recriminado a los periodistas que criticaron a su gobierno, bajó el tono de su retórica pero siguió socavando a la prensa por otros medios. Por ejemplo, se descubrió que un asesor especial del presidente estaba detrás de un programa radial que se dedicaba a desacreditar a periodistas y miembros de la oposición. (Ver el reportaje especial sobre el periodismo de la etapa posguerra en Guatemala y El Salvador en la página 35.)

En un país donde los recuerdos de la brutal guerra civil de 36 años todavía se mantienen vívidos, los reporteros por lo general evitan tocar temas vedados como los vínculos entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, y los periodistas reciben ocasionales amenazas. En mayo, el diario elPeriódico, de Ciudad Guatemala, informó que a dos de sus reporteros los había seguido un automóvil propiedad del destacamento de seguridad presidencial.

El juicio de dos hermanos acusados por el asesinato en 1997 del periodista Jorge Luis Marroquín Sagastume, director y fundador del semanario Sol Chortí, sirvió como recordatorio de que los ataques violentos aún pueden ocurrir en cualquier momento. El 21 de septiembre, Neftalí y José Gabriel López León fueron sentenciados a 30 años de cárcel. José Manuel Ohajaca, ex alcalde de Jocotán que supuestamente contrató a los hermanos López para asesinar a Marroquín como represalia por sus reportajes sobre la corrupción en el gobierno local, aún se encontraba libre; a finales de año se dijo que estaba viviendo en Los Angeles.

La prensa, estimulada por una sociedad civil cada vez más enérgica, está asumiendo un papel más vital en la vigilancia de los abusos del poder gubernamental en ese país. Aunque las organizaciones de medios de comunicación están intentando eliminar los sobornos, la corrupción dentro de los medios de comunicación siguió generando preocupación. Por eso, una asociación local de prensa llamada Asociación de Periodistas de Guatemala habló de la necesidad de establecer un código de ética profesional.

Si bien los medios impresos han comenzado a producir reportajes investigativos más críticos, el periodismo radial y el televisivo se han rezagado. El dinero es parte del problema: en un país donde la radio es el medio dominante, las radioemisoras cooperativas pequeñas no tienen recursos para participar en las licitaciones de frecuencias radiales, que se realizan a través de subasta pública. Los grupos indígenas también reclaman mayor acceso a los medios, y señalan que los acuerdos de paz de 1996 hacen un llamado a fijar frecuencias radiales y televisivas para programas en lenguas indígenas.