Los pocos periodistas independientes del país frecuentemente encaran presiones del gobierno. Sus teléfonos muchas veces están intervenidos, son ridiculizados por la prensa de la clase dirigente, y viven en estado de terror. Una periodista de televisión radicada en San Pedro Sula, Rossana Guevara, denunció que fue blanco de hostigamientos serios luego de investigar casos de corrupción gubernamental. En octubre, su perro fue envenenado, acto que la policía describió como premeditado. En julio, individuos no identificados intentaron secuestrar a otro periodista televisivo, Renato álvarez de Telenisa Canal 63, luego que éste informara sobre un posible golpe de estado.

«La situación se ha agravado», dijo Guevara en tono exasperado. «El derecho a la libre expresión no existe en Honduras, y sin prensa libre, no puede haber democracia». La difamación es una infracción que acarrea penas hasta de un año de cárcel, aunque no se informó de ningún caso en 1999. Según el artículo 323 del código penal, los periodistas que «ofenden al presidente de la República» pueden ser sentenciados hasta a 12 años de cárcel.