Por ejemplo, un nuevo proyecto de ley anticorrupción presentado por el gobierno del primer ministro Percival Noel James Patterson también limitaría la capacidad de los periodistas de escribir sobre la corrupción. Conforme al proyecto de ley, a los periodistas se les podría multar hasta US$12 250 y/o sentenciar a tres años de cárcel por publicar información sobre una investigación de corrupción en curso. Pese a que el proyecto se modificó después de que los medios reclamaran (inicialmente, la multa máxima era de US$25 000 y la sentencia máxima de 10 años de cárcel), la mayoría de los periodistas jamaicanos ven el proyecto como una posible mordaza para la prensa. En un inicio, se programó el debate en el Senado para diciembre, pero éste aún no se había realizado a finales de año.

La legislatura también estaba estudiando una nueva ley de libertad de información que se presentó por vez primera en 1995. Los periodistas locales argumentaron que la amplia gama de exenciones contenidas en el proyecto de ley, y que incluyen los memorandos del gabinete y todos aquellos documentos «que se podría esperar razonablemente surtieran efectos sustanciales sobre la capacidad del gobierno para manejar la economía», lejos de ampliar el acceso a la información, la anularían. Se esperaba una versión modificada de la ley a principios del 2000; mientras tanto, la Ley de Secretos Oficiales de 1911 sigue vigente.

La empresa Gleaner Company Ltd. prosiguió con su apelación de un veredicto por difamación de US$2,5 millones, que tuvo su origen en un reportaje de Associated Press de 1987 que fue publicado por dos de sus rotativos, el diario Gleaner y el tabloide vespertino The Star. El reportaje contenía acusaciones de que el ex ministro de Turismo Eric Anthony Abrahams había aceptado sobornos. Un panel de tres magistrados de apelaciones comenzó a ver el caso; ambas partes esperaban concluir sus argumentos a principios del 2000.

Los periodistas locales denunciaron que las estrictas leyes de difamación de Jamaica ocasionan cierto grado de autocensura. La difamación por lo general está clasificada como asunto civil, pero la Ley sobre el Libelo y la Difamación de 1961 impone penas de hasta tres años de cárcel.