1999 fue el año de la primera elección primaria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha dominado la política mexicana desde que se fundó en 1929. El 7 de noviembre, el ex ministro del Interior Francisco Labastida derrotó a Roberto Madrazo, gobernador del estado de Tabasco y candidato insurgente, en una reñida votación.

En general, la prensa cubrió las primarias sin problemas, salvo algunas denuncias de hostigamiento. Por ejemplo, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) comunicó que José Luis Hernández Salas, ex jefe de redacción del diario El Independiente, de Hermosillo, estado de Sonora, huyó a Estados Unidos después de que el gobernador del estado, Armando López Nogales, lo presionó para que brindara una cobertura favorable sobre Labastida. Después de que Hernández Salas rechazó la oferta que le hizo el gobernador de mandarle una inyección de publicidad oficial, informó CENCOS, el periodista enfrentó un hostigamiento sistemático que culminó en el allanamiento de su residencia y su oficina por la policía el 7 de septiembre.

CENCOS es parte de una comunidad creciente de organizaciones locales pro libertad de prensa que incluye a la Fundación Manuel Buendía, la Sociedad de Periodistas, y la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH). En noviembre, la Sociedad de Periodistas y la AMDH, junto con la organización Freedom Forum (radicada en Estados Unidos), fueron anfitriones de una conferencia sobre la ética y los peligros de cubrir las elecciones presidenciales del 2000.

A principios de año, la AMDH fundó la Comisión de Protección a Periodistas, encargada de investigar ataques a medios de comunicación. Tres de sus primeros cinco casos involucraron a periodistas que informaban sobre el tráfico de drogas: Benjamín Flores González, jefe de redacción de La Prensa, asesinado en San Luis Río Colorado, estado de Sonora, en 1997; Jesús Barraza, quien recibió numerosas amenazas luego de asumir la jefatura de redacción de La Prensa, y quien más tarde fundó un semanario llamado Pulso, en esa misma ciudad; y Sergio Haro, jefe de redacción del semanario Sietedías, de Mexicali, quien fue amenazado después de dar a conocer la puesta en libertad de Jaime González Gutiérrez, el hombre acusado de matar a Flores González. A González Gutiérrez se le liberó repentinamente y sin explicación el 5 de marzo, pese a que había pruebas contundentes que apuntaban a su complicidad en el asesinato.

Aunque el gobierno federal creó una unidad de protección para periodistas dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ha hecho algunos esfuerzos por investigar los ataques a la prensa, la desatinada liberación de González Gutiérrez pone en tela de juicio el compromiso del gobierno mexicano para con la seguridad de sus periodistas.

Los periodistas que investigan la corrupción en las altas esferas del poder a menudo encuentran que el gobierno responde a sus esfuerzos con declaraciones oficiales aparentemente diseñadas para socavar la credibilidad de sus reportajes y exponerlos a las amenazas y la intimidación. En junio, por ejemplo, los periodistas mexicanos dieron cobertura a un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses que implicaba al político del PRI Carlos Hank González, y a sus hijos Carlos y Jorge Hank Rhon, en una operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero de gran envergadura. Las autoridades mexicanas declararon de inmediato que las alegaciones eran motivadas por intereses políticos y que tenían como finalidad abochornar al presidente Ernesto Zedillo.

La familia Hank es bien conocida dentro de los medios de comunicación mexicanos. Jorge Hank Rhon fue uno de los principales sospechosos en el asesinato de Félix Miranda, columnista para el semanario Zeta, de Tijuana, en 1998. Cada semana después del asesinato, Zeta ha publicado en una página entera la foto de Miranda y un pie de foto que reza: «Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me mató tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?»

Según un estudio encargado por el diario The Dallas Morning News y publicado en agosto, la mayoría de los reporteros mexicanos ven a los organismos gubernamentales como obstáculos, y no como posibles fuentes informativas. Informar sobre asuntos militares es particularmente difícil, y las oficinas de prensa gubernamentales suelen obstaculizar el flujo de información.

Si bien el estado ya no emplea los sobornos para controlar a la prensa, las organizaciones de noticias aún dependen del gobierno para sus espacios de anuncio pagados, sus concesiones de transmisión y su información. Pero incluso si la prensa aún no ha asumido el papel de vigilante independiente, está surgiendo una nueva generación de periodistas con mejor preparación, y éstos han comenzado a debatir la necesidad de establecer un código de ética.

Las publicaciones se están orientando más a lo comercial, y han comenzado a competir por los lectores. Guadalajara, por ejemplo, fue escenario el año pasado de una acalorada competencia entre un destacado rotativo llamado Público, y Mural, la flamante publicación que Alejandro Junco de la Vega acaba de añadir a su cadena de periódicos nacionales. En Ciudad México, el diario Reforma, también propiedad de Junco, compite con el resurgente diario El Universal y con el diario La Jornada, de tendencia izquierdista. Un periódico nuevo y a todo color, Milenio, hizo su entrada dentro de este abarrotado escenario el 1° de enero del 2000.