Las relaciones entre la prensa nicaragüense y el presidente Arnoldo Alemán llevan tiempo siendo tensas. Los periodistas dicen que Alemán tiende a impedirles el acceso y más cuando se trata de periodistas que investigan su conducta personal y lo acusan de enriquecerse a costa del país.

El gobierno de Alemán suele valerse de criterios políticos para determinar qué publicaciones recibirán los espacios pagados del estado. En 1999, un nuevo periódico llamado La Noticia, con menos del 2% de la circulación total de la prensa escrita del país, recibió casi un 25% de esos anuncios estatales. El diario La Prensa, en cambio, sufrió una auditoría que trajo como consecuencia multas para la empresa, que actualmente apela el fallo. Un reportero de La Prensa, Eduardo Marenco, cree que la auditoría fue «un castigo político por nuestros reportajes sobre lo que se presume es corrupción gubernamental».

La constitución dispone el derecho a la «información veraz» y describe el derecho de informar como una «responsabilidad social». Estas disposiciones teóricamente se podrían usar para restringir la libertad de prensa, mas hasta la fecha el gobierno no lo ha hecho.

Si bien la calumnia y la difamación se consideran delitos según el código penal del país, los fallos sólo establecen indemnizaciones monetarias y no sentencias de privación de libertad. Las demandas por difamación siguen siendo de carácter privado: el gobierno no tiene poder para proseguir con una demanda sin la aprobación de la parte afectada. Si bien este sistema se considera relativamente progresista si se mide por los criterios vigentes en Latinoamérica, se han oído rumores de nuevas leyes que impondrían multas más severas por difamación y que obligarían a los periodistas a colegiarse. Sin embargo, para finales de año no se había propuesto tal legislación.