CPJ ha descrito al gobierno de Fujimori como una «infotadura», en la que el poder se mantiene mediante el control de la información. Los organismos de inteligencia del gobierno se han valido de complots de asesinato, amenazas de muerte, intercepción de teléfonos, vigilancia y tácticas difamatorias para hostigar y amedrentar a los periodistas, y muchas veces forzarlos a exiliarse.

El poder judicial también opera bajo control de Fujimori, y se ha mostrado sumamente dócil a la hora de entablar acciones judiciales contra los periodistas. Un ejemplo claro fue el fallo de culpabilidad, el 18 de junio, de Julio Genaro Sotelo Casanova, ex gerente general del canal de televisión Frecuencia Latina-Canal 2, por acusaciones de fraude y alteración ilegal de documentos corporativos. Según fuentes del CPJ, el caso carecía de mérito alguno: era un ataque más en la campaña legal contra Baruch Ivcher, ex propietario del canal, que llevaba ya dos años. A Ivcher, inmigrante israelita que se había nacionalizado como peruano, se le despojó de su ciudadanía y, como resultado, perdió su derecho a ser propietario de un canal de televisión, después de que el Canal 2 transmitió una serie de reportajes investigativos perjudiciales al gobierno.

Otro ejemplo de las tácticas legales utilizadas por el gobierno contra los medios de comunicación fue la intimidación de que fue objeto la Asociación Prensa Libre, una agrupación de prensa. El gobierno acusó a Prensa Libre, sin ninguna prueba convincente, de falsificar documentos para sustanciar la acusación de que los servicios de inteligencia del Perú estaban emprendiendo una campaña de hostigamiento contra los candidatos de oposición en las próximas elecciones presidenciales.

Este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, árbitro de última instancia en asuntos legales interamericanos, admitió varias querellas contra Perú, entre ellas el caso de Ivcher. En julio, el gobierno de Fujimori respondió con un exabrupto, y tomó el paso sin precedentes de retirarse de la jurisdicción de la corte. En su editorial del 14 de julio, The New York Times describió la acción como «el equivalente internacional de llevarse las canicas y largarse uno para su casa».

Mientras tanto, la campaña de difamación contra la prensa independiente lanzada en marzo de 1998, se extendió hasta 1999. Se lanzaron dos tabloides con nombres que ridiculizaban el del diario de oposición La República: Repúdica y Repudio. Los tabloides publicaron más que todo artículos calumniadores sobre el presidente de La República, Gustavo Mohme Llona, miembro de oposición del Congreso. El nombre de otro tabloide difamatorio, La Gran Repútica del Sur, parodiaba el del periódico La Gran República del Sur, radicado en Puno. El quincenario Sólido Norte, que surgió en los departamentos norteños de La Libertad y Lambayeque a fines de año, no solamente atacaba a periodistas y a miembros de la oposición, sino que también elogiaba la labor de las autoridades de ambas regiones.

Los reporteros peruanos revelaron que Héctor Ricardo Faisal, director de una página difamatoria en la Red emitida desde Miami y llamada APRODEV, había prestado servicios anteriormente como segundo teniente en el ejército argentino; había sido nombrado sujeto de una orden de arresto internacional emitida por el gobierno argentino; y había mantenido lazos estrechos con los servicios de inteligencia peruanos. Con todo, un juzgado peruano rápidamente desestimó una querella por difamación entablada contra Faisal, alegando que los artículos contenidos en su página electrónica eran reimpresiones de artículos que ya se habían publicado en los tabloides locales.

Desde que el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, instigó el caso contra Faisal, su correo electrónico ha sido blanco regular de sabotajes. El director de la organización pro libertad de prensa, Jorge Salazar Cussiánovich, recibió una amenaza de muerte por teléfono.

En el transcurso de los meses subsecuentes, surgieron nuevas pruebas de que el gobierno había plantado los artículos difamatorios en los tabloides. Varios ex jefes de redacción y reporteros de un tabloide limeño llamado El Chato, que atacaba frecuentemente a los periodistas, divulgaron que muchos de los reportajes de primera plana los había presentado un publicista de Fujimori. El 27 de octubre, Hugo Borjas, uno de los periodistas que sacó esta información a la luz pública, fue secuestrado por un lapso de tiempo breve por individuos no identificados.

En un país donde cerca del 98 por ciento de la población mira la televisión, uno de los factores cruciales para la estrategia reeleccionista de Fujimori estriba en el control de las transmisiones televisivas. Durante los últimos dos años, el gobierno ha clausurado exitosamente a todos los programas de tenor crítico. Fuentes locales califican la presencia televisiva de Fujimori de «abrumadora», y algunos intentos recientes de desafiar al presidente en la televisión han costado caro. Después de que Genaro Delgado Parker, empresario y ex presidente de la Asociación de Radio y Televisión de Perú, denunció el control que ejerce el gobierno sobre la televisión peruana, se emitió una orden de arresto nacional e internacional en contra de él por haber faltado a una cita en los juzgados.