Las Américas
República Dominicana
Los periodistas dominicanos informaron de pocas restricciones a la libertad de prensa el año pasado. Sin embargo, dos importantes acontecimientos generaron preocupación entre los medios de prensa locales.

En septiembre, la junta electoral aprobó una resolución que imponía restricciones a los anuncios de campaña para las elecciones presidenciales, programadas para mayo del 2000. La resolución disponía que las organizaciones de noticias aceptaran controles a los precios de los anuncios, y les negaba además el derecho de rechazar anuncios a su propia discreción. Algunos periodistas locales vieron con óptica favorable esta ley, porque también impide a los periódicos cobrar los espacios de anuncios con distintas tarifas para los diferentes candidatos.

Otra resolución, aprobada en julio por la Comisión Nacional de Presentaciones Públicas, requería que los presentadores de informativos y otros periodistas se acreditaran ante la Comisión antes de salir al aire por radio o televisión. Para fines de año, este nuevo reglamento se había utilizado para impedir la salida al aire de 24 periodistas. Las organizaciones de prensa locales han condenado la resolución, y la han calificado de inconstitucional.

En República Dominicana, la difamación es un crimen que conlleva penas de hasta seis meses de cárcel. En 1997, el código penal se enmendó para incluir una prohibición a la publicación de «montajes» de la imagen de individuos, o de citas textuales sin el consentimiento del individuo, salvo cuando el producto se identificara claramente como montaje. Este «delito» conlleva penas de hasta dos años de cárcel.

El juicio criminal de Mariano Cabrera Durán, quien estaba acusado de asesinar al reportero Luis Orlando Martínez en 1975, estaba programado para iniciarse en octubre, pero sufrió demoras por cuestiones de procedimiento. El año terminó sin que se hubiera fijado aún fecha nueva para el juicio. Martínez, quien trabajaba para la revista Ahora, fue asesinado después de publicar artículos que criticaban al entonces presidente Joaquín Balaguer. Varios ex miembros de las fuerzas armadas han sido implicados en el asesinato, incluidos tres ex generales: José Isidoro Martínez, Salvador Lluberes Montás, y Joaquín Antonio Pou Castro. Los tres fueron encarcelados pero posteriormente se les liberó por motivos de salud. El general Martínez murió tiempo después.