La autocensura está muy arraigada en el periodismo surinamés. Las cinco estaciones de televisión privadas transmiten programas de entretenimiento principalmente. Las dos estaciones de propiedad estatal se ciñen a la línea oficial. Hay poca información pública disponible, y también corren rumores de que a algunos periodistas se les ha sobornado para amansarlos.

Aquellos periodistas que se atreven a criticar al gobierno reciben rutinariamente llamadas amenazantes, pero el hostigamiento oficial se intensificó una vez que comenzaron las protestas. El 28 de mayo, agentes de seguridad lanzaron gases lacrimógenos e insultaron a los periodistas que cubrían una multitudinaria protesta en la capital, Paramaribo. Los agentes arrestaron también al reportero holandés Armand Snijders, alegando el improbable cargo de haberse robado un televisor. Lo liberaron diez horas más tarde.

Al gobierno parecen haberle molestado en especial las transmisiones en vivo de las manifestaciones. Durante un encuentro con los directores de radioemisoras y estaciones de televisión locales en mayo, el vicepresidente Pretaap Radhakishun advirtió que las transmisiones en vivo podrían surtir «un efecto inflamatorio». Dado que las licencias de transmisión otorgadas por el gobierno pueden ser revocadas si una empresa de medios de comunicación «instiga a la violencia», los periodistas locales interpretaron la advertencia como una velada amenaza de censura.

Existe una larga tradición de intolerancia para con los medios de comunicación en Surinam, nación regida por los militares hasta 1991. El gobierno actual fue electo democráticamente, mas entre sus funcionarios abundan antiguos oficiales militares. Con el advenimiento de las elecciones del 25 de mayo, algunos periodistas locales esperaban que el gobierno les sería más amistoso. Pero, al momento de escribir este informe, las autoridades seguían interpretando todos los reportajes de tenor crítico como «desestabilizadores y antigubernamentales».