Mocaltate Agencies, la mayor agencia publicitaria de Uruguay, ha sido acusada por periodistas de privar de anuncios gubernamentales a los medios de comunicación que critican al gobierno, y de dotar de favores a las publicaciones favorables al régimen. Los periodistas informan que si bien esta práctica se ha vuelto menos descarada, la autonomía de que gozan los organismos estatales de conformidad con el sistema legal imperante en el país dificulta eliminarla del todo.

La constitución prevé la libertad de expresión y de prensa, pero incluye limitantes por incitar a la violencia o por «insultar a la patria». El código penal dispone hasta tres años de carcel por difamación, desacato, y libelo sedicioso, con multas superiores si el delito se comete a través de escritos diseminados públicamente. En 1999 no se dio a conocer caso alguno de periodista acusado según estos estatutos.