Las Américas
VISTA PANORAMICA DE LAS AMERICAS

Por Marylene Smeets

Los gobiernos de varios países latinoamericanos tomaron medidas para poner sus leyes de prensa a la altura de las normas internacionales. Pero mientras la prensa latinoamericana continuaba denunciando actos ilícitos, su propia fuerza la expuso a una nueva modalidad de hostigamiento: las campañas de difamación.

Si bien los reporteros latinoamericanos se han vuelto sumamente hábiles en poner al descubierto actos delictivos, no pueden contar con que los tribunales investiguen, enjuicien y castiguen a quienes ellos denuncian. En la mayoría de los países, el sistema judicial es notoriamente débil; muchas veces no puede, o no está dispuesto a investigar los casos que se le presentan. El resultado es que los periodistas que denuncian la corrupción se convierten en blanco fácil. Dado que la cobertura periodística constituye una de las pocas sanciones eficaces contra el comportamiento delictivo en Latinoamérica, desacreditar a la prensa es una táctica excelente para los malhechores que deseen evitar tener que rendir cuentas.

A este hecho se atribuye el auge de una forma nueva de ataque contra los periodistas latinoamericanos que se disfraza de periodismo para difamar, o hasta hacer peligrar, a los reporteros. El caso más dramático se dio en Perú, donde se lanzó un alud de tabloides auspiciados por el gobierno y llenos de artículos difamatorios sobre los principales periodistas del país, con la única intención de socavar la confianza del público en los medios de comunicación. En Guatemala, los periodistas fueron blancos de una campaña de difamación transmitida a través de un misterioso programa radial (Ver reportaje especial en la página 35.) Y en Panamá, un grupo de poderosas figuras desató una campaña de difamación contra el principal medio de comunicación del país, La Prensa, y su editor Gustavo Gorriti, luego de que el periódico publicó reportajes que vinculaban al Procurador General de la Nación con el narcotráfico.

En estos tres países, los periodistas han ripostado utilizando su pericia investigativa para sacar a la luz pública los orígenes de las campañas difamatorias. Los periodistas peruanos presentaron evidencias contundentes de que los tenebrosos servicios de inteligencia del país estaban detrás de la campaña de difamación. Los periodistas guatemaltecos documentaron el hecho de que el programa radial había sido financiado por un asesor presidencial. Y los periodistas panameños respondieron intensificando sus investigaciones contra el poderoso grupo a cargo de la campaña contra Gorriti y La Prensa.

En todos estos países, las campañas de difamación anti-prensa cobraron auge porque el poder judicial local era débil, y porque no se ha elaborado un marco legal que rija las relaciones entre la sociedad y los medios de comunicación. No obstante, algunos países tomaron medidas para remediar estas deficiencias, con la asistencia y el apoyo particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Históricamente, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han servido de foro independiente para los periodistas que no han podido obtener justicia en sus propios países. Este año la Comisión ayudó a resolver varios casos en Argentina, y presionó para que se borrara del sistema legal argentino la difamación como delito. También remitió un caso peruano a la Corte Interamericana en Costa Rica. A finales de año, la Comisión seguía estudiando otros casos relacionados con los medios de comunicación, incluido un caso de intervención de líneas telefónicas en Perú. Y a raíz de la prohibición de El libro negro de la justicia chilena, supuestamente por amenazar a la seguridad del estado, un representante del gobierno chileno se presentó ante la comisión y reconoció la necesidad de reformar la anacrónica Ley de Seguridad del Estado de Chile.

Quizá la reforma legal más espectacular de 1999 fue la derogación parcial de las tristemente famosas Ğleyes mordazağ de Panamá, que durante mucho tiempo habían obstaculizado las labores de la prensa en ese país. La presidenta Mireya Moscoso se comprometió a derogar las leyes mordaza restantes para el verano del 2000.

Mas si por un lado algunos países liberalizaron sus leyes de prensa, otros tomaron medidas para imponer aun más restricciones a los periodistas. En Jamaica, una propuesta de ley dificultaría a los periodistas reportar sobre la corrupción dentro del gobierno. En Brasil, se aprobó una ley que castiga a aquellas autoridades que den información a la prensa. En Cuba, donde el gobierno ya tenía a disposición un arsenal de medidas legales para suprimir los reportajes independientes, cobró vigencia en marzo una nueva ley que prácticamente prohibe la libre expresión. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba dispone condenas de hasta 20 años de cárcel por una serie de infracciones penales relacionadas con los medios de comunicación.

La violencia también sigue siendo motivo de preocupación, particularmente en Colombia, donde cinco periodistas fueron asesinados en el desempeño de sus labores en 1999. Sin embargo, informar sobre el tráfico de drogas y la protección oficial que le permite prosperar, es igual de arriesgado en otros países. Muchos periodistas publican este tipo de reportaje sin firma, y aquellos medios que informan sobre el tráfico de drogas han sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades fiscales o han sufrido amenazas e intimidación.

Para los periodistas latinoamericanos, el próximo desafío será ponerse a la altura de criterios profesionales más elevados. La creciente toma de conciencia sobre la desesperada necesidad que tiene el público de recibir reportajes verídicos y equilibrados, ha llevado a los periodistas de muchos países a emitir un llamado para establecer un código de ética profesional. Pero estas cuestiones son complejas, como descubrieron recientemente algunos periodistas colombianos cuando trataron de restar todo sensacionalismo al tema de la violencia y decidieron colectivamente publicar toda imagen violenta en blanco y negro. El plan se abandonó rápidamente, debido, según se informó, al descenso en los índices de teleaudiencia.

Las experiencias de los medios en Latinoamérica demuestran que los ellos se guían cada día más por factores de mercado, después de décadas de subsidios estatales. El resultado es que los medios han llegado a valerse cada día más de los contenidos sensacionales. Al mismo tiempo, aquellos propietarios de medios de comunicación que se acomodaron bajo el auspicio de sus respectivos gobiernos, se han visto obligados a hacer más eficientes y profesionales sus publicaciones. Muchos han contratado a destacados reporteros jóvenes, y se han distanciado de los gobiernos locales.

Desde el punto de vista de la libertad de prensa, la experiencia latinoamericana con la Internet ha tenido sus pros y sus contras. En Perú y Panamá, los enemigos del periodismo independiente han hecho amplio uso de la Internet para librar campañas de difamación contra medios de comunicación. De igual forma, la Internet también se ha utilizado para burlar la censura. Los reportajes de periodistas cubanos independientes se distribuyen mayormente en la Internet, y el libro prohibido El libro negro de la justicia chilena registró 20.000 visitas su primer día en la Red.

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