Los argentinos, de los cuales un 50 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza, salieron a las calles en repetidas ocasiones para protestar en contra de la incapacidad del gobierno para manejar una economía en decadencia. Las empresas de medios también han recibido un duro golpe. Una caída abrupta tanto en los ingresos por publicidad como en la circulación provocó que muchas publicaciones pequeñas y medianas dejaran de existir y también generó problemas financieros en algunas de las mayores editoriales, radioemisoras y canales de televisión del país.

Según Lauro Laiño, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), los medios impresos enfrentan un período sumamente difícil debido a los crecientes impuestos y a los costos más elevados en los insumos importados que generó la devaluación de la moneda. Laiño teme que la situación económica pueda eventualmente dañar la capacidad de los medios para cubrir las noticias con libertad. «La libertad de prensa no puede garantizarse sin libertad para imprimir publicaciones», expresó al CPJ.

Entretanto, Editorial Perfil, la editorial más grande en publicación de revistas de Argentina, se presentó en convocatoria de acreedores en diciembre del 2001 y al mismo tiempo peticionó a un juez para que anulara el estatuto de los periodistas argentinos, que dificulta a las empresas despedir a profesionales de prensa y exige a los empleadores que paguen paquetes indemnizatorios sustanciales en los casos de despidos injustos. Un juez dictaminó a favor de la empresa; y los trabajadores, por temor a quedar cesantes, convocaron a una huelga que culminó 23 días después, luego de que el Ministerio de Trabajo ayudara a negociar un acuerdo.

En un país en el cual prevalece la desesperanza y una total falta de confianza en las instituciones democráticas, la prensa continúa desempeñando un papel vital para dejar al descubierto la corrupción, denunciar la represión policial, y hacer públicas las historias de los ciudadanos más empobrecidos del país. En septiembre, María Mercedes Vázquez, reportera de LT 7 Radio Corrientes, reveló las transcripciones de escuchas telefónicas que había obtenido y demostró que varios funcionarios públicos podrían haber participado en una conspiración para deponer al gobernador de la provincia de Corrientes, en el noreste argentino. Debido a la labor periodística de Vázquez, el 6 de octubre un grupo de atacantes no identificados arrojó una bomba en su domicilio, pero no hubo heridos. Anteriormente, Vázquez había recibido amenazas de muerte y había sido golpeada por haber informado acerca de un activista político que había sido acusado de saquear comercios. La periodista cuenta con protección policial desde febrero.

El CPJ documentó un número creciente de ataques en contra de periodistas en el 2002. En una concentración política a favor del ex presidente Carlos Saúl Menem el 19 de noviembre, partidarios de Menem patearon y golpearon a tres periodistas de la estación televisiva Canal 13 de Buenos Aires. El 23 de noviembre, un legislador de una de las provincias del Sur argentino, Tierra del Fuego, amenazó e intentó atacar a un periodista después de que éste criticó el trabajo del congresista.

Un proyecto de ley que busca derogar las disposiciones penales relativas a la difamación y que fue elaborado por la organización local para la defensa de la libertad de prensa PERIODISTAS, quedó estancado debido a que el Congreso concentró la mayor parte de su tiempo en investigar a la Corte Suprema de Justicia, acusada por los legisladores de corrupción. Aprovechándose de la situación, los políticos entablaron diversos juicios por difamación en contra de periodistas y columnistas que habían investigado casos de corrupción.

A mediados de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió aceptar una demanda en favor de la revista de actualidad NOTICIAS, que había recibido un fallo condenatorio de la Corte Suprema el 25 de septiembre del 2001, por haber violado el derecho a la privacidad del ex presidente Menem al informar acerca de su relación extramatrimonial con una ex maestra de escuela. La CIDH continuaba analizando el caso a fines del 2002.

Otro proyecto que actualmente se halla en el Congreso agregaría tres artículos al actual Código Penal para sancionar penalmente la operación de emisoras de radio comunitarias que no posean permisos para transmitir. Muchas de estas emisoras han esperado recibir los permisos durante muchos años, pero el gobierno no ha respondido a sus reclamos. Algunas han continuado, de todos modos, en el aire. En ocasiones, los políticos han utilizado estas radios durante sus campañas políticas, y muchas emisoras reciben o han recibido publicidad del gobierno. En caso de aprobarse, la ley podría exponer a cientos de trabajadores de radioemisoras de todo el país a condenas de prisión.

El 17 de diciembre, Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín —uno de los conglomerados de medios más grandes de América Latina— fue arrestada por la supuesta adopción ilegal de sus dos hijos. Las acusaciones surgieron a partir de una investigación en curso sobre irregularidades en la adopción de menores durante la llamada «guerra sucia» argentina de los años 70 y 80, en la cual más de 30 000 personas murieron. Algunas fuentes sospechan que la detención pudo haberse producido como represalia por la cobertura que hiciera Clarín de un escándalo que involucró al ex presidente Menem, quien sufrió arresto domiciliario durante cinco meses por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno. Clarín calificó a la detención de Herrera de Noble como «abusiva, ilegal y con motivaciones políticas». El CPJ continúa investigando el caso.

El 23 de diciembre, un ex jefe de la policía local, Alberto Gómez, fue sentenciado a prisión perpetua por haber organizado el secuestro y asesinato del periodista José Luis Cabezas. Cabezas, fotógrafo de NOTICIAS, quien fue encontrado muerto el 25 de enero de 1997, en la ciudad de Pinamar, provincia de Buenos Aires, después de haber fotografiado a un empresario millonario a quien no le gustaba mostrarse en público y de quien se sospechaba era el jefe de la mafia argentina.