En febrero, la policía atacó a varios periodistas en la ciudad de Cochabamba durante manifestaciones de campesinos cocaleros, quienes han protestado durante casi dos años en contra de un programa de erradicación que es respaldado por los Estados Unidos y que destruyó la mayoría de los cultivos de coca de Bolivia. Ninguno de los periodistas recibió heridas graves. Pero en un país donde más del 60 por ciento de la población es indígena, la creciente desigualdad y una corrupción endémica han causado creciente inestabilidad social. En consecuencia, los campesinos cocaleros del Chapare, la principal región productora de coca del país, han amenazado verbalmente y hostigado a algunos periodistas porque los campesinos creen que éstos no están representando sus intereses en la prensa tradicional.

Entretanto, unas tres quintas partes de la población boliviana es analfabeta, según el Banco Mundial. Ello, junto con un alto índice de pobreza, son las principales razones que explican la baja circulación de medios impresos. Además, a los periodistas locales les preocupa que algunos empresarios y políticos explotan a las empresas de medios en beneficio de sus propios intereses, y que la concentración de la propiedad de los medios se está convirtiendo en un problema significativo en Bolivia. Por ejemplo, Raúl Garafulic Gutiérrez, presidente del grupo multimediático Illimani Comunicaciones, es dueño de cuatro periódicos —La Razón, Extra, Opinión y El Nuevo Día—, de la cadena de televisión ATB y del portal de Internet Bolivia.com. Garafulic es también el principal accionista de dos compañías de telecomunicaciones y el presidente de un fondo de jubilaciones (AFP Previsión). Periodistas independientes han criticado a Garafulic por comprar el 50 por ciento de la compañía de aviación estatal, Lloyd Aéreo Boliviano, en una venta secreta, y lo han acusado de usar su poder mediático para influir en la compra dándole una cobertura favorable en La Razón.

Por ley, los periodistas bolivianos deben tener título universitario y estar inscritos en el Registro Nacional de Periodistas. Sin embargo, el cumplimiento de esta disposición dista de ser estricto, y muchos periodistas trabajan en la prensa sin tener título. En los medios bolivianos, que en su gran mayoría son privados, muchos propietarios mantienen vínculos personales con la comunidad empresarial, por lo que a los periodistas a veces les resulta difícil cubrir las malversaciones empresariales.

A los organismos gubernamentales no se les exige divulgar la información al público, y los periodistas a menudo enfrentan dificultades para tener acceso a determinados datos, como los presupuestos y los gastos de viaje de los funcionarios públicos. Durante el 2002, el CPJ no documentó ningún procesamiento de periodistas derivado de su labor informativa, pero el Código Penal boliviano estipula estrictas sanciones penales por la comisión del delito de difamación, inclusive hasta la privación de libertad por dos años.