El asesinato en junio del reportero Tim Lopes conmovió a la nación y mostró los peligros que enfrentan los periodistas que cubren el crimen organizado en este país. Lopes, periodista de investigación de la cadena TV Globo y ganador de varios premios periodísticos, fue brutalmente asesinado por narcotraficantes mientras trabajaba en un reportaje en una de las favelas de Río de Janeiro.

El CPJ continúa dando seguimiento al caso de otro periodista asesinado, Domingos Sávio Brandão Lima Júnior, quien era propietario, director y columnista del diario Folha do Estado. Sávio Brandão fue asesinado por sicarios en el mes de septiembre.

Aunque los medios brasileños trabajan relativamente libres de la intervención del gobierno, varias decisiones judiciales han restringido la capacidad de la prensa para difundir noticias consideradas de interés público. Los procesamientos civiles y penales por difamación en contra de periodistas y de las empresas de medios han aumentado en los últimos años, según el grupo de propietarios de medios Associação Nacional de Jornais (Asociación Nacional de Periódicos). Con demasiada frecuencia, empresarios, políticos y funcionarios públicos acumulan juicios en contra de periodistas para presionarlos, poner a prueba sus recursos y forzarlos a detener sus críticas. Con frecuencia, los demandantes buscan sumas de dinero absurdamente elevadas como forma de reparar los «daños morales» que han sufrido. Y los jueces, cada vez con mayor frecuencia, admiten dichos juicios en los tribunales y dictan sentencias en contra de periodistas y empresas de medios.

Por ejemplo, a fines de octubre, Luís Nassif, periodista del diario Folha de S. Paulo, fue condenado por difamar a una empresa constructora. El caso surgió de un artículo de septiembre del 2000 en el cual Nassif informaba acerca de un dictamen de un tribunal superior en contra de la empresa, que había demandado a una companía de servicios públicos estatal por daños y perjuicios. Pasando por alto la pregunta acerca de si el periodista había tenido la intención de difamar a la empresa, el juez sentenció a Nassif a tres meses de prisión y le ordenó pagar una multa equivalente al valor de 10 sueldos mínimos. Posteriormente, el juez le conmutó la pena por trabajo comunitario. A fin de año, Nassif declaró que apelaría la sentencia.

Integrantes del Poder Judicial continuaron interfiriendo con los medios permitiendo la censura previa con el pretexto de proteger la privacidad y el honor. A lo largo del año 2002, jueces expidieron órdenes judiciales que prohibían que la prensa publicara cualquier tipo de información sobre demandas que involucraban a políticos y funcionarios públicos. En una decisión que causó conmoción general, un juez ordenó que los ejemplares de la edición del 24 de octubre del diario Correio Braziliense, con sede en Brasilia, fueran buscados y confiscados si contenían fragmentos de conversaciones que habían sido grabadas legalmente por la policía y que el diario había obtenido. Estas conversaciones supuestamente implicaban al gobernador del distrito federal Joaquim Roriz en actos de corrupción. Además, el juez ordenó que un funcionario del tribunal, acompañado por el abogado de Roriz, visitara las oficinas del diario y observara el proceso de edición del número del 24 de octubre para asegurarse que no publicara ninguna noticia acerca de las grabaciones.

En diciembre, la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado presentó un proyecto de ley, conocido por sus críticos como «ley mordaza», para prohibir que los funcionarios judiciales y de seguridad dieran información a la prensa que pudiera dañar la reputación, el honor o la privacidad de cualquier persona que fuera sujeta a una investigación. Quienes violen dicha ley deben enfrentar despidos, elevadísimas multas, hasta dos años de prisión y la prohibición de ejercer la función pública por tres años. Aun cuando el gobierno insiste en que el proyecto de ley busca impedir la revelación prematura de acusaciones no fundamentadas, muchos periodistas temen que la medida pueda inhibir las investigaciones de la prensa sobre corrupción, y argumentan que la reputación de una persona ya de por sí se halla bien protegida por la ley brasileña. El Senado en pleno aún no ha aprobado el proyecto de ley.