Medina, conductor del programa semanal de radio «La Patada», desde el cual denunció en repetidas ocasiones casos de corrupción política, fue asesinado a balazos por atacantes no identificados el 7 de julio del 2001. En septiembre del 2002, el presidente Abel Pacheco de la Espriella le pidió al Poder Judicial que acelerara la investigación sobre el asesinato y anunció que si no se lograban avances, buscaría ayuda en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

El 23 de diciembre, la policía arrestó en San José, capital de Costa Rica, al colombiano John Gutiérrez, quien permanece en prisión preventiva en relación con el caso Medina. Los investigadores creen que Gutiérrez, quien ha vivido como refugiado en Costa Rica desde 1999, podría haber actuado como intermediario en el asesinato. Gutiérrez niega las acusaciones. Información que se ha filtrado a la prensa de fuentes policiales sugiere que las autoridades están investigando a cuatro sospechosos y a un empresario que supuestamente había pagado a los sicarios 10 millones de colones (28 mil dólares estadounidenses) para cometer el crimen. A fin de año, el gobierno decidió que no convocaría al FBI.

Los periodistas costarricenses no se mostraron dispuestos a investigar el asesinato porque temen que la publicación de los resultados de sus investigaciones pueda exponerlos a procesamientos penales por difamación según el durísimo Código Penal del país. El CPJ publicó un artículo acerca del asesinato de Medina —que lleva por título «El Silencio» y fue escrito por la periodista costarricense Montserrat Solano Carboni— en la fecha del primer aniversario de su muerte.

El temor de los periodistas a ser acusados y sancionados no carece de fundamento. Mauricio Herrera Ulloa, periodista del diario La Nación, con sede en San José, fue condenado por difamación en 1999 por publicar información basada en acusaciones hechas por publicaciones europeas en contra del ex diplomático costarricense Félix Przedborski. Un tribunal de Costa Rica le ordenó a Herrera pagar una multa equivalente a 120 días multa, así como también las costas legales del demandante y 60 millones de colones (200 mil dólares estadounidenses) por concepto de daños y perjuicios. Después de varios procesos, Herrera Ulloa continúa apelando el fallo judicial. El 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió al gobierno del presidente Abel Pacheco un informe que presentaba las conclusiones y recomendaciones sobre el caso Herrera Ulloa y le solicitaba una respuesta en un plazo de dos meses. A fines de año, el gobierno aún no había respondido.

En septiembre, un grupo de directores de diarios y miembros del Colegio de Periodistas, presentaron varias propuestas ante la comisión legislativa que se formó luego del asesinato de Medina para revisar las leyes de prensa. La comisión estableció un subcomité para que estudiara las propuestas, pero el informe del subcomité, dado a conocer el 7 de noviembre, decepcionó a los periodistas costarricenses, quienes criticaron al subcomité por haber modificado las sugerencias de los periodistas de modo tal que las propuestas seguían incluyendo restricciones.