La represión estatal siguió siendo más cruenta en las provincias, lejos de la mirada de las corresponsalías extranjeras y los cuerpos diplomáticos con sede en La Habana. Aunque algunos periodistas independientes huyeron del país para escapar de la represión, otros permanecieron y continúan trabajando en condiciones muy duras. Pese a que las noticias de fuentes independientes no pueden circular dentro de Cuba, donde el gobierno controla todos los medios de difusión, los periodistas independientes informan a la comunidad cubana que vive en el extranjero y al mundo en general acerca de los acontecimientos locales que la prensa estatal decide ignorar.

Muchos medios extranjeros tienen corresponsalías en La Habana, pero es difícil saber qué efecto ha tenido la presencia de éstas en las acciones del gobierno en contra de la prensa independiente. Si bien los periodistas extranjeros pueden informar acerca de las violaciones de los derechos humanos, el gobierno ha calculado que puede influenciar la cobertura internacional y beneficiarse al aparentar tolerancia. No obstante, el gobierno a menudo somete a los corresponsales extranjeros a presiones sutiles y a veces no tanto. En el pasado, el gobierno ha acusado a periodistas extranjeros de «difundir insultos y mentiras contra la Revolución» y ha insinuado que podría cerrar corresponsalías enteras en vez de expulsar a los periodistas de forma individual. Los funcionarios del gobierno otorgan las visas a los periodistas extranjeros de forma selectiva, y excluyen a los que pertenecen a medios considerados hostiles, tales como el diario The Miami Herald. Algo aun más significativo es que los cubanos no tienen acceso a las noticias procedentes del exterior sobre su propio país.

En la más importante iniciativa que jamás se haya tomado para desafiar al régimen, una coalición de grupos de la oposición presentó en mayo el Proyecto Varela, consistente en una petición sometida ante la Asamblea Nacional en la cual se solicita la reforma de las leyes que violan los derechos humanos y otros derechos constitucionales. La Constitución cubana permite que las peticiones avaladas por las firmas de por lo menos 10 mil ciudadanos con derecho al voto, se presenten ante la Asamblea Nacional para su consideración. Los organizadores del Proyecto Varela reunieron más de 11 mil firmas y solicitaron un referéndum nacional con cinco propuestas, una de las cuales exigía el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Como respuesta, el gobierno en junio generó su propia iniciativa en respaldo a una reforma constitucional que hiciera que el sistema socialista de Cuba fuera «irrevocable».

Mientras que la reforma apoyada por el gobierno fue adoptada con celeridad, la Asamblea Nacional se ha negado a tratar el Proyecto Varela, el que ha recibido un generalizado respaldo internacional.

La Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, que fue fundada en el 2001 y es la más activa de tres organizaciones de periodistas independientes, siguió con su trabajo en el 2002 a pesar de la intimidación del gobierno. En marzo, la asociación se vio obligada a suspender temporalmente sus cursos de periodismo, luego de que a sus miembros se les impidiera el acceso a las oficinas de la organización. La asociación condenó el acoso y prometió continuar con las clases, cambiando de horario y de sede para evadir la vigilancia policial. A fines de diciembre, la asociación lanzó su revista, De Cuba, que publica artículos de periodistas independientes.

El periodista Bernardo Arévalo Padrón, en la cárcel desde 1997 por haber cometido «desacato» al presidente Fidel Castro y al miembro del Consejo de Estado Carlos Lage en declaraciones dadas a radioemisoras de Miami, fue trasladado en julio de un campamento de trabajo a la tristemente famosa prisión de máxima seguridad de Ariza. Arévalo Padrón continúa en prisión a pesar de que tiene derecho a la libertad condicional desde octubre del 2000, y su salud se ha resentido como consecuencia de su prolongado encarcelamiento. Durante un viaje de trabajo a Cuba en mayo, Clarence Page, miembro del directorio del CPJ y columnista del diario Chicago Tribune, visitó la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling y entregó medicamentos para Arévalo Padrón.

Carlos Alberto Domínguez, Léster Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera, periodistas que también son miembros activos de grupos de oposición, han estado en prisión desde inicios del 2002. El CPJ ha llegado a la conclusión de que estos periodistas fueron encarcelados debido a su activismo en favor de los derechos humanos, más que por su labor periodística. Un fiscal pidió al tribunal que condenara a Téllez Castro y a Brizuela Yera a seis y cinco años de prisión respectivamente. Se desconoce si se han formulado cargos en contra de Domínguez. Los tres periodistas han escrito cartas desde prisión en las que denuncian las durísimas condiciones carcelarias.

En diciembre, preocupado por la creciente popularidad de la revista trimestral Encuentro de la cultura cubana, publicada por un grupo de exiliados cubanos que viven en Madrid, España, el gobierno cubano acusó a la publicación de ser «una operación política del gobierno de los Estados Unidos». La revista sirve de foro para el debate cultural y político a los cubanos de la isla y los que viven en el exterior. Aunque la revista está prohibida en Cuba, sus ejemplares pasan de mano en mano y tienen una gran demanda.

El gobierno continúa negando los permisos de salida a los periodistas que han obtenido visas de gobiernos extranjeros para radicarse en otros países. A otros periodistas invitados a conferencias y seminarios se les ha dicho que solamente se les permitirá salir de Cuba si prometen no regresar nunca.

Jesús Joel Díaz Hernández, quien recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 1999 mientras estaba en prisión en Cuba, finalmente pudo recoger su distinción en la ceremonia de noviembre del 2002. Díaz Hernández fue sentenciado a cuatro años de prisión en 1999 por «peligrosidad» y fue liberado en el 2001, luego de una intensa campaña del CPJ y de otros grupos defensores de la libertad de prensa. Posteriormente Díaz Hernández viajó a los Estados Unidos como refugiado político.