La compleja red de relaciones personales y empresariales entre los dueños de medios y los partidos políticos continúa comprometiendo la independencia de los principales medios. El ex presidente Flores es dueño del diario La Tribuna, vocero del opositor Partido Liberal (PL). Jaime Rosenthal Oliva, empresario e influyente político del PL, es dueño del Canal 11 y del diario El Tiempo. Asimismo, el empresario y político del PL Víctor Bendeck Ramírez controla el Canal 13 y la emisora Radio Reloj.

El 10 de julio, en un anuncio publicado en El Tiempo, Canal 13 y Radio Reloj acusaron a funcionarios del gobierno de retirarles la publicidad estatal debido a la crítica cobertura informativa que dieron a un viaje secreto que el presidente Maduro hizo a Italia en el mes de junio.

En febrero Vera Sofía Rubí, ex contralora general, presentó una demanda penal contra la periodista Sandra Maribel Sánchez, directora de dos programas de radio semanales transmitidos por la emisora Radio América, de Tegucigalpa. Rubí acusó a Sánchez de «interceptación de llamadas telefónicas y violación de secretos» y de «ejercicio ilegal del periodismo». (De conformidad con la ley hondureña, los periodistas deben inscribirse en una asociación profesional llamada colegio. Sánchez es graduada de periodismo pero jamás se inscribió en el colegio de periodistas.)

La demanda contra Sánchez se produjo luego de que ella revelara en enero el contenido de una cinta de grabación, en la cual se escuchaba una conversación que Rubí sostuvo en 1999 con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Ávila Banegas. En la grabación, Rubí y Ávila hablaban sobre cómo influir en el resultado de varios casos de corrupción sonados. En el momento en que se dio a conocer la grabación, cuya autenticidad no fue cuestionada, Rubí era candidata a ocupar una plaza en la Corte Suprema. A fines de enero, el comité encargado de aprobar a los candidatos rechazó la candidatura de Rubí. Desde octubre, la demanda de Rubí contra Sánchez permanece estancada, y los colegas de Sánchez seguían presionando para obtener un fallo judicial.

Los periodistas hondureños siguen siendo vulnerables a los sobornos y demás presiones económicas debido a los bajos salarios que reciben. El periodismo de investigación es casi inexistente. Injuriar a los funcionarios públicos es un delito sancionable con hasta cuatro años de prisión (hasta seis años si se injuria al presidente), según el Artículo 345 del Código Penal.