Un factor que distinguió al 2002 fue el hecho de que algunos conflictos disminuyeron su intensidad en algunas regiones clave. El año anterior, por ejemplo, 37 periodistas habían caído en el cumplimiento de su deber —ocho de ellos mientras cubrían la guerra de Afganistán. La relativa tranquilidad de esa zona y los avances hacia la paz en el 2002 en Sri Lanka, Angola y otros países, redujo parcialmente el riesgo que enfrentan los periodistas locales y los corresponsales extranjeros que cubren conflictos violentos. Cisjordania fue una dramática excepción: tres periodistas fueron muertos por disparos provenientes de las Fuerzas de Defensa Israelíes, y varios más resultaron heridos.

Pero la guerra es sólo una de las amenazas que enfrentan los periodistas. La mayoría de los 19 comunicadores que murieron en el 2002 fueron blanco de ataques en represalia directa por la labor informativa que realizaban, por parte de los paramilitares colombianos, de funcionarios corruptos en las Filipinas y de otros que intentaron silenciar a periodistas a través de la intimidación y el asesinato. A fines del año pasado, la mayoría de los responsables de estas 19 muertes aún no habían sido enjuiciados —un saldo de impunidad que amenaza la libertad de prensa en todo el mundo—.

Por segundo año consecutivo, creció significativamente el número de periodistas que fueron enviados a prisión. A finales del año 2002, había 136 periodistas en prisión, un 15 por ciento más que al final del 2001 y un sorprendente 68 por ciento por encima del cierre del año 2000, en el cual solamente 81 periodistas estaban encarcelados. Por cuarto año consecutivo, China está a la cabeza de los países que encarcelan a periodistas, con 39 periodistas en prisión, cinco de ellos encarcelados en el 2002. En Eritrea, donde el gobierno proscribió la prensa privada una semana después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, 18 periodistas estaban presos. En Nepal, donde fueron encarcelados 16 periodistas, el gobierno justificó sus acciones represivas con el argumento de que era una respuesta necesaria ante la amenaza que representaban los rebeldes maoístas «terroristas».

Hasta el 11 de septiembre del 2001, el número de periodistas en prisión venía mostrando una tendencia descendente —de 129 en 1997, a 118 en 1998, a 87 en 1999, hasta 81 a fines del año 2000—. La fuerte presión de organizaciones internacionales, los medios y los gobiernos de todo el mundo, entre ellos el de Estados Unidos, probablemente es el factor responsable de este descenso. Los países que habitualmente encarcelaban a periodistas fueron aislados y excluidos. Sin embargo, Nepal y Eritrea, los que emprendieron su drástica campaña represiva contra la prensa a fines del 2001, han logrado escapar en gran medida a las críticas internacionales. Sin duda, el estigma que acompañaba al encarcelamiento de periodistas se ha disipado.

No obstante, la presión internacional puede haber desempeñado un papel importante en la adelantada liberación, a principios del 2003, de uno de los periodistas encarcelados. El periodista ruso Grigory Pasko recibió libertad condicional por buena conducta el 23 de enero, luego de cumplir dos tercios de su condena de cuatro años por traición. Pasko, quien había informado para la publicación militar Boyevaya Vakhta (Observador de batalla) acerca del daño ecológico causado por la marina rusa, había sido condenado por «traición en la modalidad de espionaje» por «tener la intención» de ofrecer documentos confidenciales a medios japoneses. El CPJ había realizado una intensa campaña a favor de la liberación de Pasko.

La prisión es la táctica más dura que usan de modo habitual los gobiernos para suprimir todo tipo de información crítica. En cientos de otros casos, todos documentados en este ejemplar, los periodistas fueron agredidos, censurados, hostigados y amenazados, sencillamente por realizar su trabajo.

Los periodistas fueron atacados en represalia por sus artículos acerca de la corrupción oficial: Irina Petrushova, directora de un periódico de temas económicos de Kazajstán, recibió una corona fúnebre y luego un perro decapitado para que desistiera de continuar investigando la corrupción gubernamental.

Otros periodistas fueron blanco de ataques por poner en evidencia las redes criminales de despiadados carteles de la droga: Tim Lopes, reportero investigativo brasileño, usó una cámara oculta para filmar la explotación sexual de menores en una favela de Río de Janeiro, pero fue agarrado por una banda de narcotraficantes, quienes lo golpearon, lo ejecutaron con una espada y lo quemaron.

Los comunicadores también fueron víctima de ataques mientras trabajaban para poner al descubierto las diversas conexiones del terrorismo internacional: Daniel Pearl, reportero del Wall Street Journal, esperaba reunirse con el líder de un grupo islámico fundamentalista en Pakistán y, en cambio, fue secuestrado, acusado de ser espía, asesinado, y su cuerpo desmembrado fue arrojado en una tumba a flor de tierra. Sus captores hicieron circular el video de su decapitación por la Internet para reclutar seguidores que lucharan contra los Estados Unidos y sus aliados.

Arrestos y juicios posteriores tal vez conduzcan a que se haga justicia en los asesinatos de Lopes y Pearl. Otro juicio por homicidio, sobre el espeluznante asesinato del destacado periodista investigativo mozambicano Carlos Cardoso, causó sensación en el 2002 por acusaciones que apuntaban a un complot en las altas esferas y que inclusive señalaban al hijo del presidente. El 31 de enero del 2003, un juez sentenció a seis acusados a prolongadas condenas de prisión por el asesinato de Cardoso y se comprometió a seguir investigando a fondo el caso.

Sin embargo, en la mayoría de los demás casos, las investigaciones oficiales sobre asesinatos de periodistas o bien no se abren o no se realizan a fondo. Dos testigos del asesinato, cometido en mayo del 2002, del editor y comentarista radial filipino Edgar Damalerio, identificaron a un agente de la policía como el autor, pero el agente aún no ha sido procesado. (Cuando este volumen era editado, un juez filipino ordenó el arresto del agente.) La impunidad es tan común en las Filipinas, Colombia y Rusia que en estos países los periodistas se resignan a perder varios colegas al año. En el 2002, dos periodistas cayeron en las Filipinas, tres en Colombia y tres en Rusia como consecuencia directa de su trabajo.

Y a ello se le suman los tres periodistas abatidos por fuego israelí en Cisjordania, donde los reporteros locales y extranjeros que cubrían ese conflicto —en particular la ofensiva militar de marzo lanzada por Israel en Cisjordania— informaron que las Fuerzas de Defensa Israelíes les dispararon a pesar de que estaban claramente identificados como periodistas. Israel también detuvo a varios periodistas palestinos, tres de los cuales permanecieron detenidos por varios meses antes de que los liberaran sin formularles cargo alguno. Los ataques y arrestos realizados por Israel, junto con las presiones de la Autoridad Nacional Palestina, colocaron a Cisjordania al frente de la lista del CPJ de los «10 peores lugares del mundo para ejercer el periodismo».

Las autoridades israelíes a menudo justificaron sus acciones aduciendo que eran necesarias para la seguridad nacional. Lo mismo hicieron las autoridades rusas cuando reprimieron duramente a los medios de prensa durante la crisis de los rehenes de octubre y después de la crisis, en la cual rebeldes chechenios ocuparon un teatro de Moscú donde unas 700 personas asistían a un espectáculo musical. El gobierno ruso amenazó o tomó medidas contra la prensa por entrevistar a participantes del asalto, por publicar la fotografía de una mujer asesinada por los rebeldes chechenios, y por mostrar por Internet una entrevista con los angustiados familiares de algunos de los rehenes. Luego de que las fuerzas de seguridad emplearan un gas narcótico e irrumpieran en el teatro —operativo que dejó como saldo la muerte de más de 120 civiles y de todos los rebeldes— el gobierno se impacientó con los medios que cuestionaron si el número de víctimas no pudiera haber sido más bajo. En noviembre, las protestas de periodistas rusos y de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa lograron que se diera marcha atrás a un conjunto de reformas que habrían impuesto límites sumamente rígidos a la cobertura informativa sobre el terrorismo y las actividades terroristas. Los periodistas esperan que el gobierno continúe debatiendo las restricciones en el 2003.

El inequívoco mensaje, tanto por parte de las autoridades israelíes como de las rusas, fue que en ciertos conflictos los medios no tienen pleno derecho a la información y al acceso que requieren para cubrir los acontecimientos, y que no cuentan con justificación para cuestionar los actos del gobierno. Tales argumentos se han puesto cada vez más de moda: los gobiernos de muchas partes del mundo han adoptado la retórica de la lucha contra el terrorismo para suprimir el periodismo independiente y las voces opositoras.

La «guerra contra el terrorismo» proclamada por el presidente estadounidense George W. Bush y declarada en las semanas que siguieron a los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos, dio fuerza al argumento. Aunque el gobierno de Bush se ha alejado de sus fuertes advertencias sobre el peligro de disentir, otros líderes se escudan en el argumento de la lucha contra el terrorismo para cometer actos represivos, e incluso en ocasiones describen a los periodistas críticos como «terroristas».

La guerra contra el terrorismo fomenta la represión de los medios de otro modo. Estados Unidos, por ejemplo, ha bajado el tono de la crítica a las violaciones de los derechos humanos y la libertad de prensa en países que son estratégicamente importantes para sus planes bélicos, como las naciones de Asia Central.

Eritrea casi no ha tenido que enfrentar críticas, a pesar de la dura represión de fines del 2001, en la cual se cerraron todos los medios independientes y se encarceló a 18 periodistas. Varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos visitaron ese país en el 2002, en busca de un lugar que pudiera servir de base al ejército estadounidense para sus acciones militares contra Iraq. En una de estas visitas, en diciembre, se le preguntó al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, acerca de los terribles antecedentes de Eritrea en materia de libertad de prensa. Eritrea, respondió Rumsfeld, «es un nación soberana, y ellos arreglan sus asuntos y resuelven sus problemas del modo que ellos crean es el apropiado para ellos».

La respuesta dejó pocas esperanzas de que la presión internacional pudiera lograr que el presidente eritreo, Isaías Afewerki, suavizara las restricciones contra los medios privados —o siquiera reconociera dónde están encarcelados los periodistas y las figuras de la oposición que se hallan incomunicados—.

Ningún caso de periodista atrajo tanta atención internacional en el 2002 como el secuestro y posterior asesinato de Daniel Pearl. Tras la muerte de Pearl, la seguridad de los periodistas se convirtió de nuevo en prioridad para las organizaciones noticiosas, especialmente las de Europa y Estados Unidos que tienen una amplia presencia en el extranjero y cuentan con elevados presupuestos para despachar a sus corresponsales a regiones en conflicto. Muchos medios compraron chalecos antibalas y enviaron a sus corresponsales a cursos de entrenamientos sobre cómo actuar en entornos hostiles. Los cursos duran por lo general una semana, son dirigidos por militares retirados y buscan sensibilizar a los periodistas acerca de los riesgos que pueden enfrentar en una zona de conflicto.

Las posibilidades de una acción bélica por parte de Estados Unidos contra Iraq generó un nuevo auge en los cursos de entrenamiento, esta vez con el objetivo de preparar a los periodistas para la guerra química y biológica. Y el ejército estadounidense brindó cursos de entrenamiento a una docena de corresponsales que estarían «integrados» a las tropas en el caso de una invasión a Iraq.

A medida que las organizaciones de noticias presupuestaban millones de dólares y negociaban con el ejército estadounidense para lograr acceso al campo de batalla en caso de conflicto, surgieron una serie de inquietudes, por ejemplo: ¿acaso el Pentágono censuraría los reportajes procedentes del frente?, y ¿cómo tratarían las tropas estadounidenses a los periodistas independientes que no estuviesen acreditados para viajar con ellas? Junto con la seguridad de los periodistas, el tema de la libertad de prensa en la zona del posible conflicto seguramente se convertirá en una prioridad clave para los periodistas en el 2003.

Ann Cooper es directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas. Antes de ingresar al CPJ en 1998, fue corresponsal en el extranjero de la cadena National Public Radio durante nueve años, en los que trabajó de jefa de corresponsalía en Moscú y Johannesburgo.