Las autoridades todavía no han aplicado la Ley 372, que entró en vigencia en abril del 2001 y que exige que todos los periodistas reciban autorización del Colegio de Periodistas de Nicaragua para trabajar en cualquier medio. La Corte Suprema de Justicia aún estudia un recurso por inconstitucionalidad de la ley, que fue presentado en junio del 2001 por periodistas y dueños de medios.

Cuando se les preguntó a los periodistas nicaragüenses acerca de los problemas más serios que enfrentan, ellos mencionaron la inestabilidad laboral, los bajos salarios, la falta de un código de ética y la polarización y politización de los medios. También se quejaron de la falta de acceso a la información pública y la cultura de silencio que prevalece en el gobierno.

A algunos periodistas les preocupa que el gobierno favorece con publicidad paga a los grandes medios respaldados por el gobierno de Bolaños y perjudica a los medios más pequeños que no tienen vínculos con el poder. Al mismo tiempo, una creciente crisis económica ha obligado a que los funcionarios reduzcan la publicidad estatal. El diario La Noticia, que a pesar de su baja circulación recibió un generoso monto por concepto de publicidad estatal durante el gobierno de Alemán, cerró sus puertas en septiembre, citando que no podía sobreponerse a sus enormes deudas y a la escasez de publicidad estatal y privada.

Un proyecto de ley que se propone mejorar el acceso a la información del gobierno y que Bolaños había enviado a la legislatura en marzo, avanzó muy poco en el 2002. A fines de año, el proyecto estaba estancado en la Asamblea Nacional.

Diputados del PLC presentaron dos propuestas legislativas que se consideraron restrictivas de la libertad de prensa y que fueron retiradas en octubre luego de protestas de los periodistas. Una de ellas, un proyecto de ley que «regula el delito de desacato a los órganos del Estado», contemplaba condenas de prisión de hasta cinco años por ofender en público a funcionarios gubernamentales, según noticias difundidas por los medios locales.

La prensa consideró a la segunda propuesta, la «ley de protección civil del derecho a la vida privada y familia, honra, reputación e imagen» como un intento de bloquear la cobertura informativa de ex funcionarios gubernamentales del PLC que eran objeto de investigación por su supuesta participación en casos de corrupción.

El 11 de octubre y a pedido de la Fiscalía General, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) clausuró abruptamente la radioemisora La Poderosa, aduciendo que su permiso para transmitir no había sido registrado correctamente y que la radio había adquirido equipo de transmisión sin pagar aranceles de importación. Aunque La Poderosa era conocida como la portavoz de una facción del PLC liderada por el ex presidente Alemán, los periodistas protestaron por la medida adoptada. Muchos creyeron que el gobierno no intentó agotar otras sanciones administrativas ni presentar cargos contra los dueños de la emisora y que, en cambio, utilizó tecnicismos para cerrar la radio. Los dueños de La Poderosa presentaron un amparo contra TELCOR ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que falló contra TELCOR el 25 de octubre y le devolvió el permiso a La Poderosa. Sin embargo, el tribunal ordenó que la emisora permaneciera con las puertas cerradas hasta que la Corte Suprema considerara el fondo de otro amparo presentado por los dueños de la radio contra TELCOR. A fines de año, la Corte Suprema aún no se había pronunciado al respecto.