La presión nacional e internacional obligó a la presidenta Mireya Moscoso a aprobar una ley de transparencia en enero. La legislación se basa en una propuesta de la organización no gubernamental anticorrupción Transparencia Internacional y exige multas de hasta 2000 balboas (2000 dólares estadounidenses) y el despido de los empleados gubernamentales que no entreguen la información pública oportunamente. No obstante, en junio el gobierno emitió un decreto que básicamente anulaba la ley al adjuntarle reglamentaciones que, entre otras cosas, eximen del escrutinio público datos sobre salarios, beneficios, gratificaciones y viáticos de los funcionarios. Las reglamentaciones también exigen que los solicitantes de información tengan algún tipo de relación con ella —lo cual en la práctica impide que la prensa y el público se aprovechen de la ley—. La Defensoría del Pueblo planteó un recurso contra el decreto ante la Corte Suprema, que a fines de año aún no se había expedido al respecto.

En marzo, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa unicameral de Panamá analizó un proyecto de ley por el cual sólo se reconocería como periodistas a los que poseen título universitario. El proyecto de ley, que continuaba en estudio a fines de año, también crearía el Consejo Superior de Periodismo, el cual emitiría carnés de identificación a los periodistas, proporcionaría credenciales a los corresponsales extranjeros y sancionaría a los comunicadores que violaran la ética periodística. El 9 de mayo, el CPJ envió una carta de protesta al titular de la comisión, Dennis Arce, y le manifestó su preocupación por el hecho de que la propuesta viola las normas establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Panamá ratificó en 1978.

El proyecto de ley se añade a una disposición vigente que exige que todos los presentadores de noticias de radio y televisión tengan un permiso. Para obtenerlo, ellos deben tener un título en alguna carrera afín o asistir a un curso de ocho meses en la Universidad de Panamá.

El gobierno, enojado por los numerosos reportajes que documentan el auge de la corrupción, el favoritismo y el nepotismo desde que Moscoso asumió el poder, trató de intimidar a los medios en el 2002, acusándolos de abusar de la libertad de prensa. Las autoridades, además, establecieron una nueva comisión que evaluará las leyes de prensa vigentes sin la participación de representantes de los medios.

Las disposiciones sobre la difamación se utilizan con abundancia en Panamá. Más de 90 periodistas del país —casi la mitad de la fuerza laboral de los medios— enfrentan procesos penales por injurias o calumnias que esperan una resolución. Y en el 70 por ciento de los casos, los funcionarios públicos que sintieron que su honor y su dignidad habían sido mancillados, fueron quienes entablaron las demandas.

Por ejemplo, después de una emisión del programa «TVN Noticias» en febrero de 1997, que contó con la alocución del abogado, columnista y periodista radial Miguel Antonio Bernal, el director de la Policía Nacional José Luis Sosa presentó una demanda por difamación contra el periodista, aduciendo que sus comentarios dañaban la imagen de la Policía Nacional. Conforme al Código Penal de Panamá, la difamación es sancionable con una pena de hasta dos años de prisión.

Bernal fue procesado el 27 de mayo de 1998 y posteriormente apeló el fallo. Luego de numerosas apelaciones, la jueza Lorena Hernández lo absolvió el 29 de mayo del 2002. La Procuraduría General a su vez apeló esta decisión, pero el Segundo Tribunal Superior de Justicia absolvió a Bernal el 27 de octubre.

Aunque este caso fue una significativa victoria para la libertad de prensa en Panamá, Bernal tiene una visión pesimista del futuro. «Creo que fui absuelto por el abrumador apoyo internacional que tuvo mi caso», comentó. En Panamá, agregó Bernal, «los poderes judicial, legislativo y ejecutivo son todos hostiles al concepto de libertad de expresión».