La prensa paraguaya continúa dividida por su sectarismo político. Empresarios y políticos son dueños de medios y los utilizan para beneficiar sus propios intereses. Según encuestas de organizaciones de la sociedad civil, sólo el 8 por ciento de los paraguayos creen que la prensa es confiable. El cinismo de la ciudadanía, combinado con la recesión, ha provocado una caída drástica en la circulación de la mayoría de los principales diarios. Debido a la crisis económica, inversionistas extranjeros compraron algunos canales de televisión, en los que cancelaron programas de noticias y los sustituyeron con programas de espectáculos. No obstante, los medios audiovisuales —en especial la radio, que incluye las emisoras comunitarias— cuentan con mayor diversidad que otros medios.

A medida que se acercan las elecciones de abril del 2003, el respaldo a la democracia en el país ha descendido, mientras que la aceptación ciudadana de candidatos con plataformas autoritarias ha ascendido. Algunos periodistas consideran que los medios han contribuido al desencanto con la democracia al hacerse eco de rumores y chismes y manipular y sensacionalizar las noticias para beneficiar a determinados partidos políticos.

Un proyecto de ley que fue presentado ante la Cámara de Diputados en agosto del 2001 y se propone mejorar el acceso a la información pública, quedó estancado en el 2002. El diputado Rafael Filizzola, el Sindicato de Periodistas del Paraguay y otras organizaciones de la sociedad civil redactaron el proyecto de ley. De acuerdo con algunos críticos, el proyecto es deficiente porque no obliga a las empresas privadas que ofrecen servicios públicos a entregar información.

En un acontecimiento que puede tener profundas repercusiones para la libertad de prensa y la campaña a favor de la despenalización de la difamación en las Américas, en junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) radicado en Washington D.C., presentó el caso de Ricardo Canese —ex candidato presidencial paraguayo que fue procesado penalmente y condenado por difamación— ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica. Es la primera vez que la Corte Interamericana decide conocer un caso de procesamiento penal por difamación.

La demanda penal contra Canese se remonta a agosto de 1992, cuando cuestionó al entonces candidato presidencial Juan Carlos Wasmosy sobre sus vínculos con el ex dictador Alfredo Stroessner, quien fue depuesto en un golpe incruento en 1989. En declaraciones efectuadas a la prensa local, Canese señaló que Wasmosy, quien luego se convirtió en presidente, era testaferro de Stroessner en la firma constructora CONEMPA, a la que se adjudicó el contrato para construir la gigante central hidroeléctrica de Itaipú en la frontera de Paraguay con Brasil. En octubre de 1992 varios socios de CONEMPA, a quienes Canese no había mencionado en sus declaraciones, lo demandaron por injurias y calumnia. En marzo de 1994, un juez sentenció a Canese a cuatro meses de prisión y le ordenó pagar una multa de 7500 dólares estadounidenses. En noviembre de 1997 un tribunal de apelaciones rechazó la apelación de Canese pero redujo su sentencia a dos meses de prisión y una multa de 600 dólares estadounidenses. En mayo del 2001, una sala de la Corte Suprema desestimó un recurso de revisión interpuesto por Canese.

La CIDH le ha pedido a la Corte Interamericana que declare que Paraguay violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de Canese, así como otros derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A fines del 2002, la Corte Suprema, temiendo un fallo contrario al Estado paraguayo, sobreseyó a Canese; aunque el caso continúa su curso ante la Corte Interamericana.

A principios de noviembre, después de que dos programas de televisión divulgaran el contenido de conversaciones telefónicas grabadas que supuestamente mostraban cómo altos funcionarios gubernamentales —inclusive el presidente González Macchi— intentaban influenciar decisiones judiciales, la oficina de prensa del gobierno distribuyó un comunicado en el que amenazaba con investigar a los canales de televisión y suspender sus concesiones para la transmisión de señales. Poco después, la oficina envió un segundo comunicado de prensa sin la amenaza, al parecer para anticiparse a las críticas públicas.

A fines de marzo, un tribunal confirmó la sentencia de 25 años de prisión contra Milcíades Maylin, delincuente local acusado del asesinato del periodista radial Salvador Medina Velásquez, hecho ocurrido en enero del 2002. Nunca se estableció el móvil del crimen y los familiares de Medina, que recibieron amenazas de muerte anónimas, creen que los autores intelectuales del asesinato del periodista no han sido enjuiciados. La familia de Medina está presionando para que se reabra el caso.