Durante el gobierno del mandatario Jorge Batlle, las presiones directas contra los periodistas y la prensa han disminuido en comparación con gobiernos anteriores. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación de la Prensa Uruguaya, la larga crisis económica ha forzado a las organizaciones de noticias a despedir a muchos periodistas. Algunos de los que continúan con empleo han debido recurrir a la autocensura para evitar perder el trabajo.

En un país donde muchas publicaciones dependen casi exclusivamente de la publicidad del gobierno, periodistas y dueños de medios están preocupados porque los organismos y las empresas estatales siguen negando publicidad a los medios críticos, a la vez que recompensan a los medios que les dan una cobertura favorable. Varias organizaciones de noticias han cerrado sus puertas en los últimos dos años, y los periodistas especulan que otras pueden imitarlas, lo cual limitaría aún más la diversidad de opiniones.

En octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre el derecho a la información que fue presentado por primera vez en 1996. La medida, que el Senado consideraba a fines de año, garantiza el acceso a documentos de gobierno, así como el derecho al acceso, sin que medie una orden judicial, a los registros públicos que contengan información personal. Dicha legislación se necesita de modo urgente en Uruguay, donde los organismos estatales tienen fama de negarse a entregar al público inclusive la información más básica. Algunos periodistas dudan que el Senado apruebe la ley con celeridad, y culpan a los políticos por la falta de interés y a las organizaciones de periodistas por no generar conciencia acerca de la importancia de esta ley.

Las radioemisoras desde hace mucho están divididas sobre el tema de las emisoras comunitarias: actualmente decenas de radios comunitarias funcionan sin el permiso para transmitir, a pesar de haberlo solicitado hace años. Las radios comerciales dicen que las radios comunitarias interfieren sus frecuencias, pero estas últimas plantean que no tienen los medios para comprar frecuencias, las cuales se subastan al mejor postor. En octubre del 2001 la URSEC, ente regulatorio de las telecomunicaciones, convocó a negociaciones sobre el tema. En noviembre del 2002, la URSEC envió una propuesta al Ejecutivo que tenía por objeto crear un marco legal en el cual pudieran operar las emisoras comunitarias. La propuesta continuaba en estudio a fines de año.

Uruguay todavía tiene varias leyes que restringen la libertad de expresión, entre ellas las disposiciones sobre desacato, que penalizan los insultos a funcionarios públicos. Además, varios artículos del Código Penal y de la Ley de Prensa prevén condenas de prisión por el delito de difamación, aunque el CPJ no ha documentado ningún caso reciente en que un periodista haya sido encarcelado conforme a estas disposiciones.