A lo largo del año, el presidente Hugo Chávez Frías y sus partidarios acusaron a la prensa venezolana de distorsionar los hechos y darle escasa cobertura a los logros del gobierno. En el programa semanal de radio y televisión de Chávez, «Aló, Presidente», el mandatario atacó a los medios con frecuencia. Además, Chávez utilizó las cadenas —sus transmisiones simultáneas por radio y televisión a todo el país— para contrarrestar la cobertura informativa de los medios privados, que estaba muy sesgada a favor de la oposición. Alentados por el discurso del presidente, los partidarios del gobierno hostigaron y atacaron a equipos de noticias.

Los medios privados continuaron adentrándose en la arena política, promoviendo sin ningún reparo las agendas de los partidos de oposición e ignorando el profesionalismo y el equilibrio. Debido a que los partidos opositores venezolanos están desacreditados o divididos, los medios han ocupado ese vacío y se han convertido en una poderosa fuente de oposición al gobierno.

Los acontecimientos de abril subrayaron los peligros para los periodistas que cubren la crisis política. El 11 de abril, luego de tres días de protestas de la oposición, el gobierno suspendió las transmisiones de los canales de televisión locales para emitir una intervención en cadena del presidente Chávez. Durante la intervención, los canales privados dividieron la pantalla para continuar mostrando las protestas. Molesto por esta decisión, Chávez ordenó el corte de las señales de los canales privados y los acusó de conspirar para derrocar a su gobierno. Cerca de la medianoche de ese mismo día, Chávez fue depuesto, y Pedro Carmona, presidente de la asociación empresarial más poderosa del país, fue designado para encabezar el nuevo gabinete, apoyado por sectores de las fuerzas armadas. Sin embargo, la noticia del golpe de estado ocasionó protestas de los partidarios de Chávez, y en 48 horas el presidente ya había sido restituido en el cargo por oficiales de las fuerzas armadas leales a él. Por lo menos seis fotógrafos recibieron heridas de bala mientras cubrían los violentos enfrentamientos que precedieron al golpe del 11 de abril. Uno de ellos, Jorge Ibraín Tortoza Cruz, veterano fotógrafo que llevaba 11 años trabajando en el diario caraqueño 2001, murió a causa de las heridas esa misma noche.

En los días que siguieron al derrocamiento de Chávez, los cuatro principales canales privados de televisión brindaron escasa cobertura de las manifestaciones a favor de Chávez. Los venezolanos tuvieron que depender de la CNN y de los canales colombianos y españoles de cable o satelitales para ver noticias sobre las protestas. Muchos periodistas venezolanos y extranjeros afirmaron que los ejecutivos de los medios privados habían actuado en connivencia para imponer un bloqueo informativo, siguiendo instrucciones impartidas por Carmona. A su vez, los ejecutivos de medios adujeron que no podían cubrir la noticia por temor a que los partidarios de Chávez, que habían hostigado a varios medios a principios de año, pudiesen atacar al personal o las sedes de los canales. Varios periodistas locales insistieron en que los acontecimientos se podrían haber cubierto sin exponer a los periodistas a riesgos innecesarios. Además, durante otras crisis y períodos de inestabilidad, los periodistas venezolanos no dejaron de proporcionarle información al público.

Durante el breve mandato de Carmona, las fuerzas de seguridad a sus órdenes hostigaron a periodistas de medios comunitarios partidarios del gobierno; mientras que el canal de televisión estatal, Venezolana de Televisión (VTV), fue sacado del aire en la tarde del 11 de abril después de haber sido ocupado por fuerzas policiales que se habían plegado al golpe. VTV permaneció cerrado hasta el 13 de abril, cuando partidarios del gobierno lo tomaron y lo volvieron a sacar al aire.

Preocupado por las consecuencias de los acontecimientos del 11 de abril para los periodistas, el CPJ envió una misión de investigación a Venezuela en mayo. Con la información recogida en encuentros con representantes de los medios y organizaciones de derechos humanos, el CPJ en agosto publicó un informe titulado «Carne de cañón», que describía el clima de polarización y politización en el cual trabajan los periodistas venezolanos. En más de una docena de entrevistas con el CPJ, varios periodistas contaron que estaban atrapados en medio del enfrentamiento entre Chávez y los dueños de los medios.

A principios de diciembre, durante una huelga general convocada por la oposición que paralizó a sectores clave del país, entre ellos la industria petrolera, partidarios del gobierno agredieron y hostigaron a varios periodistas y medios privados. En lo que parecieron ser acciones coordinadas y no protestas espontáneas, seguidores del gobierno rodearon las sedes de varios medios. Por otra parte, las fuerzas de seguridad agredieron a periodistas y fotógrafos o les impidieron realizar su trabajo. La mayoría de los diarios privados se adhirieron a la huelga y suspendieron su circulación por varios días.

A fines del 2002, cuando la huelga de la oposición se había extendido indefinidamente, tanto los medios privados como los estatales abandonaron completamente toda pretensión de objetividad y equilibrio y ofrecieron propaganda política en lugar de noticias, con lo cual pudieran haber minado las posibilidades de que se llegara a un acuerdo negociado a la crisis bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos.

El gobierno no tomó medidas enégicas para investigar las numerosas agresiones contra periodistas y medios en el 2002. La Fiscalía tuvo escasos resultados que mostrar en cuanto a las investigaciones que había realizado sobre las agresiones, incluso sobre el asesinato de Tortoza. Con frecuencia, los periodistas presentaron denuncias ante las autoridades, que nunca dieron seguimiento a las investigaciones iniciales. El fracaso del gobierno en investigar a fondo las agresiones ha fortalecido la impunidad que por tanto tiempo ha prevalecido en Venezuela, y ha alentado a los responsables de los ataques contra periodistas. Además, el gobierno venezolano no cumplió sistemáticamente con la adopción de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigían al gobierno, entre otras cosas, garantizar la protección de los medios de prensa amenazados e impedir las agresiones en contra de los periodistas.