Ataques a la Prensa   |   Argentina, Uruguay

Ataques a la Prensa en 2001: URUGUAY



URUGUAY

Aunque Uruguay cuenta con una de las prensas más activas y diversas de Latinoamérica, muchos periodistas dicen que su calidad se ha deteriorado durante una recesión económica que ya lleva tres años. Muchos periodistas han perdido sus empleos, mientras que el aumento de la competencia con publicaciones extranjeras, el deterioro del poder adquisitivo de los uruguayos y la reducción en publicidad han agravado la crisis.

En un país donde muchas publicaciones dependen casi por completo de la publicidad estatal, el drástico recorte del presupuesto destinado a publicidad estatal ha golpeado a muchos medios de comunicación. A los periodistas también les preocupa que las agencias y empresas estatales sigan recortando la publicidad que otorgan a medios críticos y que premien a los medios que les den una cobertura favorable.

El hermetismo de las leyes que rigen la banca y el sistema impositivo son un serio obstáculo a la cobertura informativa de la corrupción, dicen los periodistas. Los periodistas también plantean que, a causa de los vínculos entre los propietarios de los medios y empresarios presuntamente corruptos, se ha restringido la cobertura periodística de los vínculos entre empresas uruguayas y operaciones de lavado de dinero realizadas por empresarios argentinos. Muchos uruguayos sólo se enteraron de las acusaciones viendo los canales por cable argentinos.

En otro ejemplo revelador, la Asociación de la Prensa Uruguaya denunció a la televisora local Canal 12 a principios de septiembre por censurar parte de un programa argentino en el que la diputada argentina Elisa Carrió dio a conocer una operación de lavado de dinero en la que supuestamente estaban implicadas empresas uruguayas.

Los periodistas también enfrentaron batallas en los tribunales por informar sobre escándalos en el gobierno. El 30 de mayo un tribunal de apelaciones revocó un fallo previo que ordenaba al semanario Búsqueda que publicara una carta de María Olmedo, una funcionaria de la Dirección General Impositiva (DGI) que se sintió ofendida por un artículo de Búsqueda que denunciaba presuntos actos de corrupción en la DGI. El tribunal de apelaciones dictaminó que, como la noticia no mencionaba el nombre de ningún funcionario de la DGI, el periódico no tenía que publicar la carta de Olmedo.

Un proyecto de ley sobre el derecho a la información sigue estancado en el Congreso uruguayo. Presentado en 1998, la ley garantizaría el derecho a tener acceso a los documentos públicos mantenidos en los archivos del gobierno y daría trato preferencial a las solicitudes de información por parte de los medios.

Los radiodifusores desde hace tiempo han estado divididos respecto al tema de las radioemisoras comunitarias. En la actualidad, más de 20 de ellas funcionan sin licencia en Uruguay. Las radios comerciales reclaman que las radios comunitarias interfieren con sus frecuencias, pero las radios comunitarias alegan que no pueden pagar el precio de las frecuencias, las cuales actualmente son subastadas. En conversaciones sin precedentes realizadas en octubre, representantes de ambos bandos se reunieron con funcionarios de la URSEC, la agencia que regula las telecomunicaciones en el país, para efectuar negociaciones preliminares en busca de un marco legal en el cual las radios comunitarias puedan funcionar.

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