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El gobierno incauta dos televisoras y clausura una estación de radio

Nueva York, 8 de julio de 2008--Agentes del gobierno ecuatoriano incautaron dos estaciones de televisión privadas esta mañana y cerraron una estación de radio crítica el lunes en la noche. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por acusaciones que sugieren que estas acciones tuvieron motivaciones políticas.

Miembros de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), apoyados por decenas de policías, incautaron las oficinas en Quito de la televisora local Gamavisión y los locales en Quito y Guayaquil de TC Televisión, según informes de la prensa local e internacional. El gobierno explicó que las estaciones de televisión habían sido incautadas por sus supuestos vínculos con el Grupo Isaías, un conglomerado del cual eran dueños dos banqueros acusados de malversación a finales de la década de 1990, según informes de prensa. AGD, una agencia estatal que protege a los depositantes de bancos que cerraron o  quebraron durante la crisis financiera de la década de 1990, intervinieron hoy en más de 100 propiedades que tienen vínculos con el Grupo Isaías, informó The Associated Press. Los dueños actuales de las televisoras indicaron que no mantienen relaciones de negocios con los dos acusados de malversación, quienes son fugitivos, según la AP.

Valeria Mena, presentadora de Gamavisión, empezó el noticiero de esta mañana informando sobre la incautación pero en minutos el programa fue reemplazado con una comedia, informó la prensa. Según el diario La Hora, ambas estaciones interrumpieron hoy su programación de noticias. TC Televisión es la estación con mayor audiencia en Guayaquil, mientras que Gamavisión está entre las cuatro más sintonizadas en la región de Quito.

Los medios locales informaron que el Presidente Rafael Correa había reemplazado al vicepresidente de noticias y al gerente de ambas televisoras. José Toledo, un periodista y ex funcionario público cercano a Correa, fue nombrado vicepresidente de noticias para ambas estaciones. Toledo indicó a reporteros locales que el nombramiento se había hecho anoche durante una reunión en la residencia presidencial. Según Toledo, el Ministro de Economía, Fausto Ortiz, renunció durante esa reunión al oponerse a la decisión del gobierno.

Representantes de las dos televisoras declararon que las incautaciones constituyen un ataque contra la libertad de expresión, según informes de prensa. La acción del gobierno ocurre al tiempo que Correa busca apoyo para la nueva constitución que debe presentarse a votantes en un referendo más tarde en 2008. La propuesta de cambio de la constitución extendería los límites del mandato presidencial, aumentaría los poderes políticos del ministro de economía y ampliaría el control gubernamental de la producción de petróleo, informó Reuters.

Alejandro Ponce, un profesor de derecho de la Universidad San Francisco de Quito, indicó al CPJ que la ley ecuatoriana requiere que una entidad autónoma designada por un fideicomiso se haga cargo de la propiedad incautada. La decisión de Correa de remplazar al vicepresidente de noticias por un nombramiento político puede ser percibido como una forma de control gubernamental, señaló Ponce.  

Ponce sostuvo que la situación es complicada por la clausura el lunes de Radio Sucre, una estación de radio crítica con sede en Guayaquil.

"Estamos preocupados por las acusaciones en el sentido que el gobierno está utilizando un caso penal para cubrir el silenciamiento de medios audiovisuales privados", señaló el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. "Los ecuatorianos tienen el derecho a tener múltiples fuentes informativas y de opinión previo al crucial referendo constitucional. Instamos a las autoridades a permitir la programación de noticias en ambas televisoras y a dejar que Radio Sucre retome sus transmisiones".    

El lunes a las 10 p.m., representantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), acompañados por la policía, cerraron y sellaron las oficinas de Radio Sucre, según señaló el gerente de la emisora, Gabriel Arroba, al CPJ. Las autoridades se dirigieron luego a la torre de transmisión de la radio y confiscaron el equipo, impidiendo que la estación pudiera continuar al aire, aseguró Arroba.

Según Arroba, las autoridades de Conatel habían presentado a la radio una notificación de cierre el lunes más temprano, alegando que estaba usando una frecuencia que no había sido asignada. Arroba indicó que la ley garantiza a un medio 30 días de apelación a dicha notificación, y señaló que de inmediato envió a Conatel documentos que demuestran que a Radio Sucre le habían asignado la frecuencia.

Arroba señaló al CPJ que tras la muerte del periodista de Radio Sucre Raúl Rodríguez Coronel, ocurrida el 23 de junio, el dueño de la radio Vicente Arroba utilizó la estación para exhortar a los residentes de Guayaquil a asistir a una marcha contra el crimen en esa ciudad. (Vicente Arroba, el padre de Gabriel, es también concejal de Guayaquil). El sábado, durante un programa de radio, Correa criticó con dureza a Vicente Arroba, a quien llamó un hombre sin autoridad moral, según informes de prensa. Correa agregó que a la marcha la movían motivaciones políticas de la oposición.          

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