México

El debate comienza en México

Por Joel Simon/Director Ejecutivo

El mes pasado, el veterano reportero de la fuente policíaca, Armando Rodríguez, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez cerca de la frontera con Texas, un hecho que motivó nuevas reflexiones sobre la ola de violencia sin precedentes que acosa a la prensa en México. El brutal asesinato de Rodríguez también recibió cobertura periodística en los medios estadounidenses, incluyendo notas en The Washington Post y NPR

Según la investigación del CPJ, Rodríguez es el 24to  periodista asesinado en México en los últimos ocho años, al menos siete de ellos en represalia directa por su trabajo. Esta es una cifra que cualquiera podría asociar con una zona de guerra--, no una democracia vital como México.

El CPJ, y un conjunto de grupos de prensa internacionales y en México, ha insistido que el gobierno federal debe intervenir para ayudar en el tratamiento del problema. La libertad de expresión es un derecho humano básico, garantizado por la constitución mexicana. Pero es un derecho que los mexicanos no pueden ejercer en la práctica por el alto registro de violencia. Las autoridades estatales no han logrado procesamientos exitosos en ninguno de estos casos, algo que no sorprende dada la evidencia de complicidad con grupos de narcotraficantes locales. Este es un problema que está necesitando una solución federal.

Una delegación del CPJ planteó esta preocupación en reuniones con Calderón y representantes del Congreso en junio pasado. En las últimas semanas, el ejecutivo y el Congreso han elevado sendas propuestas para federalizar los delitos contra la libertad de expresión, una decisión aplaudida por el CPJ.      

En una reunión con una delegación del CPJ en junio, Calderón presentó una propuesta para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión dentro del contexto de enmiendas constitucionales pensadas para hacer frente a la violencia creciente que afecta a muchos sectores de la sociedad. Calderón mantuvo su promesa. Lea su propuesta aquí.

Si bien comprendemos el deseo del presidente de proteger ampliamente a todos los ciudadanos mexicanos, nos sigue preocupando el enunciado utilizado en el proyecto que le permitiría al gobierno federal intervenir cuando un delito tenga "relevancia social", ya su lenguaje demasiado impreciso podría ser mal interpretado y hasta abusado.

La propuesta del congreso tiene un enfoque diferente. Lea una versión oficial aquí. Cambiaría el código penal para que cualquier restricción del derecho de toda persona a la libertad de expresión se convierta en delito federal. La propuesta también reformaría la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra Periodistas convirtiéndola en una dependencia de la Procuraduría General de la República. La Fiscalía Especial, creada en febrero de 2006, ha sido ineficaz.

Estas dos propuestas ya han disparado un debate vigoroso y productivo sobre un tema de urgente importancia para México y los Estados Unidos. Es alentador que el presidente y el Congreso reconozcan la dimensión del problema y estén preparados para tomar acciones decisivas y tratar el tema. Sabemos que una ley no pondrá fin a la violencia, pero sí enviará un mensaje a los periodistas que sus líderes políticos reconocen la gravedad de la situación y que están trabajando para crear un sistema de responsabilidad política al nivel federal, algo que hasta el momento no existe.   

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