El 10 de febrero, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que no otorgar publicidad oficial a varias publicaciones de la Editorial Perfil por ser críticas del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituyó una violación a la libertad de prensa, según informes de la prensa local. Editorial Perfil es la mayor editorial de revistas del país.
El tribunal
le dio un plazo de 15 días al gobierno para la distribución de la pauta
publicitaria oficial en las revistas semanales Noticias y Fortuna, y en
el diario Perfil que se publica
sábado y domingo. En julio de 2006, Perfil
presentó un amparo
contra el Poder Ejecutivo, alegando que había sido discriminado por el gobierno
por su labor informativa crítica.
"Saludamos
el fallo como un paso adelante para poner fin a las prácticas discriminatorias
de Argentina en la distribución de la publicidad oficial", señaló Carlos
Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Instamos al
Congreso a promover legislación que limite la discrecionalidad del gobierno en
la distribución de los avisos oficiales".
La decisión
de la cámara, examinada por el CPJ, afirma que existió "una conducta
discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no
afectas al gobierno de turno". Según el fallo, "el tratamiento desigual con las
demás publicaciones -tanto las que dan a conocer su tiraje como aquellas que no
se someten a aquel control- supone una evidente violación del principio de la
libertad de prensa, que debe ser reparada de inmediato". El tribunal indicó que
sin los principios de igualdad y de libertad de expresión "no existe democracia
en el país".
La cámara
citó un fallo
de la Corte Suprema de Justicia que condenó a la provincia de Neuquén por
retirar publicidad oficial del diario Río
Negro como fundamento para su decisión. En el caso de Río Negro, el máximo tribunal afirmó que el gobierno no puede
cancelar la distribución de avisos
oficiales a la prensa de modo arbitrario.
Perfil y la
Asociación por los Derechos Civiles, una organización no partidaria que
promueve los derechos constitucionales, que había presentado un escrito legal
en apoyo a la empresa editorial, argumentaron que el gobierno manipuló la
distribución de la publicidad oficial en contradicción a las garantías a la
libertad de prensa en los Artículos 14 y 32 de la constitución argentina y del
Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según el informe anual del CPJ, Ataques a la Prensa en 2008, el gobierno
de Kirchner ha manipulado la distribución de la pauta oficial creando un
sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con
anuncios a los medios que apoyaron al gobierno.

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