Ataques a la prensa en el 2008: México

Poderosos carteles de la droga y de violencia creciente situaron los periodistas mexicanos en una situación de vulnerabilidad ante los ataques sin precedentes. El peligroso clima se agravó debido a la dominante cultura de impunidad. La mayoría de los casos de violencia contra la prensa permanecieron sin resolverse, mientras los organismos de seguridad, plagados de corrupción, no realizaron investigaciones exhaustivas sobre los ataques. Sin ninguna garantía de seguridad, los reporteros se autocensuraron en forma creciente para protegerse. Las investigaciones del CPJ mostraron que 24 periodistas han sido asesinados desde 2000, al menos 8 de ellos en represalia directa por su labor. Además, siete periodistas han desaparecido desde 2005.

La violencia vinculada a los grupos de crimen organizado y al narcotráfico aumentó vertiginosamente en los últimos tres años, a pesar de la decisión del Presidente Felipe Calderón de desplegar más de 25 mil tropas y policía federal para combatir el crimen. Los carteles de la droga mexicanos, incluyendo los carteles del Golfo y de Sinaloa, y numerosos grupos escindidos de los mismos, eclipsaron a las bandas de Colombia y se adjudicaron buena parte del control sobre las rutas clave de tráfico a los Estados Unidos.

Mientras la lucha se hizo más visible en los estados del norte de México, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua, la violencia se hizo sentir también en estados centrales como Michoacán y en los estados costeros sureños de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, todos corredores para el tráfico de drogas. Mientras persistían las luchas territoriales, la violencia se tornó cada vez más truculenta, con decapitaciones y mutilaciones. Más de 5 mil personas murieron en asesinatos vinculados a las drogas hasta diciembre, el doble de las registradas en el 2007, según cifras del gobierno. En un hecho que aterró incluso a aquellos habituados a la violencia, un supuesto sicario de un cartel asesinó a ocho personas arrojando granadas en una plaza llena de personas en la ciudad occidental de Morelia el 15 de septiembre, Día de la Independencia mexicana.

En abril, dos locutoras de una radio comunitaria, Teresa Bautista Merino, de años24, y Felicitas Martínez Sánchez, 20 años, fueron asesinadas cuando hombres armados dispararon al vehículo en el que se hallaban en Oaxaca, según informes de prensa. Las mujeres, también activistas a favor de los derechos de los indígenas y de su autonomía política, trabajaban como locutoras y reporteras en una emisora llamada "La voz que rompe el silencio". Las asesinaron cuando regresaban de un pueblo vecino en el cual se hallaban publicitando el lanzamiento de la emisora. El CPJ sigue investigando si el ataque estuvo relacionado con su labor como periodistas.

En septiembre, sujetos no identificados a bordo de una camioneta abatieron a tiros a Alejandro Zenón Fonseca Estrada, locutor radial en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, al sudeste del país, cuando se hallaba colgando carteles contra el crimen en una calle principal, según la prensa mexicana. A principios de ese mes, Fonseca anunció al aire un plan para colocar carteles como parte de una campaña contra la violencia.

Y en noviembre, un asaltante le disparó al menos ocho veces al reportero Armando Rodríguez cuando se hallaba sentado en su automóvil en el camino de ingreso a su casa en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. Su hija menor, Ximena, quien se hallaba en el vehículo en el momento del ataque fatal no recibió heridas. Rodríguez era un veterano reportero de la fuente policíaca y trabajaba en El Diario. El CPJ sigue investigando si el caso tiene relación con el trabajo periodístico.

Ninguno de los cuatro casos se hallaba resuelto hacia fines de año.

Los periodistas enfrentaron mayor número de ataques de personal militar y fuerzas de seguridad. En uno de los casos, tres reporteros del diario El Debate, radicado en Culiacán, capital de Sinaloa, indicaron que agentes de la policía federal los agredieron en mayo cuando intentaban informar sobre un nuevo puesto de control junto a una carretera. Un fotógrafo fue obligado a entrar a un vehículo policial y recibió reiterados puntapiés antes de ser liberado. En agosto, Jorge Insulsa Bustillos, reportero especializado en crimen del diario El Sol de Sinaloa, en Culiacán, alegó que personal del ejército mexicano lo había golpeado cuando fotografiaba un tiroteo.

Algunos periodistas optaron por abandonar el país. En junio, el periodista Emilio Gutiérrez Soto tomó a su hijo de 15 años y huyó de su hogar en Ascensión, en el norteño estado de Chihuahua. Gutiérrez, corresponsal de El Diario del Noroeste de Ciudad Juárez, había recibido varias amenazas de personal del ejército por sus artículos sobre supuestos abusos a los derechos humanos. Gutiérrez buscó asilo político en la frontera estadounidense; hacia fines de año, estaba recluido en un centro de detención para inmigrantes en El Paso, Texas, esperando una decisión de un juez estadounidense. Su hijo fue liberado en agosto y se le permitió permanecer en los Estados Unidos.

Alejandro Junco de la Vega, editor de varios periódicos, incluyendo Reforma, se mudó a Austin, Texas, en septiembre, tras decidir que la vida en la ciudad norteña de Monterrey ya no era más segura. En una carta al gobernador del estado de Nuevo León, Junco afirmó que "había perdido la fe" y necesitaba proteger a su familia de la violencia.

La ola de violencia contra los medios y el fracaso de las autoridades para investigar y procesar de modo efectivo los crímenes contra la prensa, impulsaron una misión de alto nivel del CPJ en junio. La delegación, integrada por miembros de la junta directiva y del plantel del CPJ, permaneció tres días en Ciudad de México, reuniéndose con Calderón, funcionarios del gobierno, líderes parlamentarios, editores, periodistas y activistas de derechos humanos.

Tras reunirse con el CPJ, Calderón se comprometió a federalizar los delitos contra de la libertad de expresión. La delegación le presentó a Calderón una serie de principios para proteger la libre expresión de todos los ciudadanos, incluyendo los periodistas, y convertir los delitos contra la libertad de expresión en una responsabilidad de las autoridades federales antes que las estatales. En octubre, el ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley proponiendo una enmienda constitucional para convertir en delito federal a todo crimen vinculado a "violaciones a los valores fundamentales de la sociedad, seguridad nacional, derechos humanos o libertad de expresión, o que por su relevancia social trascienda el dominio de los estados".

Una propuesta parlamentaria tomó un giro distinto, instando a introducir cambios en el código penal que convirtieran la violación del derecho a la libre expresión de un individuo en un delito federal. Miembros del Congreso, muchos de quienes apoyaron el concepto de federalización, comenzaron a debatir versiones de la ley que compiten entre sí hacia fines de año. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en los Artículos 6 y 7 de la constitución mexicana. El CPJ ha defendido vigorosamente la federalización, al señalar que brindaría a los mexicanos un mejor marco legal para proteger la libertad de expresión.

La delegación del CPJ también afirmó que la fiscalía especial de atención de delitos contra periodistas debía fortalecerse y que sus poderes debían expandirse. La fiscalía, creada en el 2006, fue inicialmente considerada un paso adelante en términos de reconocer el clima de deterioro para la prensa de México. Sin embargo, la fiscalía ha carecido de jurisdicción legal para proseguir con la mayoría de los casos y de autoridad para tomar acciones independientes. Ha sido, en gran medida, ineficaz, según la investigación del CPJ.

Durante su visita a México, el CPJ divulgó el informe especial "Tres asesinatos, Sin Justicia", que investiga los casos no resueltos esta década de los periodistas caídos Francisco Ortiz Franco en Tijuana, Bradley Will en Oaxaca y Amado Ramírez en Acapulco. El informe señaló una característica común a los tres casos: una investigación afectada por los procuradores estatales, quienes son habitualmente responsables de las investigaciones iniciales por homicidios. La deficiente calidad del trabajo se explica, en parte, por tratarse de investigadores mal pagos y mal equipados. Sin embargo, la corrupción fue, también, un factor principal. La connivencia entre la policía y los narcotraficantes fue generalizada y socavó severamente las investigaciones iniciales.

El trabajo investigativo pobre y contradictorio fue evidente en el caso de Will, un periodista estadounidense independiente quien fue muerto a balazos en octubre de 2006 mientras filmaba una batalla callejera entre manifestantes antigubernamentales y civiles armados en Oaxaca. La Procuraduría General de la República atribuyó el asesinato a los manifestantes que rodeaban a Will -y no a los sospechados agentes gubernamentales que fueran fotografiados disparándole a la multitud. La conclusión refutó la declaración de testigos y la evidencia forense que indicaban que los disparos habían sido efectuados desde cierta distancia, según reveló el CPJ. Los sujetos armados habrían sido pagados por el gobernador de Oaxaca para enfrentar a los manifestantes cuando los disturbios sociales llegaron a su punto máximo en octubre. El gobernador también designó al procurador que condujo la investigación estatal del asesinato.

En septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, una agencia gubernamental independiente, concluyó que la investigación a cargo del estado había sido negligente, había carecido de transparencia y había desestimado evidencia que apuntaba a los sospechados agentes gubernamentales como los responsables del crimen.

Pero una investigación federal, separada, generó aún mayor inquietud cuando, en octubre, los fiscales presentaron acusaciones contra tres manifestantes antigubernamentales. Un juez de Oaxaca dictaminó que Juan Martínez Moreno, manifestante que había estado parado en la multitud cerca de Will, debía ir a juicio acusado de homicidio. Otros dos debían ir a juicio por cargos de conspiración. Los fiscales federales no presentaron de inmediato ninguna evidencia forense clara, ni declaraciones de testigos, o motivos que vincularan a Moreno y a los otros con el asesinato. La ausencia de nuevas pruebas, combinada con una manifiesta desestimación de toda la evidencia balística, fotográfica y médica que implicaba a sujetos armados del gobierno local- amenazó con socavar la investigación del gobierno, según escribió el CPJ en una carta al Procurador General Eduardo Medina Mora enviada a fines de octubre.

El fracaso en lograr procesamientos exitosos en los casos de asesinatos de periodistas llevó a que México clasificara en décimo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ, junto con países devastados por la guerra como Irak, Somalia y Sierra Leona. El índice, compilado por primera vez en 2008, calculó el número de asesinatos de reporteros sin resolver como un porcentaje de la población de cada país. El CPJ examinó cada nación del mundo entre los años 1998 y 2007. Cuanto más alta la clasificación de una nación, mayor la amenaza a la prensa.

En un paso alentador, cuatro hombres fueron condenados y sentenciados en abril a 11 años cada uno por el asesinato del fotógrafo mexicano Gregorio Rodríguez Hernández ocurrido en noviembre de 2004. El Juez Daniel Armenta Rentería condenó al ex Jefe de Policía de Escuinapa, Abel Enríquez Zavala, por acusaciones de haber actuado como intermediario entre al autor intelectual y los perpetradores del crimen, el secretario del tribunal relató al CPJ. Pedro Salas Franco, Francisco Pineda Sarmiento y Elías Álvarez González fueron condenados como autores materiales del crimen. Los investigadores no identificaron al autor intelectual del asesinato. Rodríguez fue asesinado a balazos delante de su familia en una cafetería de Escuinapa, en Sinaloa, el 28 de noviembre de 2004. El fotógrafo de 35 años trabajaba para la edición de Mazatlán del diario El Debate.

Los siete reporteros desaparecidos desde 2005 reflejan una cifra casi sin precedentes en el mundo en los 27 años de documentación del CPJ. En un informe especial de septiembre, titulado "Los desaparecidos", el CPJ reveló que el incremento de desapariciones podría reflejar la participación de funcionarios gubernamentales. En al menos cinco de los casos, los reporteros habían estado investigando, justo antes de desaparecer, casos de corrupción en el gobierno local y crimen organizado. Todos los reporteros trabajaban en estados como Guerrero, Michoacán y Nuevo León, lugares de tránsito clave para el narcotráfico. En varios casos, los reporteros desaparecidos habían recibido amenazas poco antes de sus desapariciones. Hasta la fecha, las investigaciones sobre las desapariciones no han producido ningún resultado tangible.

10 de Febrero 2009 12:03 AM ET |

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