BOLIVIA: Camarógrafo atacado brutalmente en La Paz

A las 6 a.m. del sábado, dos individuos empujaron a Marcelo Lobo hacia un callejón cercano a su oficina y lo golpearon varias veces en la cabeza, según informes de la prensa local. Cuando el camarógrafo perdió conciencia, sus dos agresores le cortaron la mejilla y parte de la lengua, señaló a la prensa local el director de Gigavisión, Alex Arias. Lobo fue llevado al hospital local Obrero, según Arias. Las cámaras de seguridad de Gigavisión grabaron parte del ataque, informó la prensa local.

El diario El Deber detalló que Lobo, quien cubre temas de seguridad para Gigavisión, había informado recientemente sobre corrupción y protestas en contra del gobierno en la ciudad de Santa Cruz. Renán Estenssoro, presidente del grupo local Fundación para el Periodismo, indicó al CPJ que no sabe de ninguna amenaza contra Lobo previo a la agresión.

Arias cree que el ataque fue en represalia contra Gigavisión, según comentó a periodistas locales, aunque no dio detalles sobre qué cobertura informativa puede haberlo provocado. Alberto Aracena, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Paz, autoridad a cargo de la investigación, explicó que los investigadores estudian una represalia contra el periodista como posible motivo aunque no especificó si el ataque estaría vinculado con la vida personal de Lobo o con su trabajo. Aracena señaló a la prensa que se trata de un crimen claramente premeditado y que los asaltantes robaron el teléfono celular, la chamarra y el reloj de Lobo, informó la agencia de noticias oficial de Bolivia, ABI.

"Este es un ataque deplorable con un mensaje claro de impedir que el periodista se exprese", declaró el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. "Las autoridades deben asegurarse que Marcelo Lobo reciba la protección necesaria para poder seguir trabajando".

En 2008, decenas de periodistas fueron atacados, hostigados y amenazados en una ola de violencia que limitó la cobertura periodística de una lucha por el poder cada vez más profunda entre el gobierno de izquierda del Presidente Evo Morales, un indígena Aymara, y los gobernadores conservadores de la oposición en las tierras bajas orientales, según la investigación del CPJ.