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Silencio o muerte en la prensa mexicana

4. Ciudad cartel

En Reynosa, el cartel del Golfo controla al gobierno, la policía e incluso a los vendedores ambulantes. Pero eso no se lee en la prensa local: el cartel también controla los medios de comunicación.


La nota más importante sobre la ciudad de Reynosa es una que no se puede leer en la prensa: el cartel del Golfo controla el gobierno local, desde las fuerzas de seguridad hasta los permisos que se otorgan a vendedores ambulantes. El control del cartel es tan extenso que los policías, los taxistas y los vendedores ambulantes fungen como sus espías, vigilando los patrullajes del ejército mexicano, alertando a los narcotraficantes rivales, observando a los investigadores federales, advirtiendo incluso a sus conciudadanos. No sólo eso: el cartel también controla a la prensa mediante una combinación de intimidación, violencia y sobornos. Esta es la situación en Reynosa que 22 reporteros relataron al CPJ y que no pueden compartir con la audiencia local. Ni siquiera pueden permitir que se publiquen sus nombres en este informe, aseguran, porque eso podría poner en riesgo sus vidas.

En esta situación, que tardó años en gestarse, participaron funcionarios de gobierno, dueños de medios de comunicación y los propios periodistas. Hoy en Reynosa--una ciudad de aproximadamente 600 mil habitantes, la más grande de la frontera nororiental de México y hogar de fábricas de ensamble estadounidenses vitales para la economía local--no reciben cobertura ni la ola de violencia, ni la corrupción municipal cotidiana.

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El narcotráfico en Reynosa surgió hace muchos años. Quizá hace 60 años o más ya era parte importante de su economía. Hasta hace poco, los narcotraficantes usaban el territorio que controlaban simplemente para enviar sus productos hacia el norte. Pero, desde hace seis años aproximadamente, Reynosa se convirtió también en un mercado para el comercio callejero de estupefacientes y finalmente en un lugar para obtener dinero de sus habitantes a través de secuestros y extorsión, aseguran periodistas locales. En ese cambio, Reynosa es un caso paradigmático de un patrón devastador que se reproduce en gran parte de México.

Mari es parte de ese cambio histórico. Después de que fuera despedida de su trabajo en una planta de ensamble, comenzó a vender tacos en un puesto callejero que su tío le fabricó con llantas de bicicleta. Al hacerlo, también se convirtió en recluta de un sistema que efectúa tareas de inteligencia callejera para el narcotráfico.

Como uno más de los tantos vendedores ambulantes que parecen tapizar la ciudad, afirmó Mari, su tarea es informar cualquier cosa que ocurra en su vecindario que pueda ser de interés para el cartel. Por el momento, el cartel del Golfo domina Reynosa, y la orden de Mari es detectar cualquier presencia de los Zetas, oponentes del cartel del Golfo en una guerra que aterroriza al pueblo de Tamaulipas. Al cartel le interesa claramente lo que hace la Policía Federal y el Ejército de México. Pero su principal curiosidad pasa por conocer quiénes son los que pudieran estar pasando información a los agentes federales de inteligencia. "Quieren saber qué personas nuevas hay en la ciudad, si vienen en carro o no, y hasta dónde viven", relata Mari. "Incluso si vienen de a dos o de a tres o si vienen solos". Para conservar su permiso para vender tacos, Mari tiene que satisfacer a los funcionarios municipales quienes--según ella--le ordenan que pase información al cartel. Por los peligros que representa hablar abiertamente sobre estos temas, Mari nos pidió que omitiéramos su nombre completo.

Para el público, aquel pacto significa que el gobierno municipal apoya un sistema de espionaje contra sus ciudadanos. Para el periodismo, es un ejemplo de cómo los carteles han estrangulado a la prensa: se trata de una noticia crucial que la prensa no puede cubrir sin poner la vida en riesgo. Los narcotraficantes han implantado un sistema de vigilancia en Reynosa desde hace mucho tiempo, pero en los últimos tres o cuatro años, a medida que el cartel del Golfo penetró cada vez más en la vida y el gobierno de la ciudad, casi cualquier persona está siendo vigilada en las calles.

O incluso desde un taxi. Los taxis piratas que recorren la ciudad sin placas rebasan notoriamente la cantidad de vehículos de alquiler legales. El departamento de policía parece no haberse dado cuenta. Un agente de policía, que pidió que lo llamaran simplemente López, aseguró al CPJ que solo había visto taxis piratas en dos ocasiones un par de meses atrás. Los periodistas afirman que el cartel protege a los taxis piratas, que pagan aranceles mensuales y tienen que usar forzosamente sus radios para informar sobre cualquier movimiento del ejército. El CPJ entrevistó a ocho taxistas piratas por separado y todos coincidieron en sus testimonios. Todos también pidieron el anonimato. "Manejar taxis es nuestra forma de vida, pero será nuestra forma de morir si abrimos la boca", afirmó un conductor detrás del volante. "Somos unidades móviles de información de 'ellos'". "Ellos" es un eufemismo que el pueblo de Reynosa utiliza para no mencionar directamente al cartel. Entre taxistas, vendedores y otros, la cantidad de espías ambulantes y bien ubicados pueden ser miles, estiman los periodistas locales. La actividad de los taxis piratas es otro tipo de información que podría conducir a la muerte; es otro tema que no se publica ni se difunde en la prensa local, coinciden los reporteros de Reynosa.

Los carteles de la droga promueven la censura mediante una combinación de amenazas, ataques y sobornos. Cuando los carteles no quieren cobertura sobre notas específicas, como enfrentamientos armados entre narcotraficantes y el ejército, les indican a los policías que trabajan para ellos que informen a los reporteros que la noticia está prohibida. Muchos reporteros de la crónica del crimen aceptan dinero para sesgar la cobertura informativa en favor de los delincuentes, aseveraron los periodistas locales al CPJ. El cartel del Golfo también patrocina su propia página de Internet, una especie de portal de relaciones públicas, según señaló un ex reportero del sitio Web. Si cierta información está en el sitio de Internet significa que su publicación en la prensa está permitida. De lo contrario, el tema se considera prohibido, señaló el reportero. Otros informes están prohibidos por amenazas de larga data. Los reporteros saben, por ejemplo, que nunca deben mencionar los nombres de los miembros del cartel o incluso los nombres de los carteles en sus notas. Afirman tener miedo de informar hasta sobre los accidentes de tránsito, porque podría ser que alguno de los implicados fuera miembro de un cartel (o la novia de alguno de ellos) cuyo nombre no hayan reconocido.

Los reporteros saben que tienen prohibido escribir informes sobre la ola de secuestros en la ciudad o la consolidada práctica de la extorsión, que comenzó con las grandes empresas y que fue avanzando hacia abajo hasta llegar a las taquerías. Un editor con años de experiencia, que se reunió con el CPJ sólo bajo condición de anonimato, afirmó que el cartel ha hecho conocer sus deseos con relación a los secuestros y las extorsiones. "En cuanto a los secuestros comunes, los perpetrados por delincuentes comunes, nos los informan y dicen que podemos cubrirlos. De otra forma, ninguna cobertura sobre secuestros. Lo mismo para la extorsión", revela el periodista. En los últimos tiempos la situación ha empeorado, según su experiencia. "Ahora lo tienen todo. Su competencia ha desaparecido, de modo que todo es intocable".

El editor afirmó que los periodistas también saben lo que significa enfrentar al cartel. "Te secuestran, te torturan por horas y luego te matan y te descuartizan. Y tu familia siempre estará esperando a que regreses a casa". En un escalofriante ejemplo de los brutales métodos que utilizan para hacer cumplir sus deseos, los narcotraficantes secuestraron a tres periodistas en marzo y ahora se teme por sus vidas. Colegas indicaron que los tres habrían hecho algo para enfurecer al cartel del Golfo o a los Zetas o bien cayeron víctimas en la disputa por hacer favores a alguno de los dos grupos.

Es difícil determinar con certeza cuándo el cartel del Golfo adquirió su poder actual sobre la ciudad. No ocurrió de repente, indican los reporteros. La mayoría coincide en que el cambio se remonta a tres o cuatro años atrás. Previamente, el cartel tenía una especie de gobierno paralelo desde el cual ejercía una fuerte influencia en instituciones como la policía y el gobierno municipal. El presidente municipal de Reynosa, Oscar Luebbert Gutiérrez, no respondió a un cuestionario por escrito enviado por el CPJ, pero los periodistas aseguran que el cartel está fuertemente arraigado en el gobierno y obtiene prácticamente todo lo que quiere.

Para que las mercancías crucen la frontera, se supone que el gobierno federal debe imponer aranceles y los agentes aduaneros asegurarse de que los pagos lleguen a las arcas federales, señalaron los reporteros. Pero varios afirman que el cartel, en gran medida, establece los aranceles y recibe los ingresos. La secretaría de Hacienda y Crédito Público, que supervisa a los agentes aduaneros, no respondió a un pedido para efectuar comentarios enviado por el CPJ. Dentro del gobierno municipal, la influencia del cartel comienza en áreas tales como los reglamentos de zonificación y las licencias de alcoholes, afirman los periodistas. El control, agregan, se ha extendido ahora a los funcionarios de bajo nivel en muchas dependencias municipales. Así, por ejemplo, el cartel puede negarle a Mari un permiso de venta ambulante si se rehúsa a ser informante. Su vasta influencia en la policía municipal significa que se ignoran los delitos del cartel mientras que las licencias callejeras se vigilan de cerca, cuentan los periodistas. Refiriéndose a la policía, Mari relató al CPJ: "Ah, pues ellos siempre están interesados en mi aquí y los otros también".

Los reporteros y editores afirmaron que el cartel obtuvo parte del control directamente a través de la financiación de las campañas políticas, pero la mayoría se hace cumplir mediante amenazas de muerte. Después de que un líder sindical fuera secuestrado y más tarde liberado, resaltaron los periodistas, los miembros del cartel repentinamente aparecieron como trabajadores fantasmas en la nómina del municipio y en las nóminas de empresas privadas. Los funcionarios municipales que no obedecen las órdenes del cartel temen por sus vidas, destacaron los reporteros. Estas noticias tampoco están disponibles para que el pueblo de Reynosa las lea o las escuche. A medida que el pueblo perdía a su ciudad, los reporteros también perdían su capacidad de informar lo que sabían, reconocen los periodistas.

Cuando el cartel del Golfo llegó a la región con sobornos y amenazas contra los periodistas, los mafiosos ya estaban imponiendo su propia y sanguinaria versión de un sistema creado por el partido en el poder y por la prensa misma. Los dueños de medios de comunicación y los líderes de gobiernos municipales desde hacía tiempo que habían compartido su interés por controlar lo que la prensa publica, según muchos periodistas de Reynosa. Y durante muchos años, aseguraron, los periodistas se habían acostumbrado a que les ordenaran mantenerse alejados de muchos temas, ya sea a través de sobornos o despidos para los que se rehusaran.

Como en la mayor parte de México, los gobiernos estatales y municipales han sido históricamente los principales anunciantes en la prensa local. "Sin contratos con el gobierno, quizá la mayoría de los medios aquí habría tenido que cerrar sus puertas", señaló un jefe de redacción en una entrevista con el CPJ. Algunos anuncios son la típica propaganda de servicios públicos, pero otros son virtualmente publicidad electoral. Esta cantidad de publicidad proporciona a los funcionarios de gobierno el derecho de vetar información que no les agrada, añaden los periodistas, a tal punto que a los reporteros rara vez se les ocurre escribir sobre esos temas. La experiencia de un reportero del periódico más importante de Reynosa, El Mañana, sirve como ejemplo. Indicó que varios años atrás cuando propuso un informe sobre el presunto enriquecimiento inexplicable de un ex alcalde, su editor le dijo: "Tenemos un convenio con el presidente municipal. Si tienes algo malo que contar sobre él, abre tu propio periódico."

Para ayudar a perpetuar este esquema, existe una combinación de sueldos miserables para los reporteros y sobornos públicos, o chayos, ofrecidos por el ayuntamiento. Incluso en los grandes medios los reporteros ganan el equivalente a 350 dólares al mes. Aceptar los sobornos parece necesario, pero una vez que un periodista acepta coimas se espera que el tratamiento al gobierno municipal en la cobertura sea favorable. Una cobertura independiente les significaría una pérdida. El presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, Oscar Alvizo Olmeda, estima que el 90 por ciento de los periodistas de Reynosa están en la nómina del gobierno, una cifra con la que coinciden los periodistas locales. Los reporteros concuerdan en que el sistema está tan afianzado que incluso firman recibos en el ayuntamiento cuando reciben su dinero.

El jefe de información asegura que los dueños de los medios informativos alientan este esquema porque les ahorra dinero en salarios y los mantiene alejados de los problemas con el gobierno. Y señala: "Todos sabemos que el reportero recibe su chayo y luego se convierte en gran amigo del gobierno". Reynosa y el estado de Tamaulipas deben ser el ejemplo más extremo en México de sobornos del gobierno a los reporteros, según organizaciones mexicanas que monitorean a la prensa.

El mismo esquema a través del cual reporteros y editores ignoran las debilidades del gobierno municipal permite, de hecho, a los poderosos narcotraficantes desafiar a un gobierno municipal demasiado débil y corrupto para resistirse. Era de pronto necesario una labor informativa honesta sobre el gobierno local, pero la oportunidad para conseguirlo ya se había desaprovechado. En la actualidad, admiten los periodistas, los matones del cartel están impartiendo órdenes a las autoridades del municipio. El cartel es a su vez el poder que le dice a la prensa lo que el pueblo de Reynosa debe o no saber. La censura se hace cumplir a punta de pistola.

Al controlar a la prensa, el cartel quiere evitar "calentar la plaza", una frase que significa llamar demasiado la atención sobre el tráfico de drogas, según los periodistas. Afirman que el cartel controla con facilidad al gobierno municipal, y prefiere que el gobierno federal se mantenga lejos de Reynosa y del estado de Tamaulipas, área que domina el cartel del Golfo. "No crea que el gobierno federal desconoce lo que estamos sufriendo," confesó el experimentado editor. "Pero si la plaza no está caliente, sin cobertura informativa, el gobierno federal puede pretender que no sabe. Si los ciudadanos ignoran lo que ocurre, la presión para una intervención federal es menor".

La situación era ya terrible a medida que el cartel ejercía mayor influencia sobre el gobierno y la prensa permanecía en silencio. Pero a fines de febrero, se desató un feroz combate entre el cartel del Golfo y los Zetas. En Reynosa y las comunidades aledañas, estallaron las balaceras en las calles. Informes de la prensa de los Estados Unidos hablan de decenas de bajas entre los grupos mafiosos. Los ciudadanos comunes también estuvieron en peligro mortal y los reporteros sabían, en general sin que fuera necesario advertirles, que se exponían a la muerte si informaban sobre los combates. No hubo básicamente cobertura de la guerra en la prensa local, relataron los periodistas. Amenazaron directamente a los dueños de los medios informativos, según Gildardo López, presidente de la Cámara de Comercio local. "Los conozco", apuntó López. "Dos son amigos cercanos. Ambos se fueron a Texas y se llevaron a sus familias por un tiempo".

Se registraron decenas de enfrentamientos. Algunos duraron más de una hora y asolaron los pueblos cercanos. Pero nada de esa guerra abierta en las calles se podía leer en los periódicos locales, ver en la televisión o escuchar en la radio en esos días. Sólo los periódicos de los Estados Unidos y las agencias informativas hicieron una amplia cobertura del tema. La situación alcanzó tal punto de deterioro que el 14 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó la salida del país de los familiares de los trabajadores del servicio exterior en los consulados estadounidenses en Nuevo Laredo y Matamoros, ambos cercanos a Reynosa.

El 1 de abril, en un espectacular operativo contra el ejército a plena luz del día, uno de los dos carteles en guerra arrolló con un convoy de camionetas la fachada de una zona militar en Reynosa y abrió fuego con rifles de asalto y granadas de mano. Mientras los soldados intentaban reaccionar, los atacantes bloquearon las salidas de las instalaciones militares con camiones robados. Al parecer intentaban encerrar a los soldados dentro de su base para permitir que los sicarios del cartel asesinaran a sus rivales sin interferencia. El ejército dio a conocer un comunicado de prensa sobre el asalto, pero virtualmente no se publicó ninguna información independiente sobre el ataque o la gravedad de los enfrentamientos en toda la ciudad. La prensa local simplemente no cubrió esta historia. La nota de ocho columnas del día siguiente en El Mañana, el principal periódico de la región, se refería a una inexplicable falta de interés de los ciudadanos en recoger sus credenciales para votar el último día en que estuvieron disponibles.

El conductor de un programa de radio habló del dilema entre advertir a la audiencia durante el peor momento de los combates, y evitar que lo mataran por hacerlo. "¿Qué les digo? No puedo decirles la verdad. No, eso no. ¿Pero cómo puedo dejarlos morir en una balacera? Entonces debo decir cosas como 'En tal lugar hay peligro por el momento'. O bien 'Escuché que tales calles son un lugar para mantenerse alejado.' O 'una persona nos llamó para decirnos que el director de la escuela X dijo que algunos padres de familia se estaban llevando a sus hijos a casa'".

El editor con años de experiencia tuvo reflexiones similares sobre los peligros de decirle al público la verdad para ayudar a salvaguardar sus vidas. "No podemos informar que la situación es seria porque a eso se le considera 'calentar la plaza'; mucho menos podemos decir que hay convoyes de camionetas con asesinos del cartel del Golfo al volante, manejando como locos en nuestra ciudad y disparando ametralladoras calibre .50 en las calles. Olvídalo".

Luego el periodista agregó. "¿Podemos publicar que las personas se están escondiendo en sus casas? ¿Es bueno el pánico para el negocio? Pues no, no podemos". En otras palabras, informar que una zona está siendo asolada por mafiosos tampoco es bueno para los anunciantes.

López, titular de la Cámara de Comercio local, expresó casi lo mismo. "Creímos que era buena idea censurar la cobertura de los enfrentamientos, porque como grupo de negocios va en contra de nuestros intereses publicarlo". Asegura que no hubo presión de su grupo contra los dueños de los medios informativos locales. Se trató, según dijo, de una cuestión de intereses compartidos.

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